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Posts Tagged ‘Reforma Constitucional’

Como parece suceder en contextos latinoamericanos signados por liderazgos personalistas, cada vez que como sociedad nos acercamos a un impedimento reeleccionista con anclaje constitucional, comenzamos a observar brisas de reforma constitucional. Como el tema, en nuestro país, comienza a tomar mayor visibilidad nos proponemos hablar algo respecto de la reforma constitucional, tal y como está prevista en nuestro texto constitucional, de manera de acercar elementos para intervenir como ciudadanos en la discusión pública sobre este tema.

El artículo de la Constitución donde encontramos algunas respuestas a la pregunta ¿Cómo se hace una reforma constitucional? es el 30:

“La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.”

De ese artículo podemos desprender algunos elementos: (i) contenido de la reforma, (ii) acto preconstituyente, (iii) órganos intervinientes en el proceso reformista, (iv) mayorías necesarias, (v) facultades de la Convención Constituyente o poder reformador derivado y, finalmente (vi) el control jurisdiccional de la reforma.

(i) Contenido de la reforma. Cuando la CN dice que ella misma puede ser modificada en “el todo o en cualquiera de sus partes” estamos frente a la posibilidad de un cambio radical del sistema constitucional, la forma de gobierno, la forma de estado, etc. Por caso, trasladarnos de un sistema presidencial a uno parlamentario, por ejemplo. Hay quienes hablan de la existencia de contenidos esenciales que no podrían ser modificados. No obstante la literalidad de la norma no parece arrojar dudas.

(ii) Acto preconstituyente. Este elemento necesario, de manera previa a realizarse cualquier reforma, debe ser llevado adelante por el Congreso Nacional. Esa ley que declara la necesidad de la reforma es de notable importancia por cuanto tendrá efectos sobre la amplitud de las facultades reformadoras que tendrá la Convención Constituyente para cumplir con su cometido. Es decir que el poder constituyente reformador está limitado, en cuanto a sus facultades, por la ley que declara la necesidad de la reforma. De allí la importancia de la técnica legislativa por la cual opta el Congreso, en su rol de poder preconstituyente, para redactar la ley mencionada. Puede optar por facultar a la Convención reformadora para “modificar la Constitución” mencionando, o no, algunos “temas” en general o por el contrario establecer de manera taxativa los artículos a ser modificados.

(iii) Órganos intervinientes en el proceso reformista. Como puede apreciarse de la lectura del artículo que citamos intervienen (a) el Congreso Nacional emitiendo el acto preconstituyente y (b) la Convención Constituyente reformadora. Como podrá apreciarse el Poder Ejecutivo no puede participar de este proceso en tanto que se encuentra excluido del texto constitucional para tal cometido. Únicamente podrá intervenir para instrumentar formalmente la promulgación de la ley que declara la necesidad de reforma (en cuyo caso no podrá vetarla ni promulgarla parcialmente en tanto que estaría violentando la voluntad del Congreso al emitir el acto preconstituyente), instrumentar el llamado a elecciones de los convencionales constituyentes y promulgar, finalmente, el texto aprobado por la Convención.

(iv) Mayorías necesarias. El texto dice que para abrir el proceso reformador es necesario que la ley que declara la necesidad de reforma sea votada por “dos terceras partes, al menos, de sus miembros”. Aquí, el punto a resolver, es si la base para contar esas dos terceras partes es “de los miembros presentes” o “de la totalidad de los miembros”. Teniendo en cuenta que el artículo se encuentra en el capítulo donde se regulan las garantías y las exigencias que plantea el texto constitucional para realizar la reforma, debe entenderse que la mayoría que se exige es la más gravosa, por cuanto apunta a que los consensos políticos para plasmar una reforma sean los más amplios y extendidos posibles. Aquí es donde toman especial relevancias las elecciones donde son elegidos los Diputados y Senadores, por cuanto el pueblo- en esas elecciones- está decidiendo sobre las condiciones mayoritarias para la apertura del proceso de reforma, que en gran medida depende de la configuración de las mayorías, que haga el pueblo, en el Congreso de la Nación. De allí la importancia de las elecciones legislativas, previas a las instancias de reforma.

(v) Facultades de la Convención Constituyente o poder constituyente reformador. Como afirmamos en el punto (ii) hay una íntima relación entre el acto preconstituyente y la Convención reformadora, por cuanto la medida y alcance de sus competencias estarán delimitadas por aquella ley. Los integrantes de esta Convención son elegidos por el pueblo mismo que adquiere el poder político para decidir cuáles serán las fuerzas políticas que contarán con mayorías para decidir sobre el contenido de las reformas en particular.

(vi) El control jurisdiccional de la reforma. La Corte Suprema ha dicho en el caso “Fayt” que la Convención Constituyente reformadora es un poder constituido y su competencia se encuentra reglada por el artículo 30 de la CN y la ley que emana del acto preconstituyente. Con lo cual es el Poder Judicial el encargado de velar, no por el contenido de la reforma, sino porque el procedimiento sea observado y que el Poder Constituyente derivado (o Convención Constituyente reformadora) no se exceda en las facultades que le otorga el poder preconstituyente. Con lo cual toda reforma constitucional puede y debe ser controlada por el Poder Judicial en cuanto a sus formas y procedimiento, no en cuanto a su contenido. Por ejemplo puede ser materia de control jurisdiccional: la concurrencia de las mayorías necesarias, la intervención de los órganos mencionados en el art. 30, el cumplimiento de las funciones de la Convención Constituyente reformadora dentro de la competencia que le brinda la ley de declaración de la reforma.

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Como puede apreciarse llevar a cabo una reforma constitucional es un proceso complejo por la diversidad de órganos intervinientes, un proceso agravado en tanto las mayorías requeridas son especialmente exigentes, y un proceso profundamente democrático porque es el pueblo el que retoma el poder político y decide las condiciones de posibilidad para que una reforma sea realizada. En definitiva, toda discusión política sobre una reforma en Argentina está determinada –por lo menos hoy en día- por lo que el pueblo decida en las elecciones legislativas de 2013, si esa elección se asemeja a los votos obtenidos por el partido de gobierno en 2011, se plantea una gran posibilidad de apertura de un proceso de reforma durante el año 2014, previo a las elecciones generales de 2015. Año especialmente importante si desde el actual gobierno se evidencian intensiones de continuar en el poder, cosa que el actual texto constitucional impide.

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Para contextualizar en la región las tendencias en cuanto a reformas constitucionales dejamos el link al libro [acá] “El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI”, donde pueden encontrar estos dos buenos artículos:

  • Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina, Roberto Gargarella [pág. 87]
  • Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y desafíos, Rodrigo Uprimny [pág. 109]

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Desde el episodio que tuvo como protagonista a una diputada del Frente para la Victoria que se plasmó en la frase “Cristina eterna”, hasta estos días, se ha comenzado a respirar brisas (no vientos aún) de una latente reforma de la Constitución. Dicho micro clima dejó de notarse en columnas de opinión hasta no hace muchos días (acá y acá por ejemplo). Pero esas brisas comenzaron a tomar cuerpo luego de las primarias del pasado 14 de agosto último. Con los resultados que son por todos conocidos comenzaron las especulaciones respecto del peso político del partido de gobierno en el Congreso Nacional. Dicho peso político, según esta tesis, se traduciría constitucionalmente en la posesión de mayorías que facilitarían la aprobación de proyectos de ley y hasta una reforma constitucional. Todas estas especulaciones pueden ser sometidas bajo el texto constitucional para entrever su viabilidad en términos de realización.


Números

Cantidad de legisladores.

Según el portal Parlamentario.com (dedicado exclusivamente a temas del Congreso Nacional) explica que de mantenerse los porcentajes de las primarias en las elecciones generales de octubre el Frente para la Victoria tendría 125 (paradójico de llegar a darse este número) diputados incluidos los bloques aliados. El mismo portal, en otra nota, sostuvo que en el Senado, el partido gobernante, contaría con 37 senadores.

Quórum

La Constitución establece en su art. 64 que para reunir el quórum, cada una de las Cámaras, necesita de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Más allá de la discusión que supone el modo en que cada uno de los reglamentos de las Cámaras ha interpretado la frase “mayoría absoluta” lo que sucede en la práctica parlamentaria es que el quórum se constituye con 37 senadores y 129 diputados.

A partir de esos números puede afirmarse que al oficialismo no le resultará sencillo conseguir quórum propio en la Cámara de Diputados, no así en la de Senadores donde va a poseer la cantidad suficiente de legisladores para sesionar. La importancia de contar con quórum propio en la práctica parlamentaria está dada por la facilidad para imponer una agenda de proyectos propia y de este modo implementar medidas de gobiernos de manera menos conflictiva y con mayor celeridad a lo largo de todo el trámite legislativo que debe transitar una iniciativa para convertirse en Ley de la Nación.

Mayorías

Las iniciativas legislativas, como principio general, deben ser aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo los casos donde la Constitución determina mayorías especiales en relación a la importancia de los temas. Tales son los ejemplos de la ley que reglamenta la intervención del Congreso en la emisión de decretos de necesidad y urgencia, modificaciones al régimen de partidos políticos y consejo de la magistratura, la ley de coparticipación, etc. Pero la más importante es la mayoría requerida por la Constitución para se reformada.

Reforma de la Constitución

En este punto se abren varias especulaciones, en especial en relación al contenido de una eventual reforma de la constitución y por el otro es necesario tamizar el análisis por las mayorías constitucionalmente requeridas para pensar en una reforma constitucional.

Podemos decir que hoy, con estas brisas que comentábamos al comienzo, es posible identificar dos grandes aproximaciones:

  1. Una según la cual no es necesario un cambio de sistema presidencialista a uno parlamentario con sus variantes. Sino que es necesario, manteniendo el sistema establecido por la Constitución, realizar reformas para mejorar y optimizar el funcionamiento de nuestra práctica Constitucional.
  2. La otra postura  sostiene el corrimiento de un sistema presidencialista hacia uno parlamentario, aplicando las variantes necesarias para que sea instrumentable en nuestro país.

En cuanto a las mayorías, las tesis reformistas (especialmente de los medios de comunicación) naufragan sin apoyatura, no ya en cuanto a las intenciones de impulsar una reforma sino en cuanto a los números. El texto constitucional en su artículo 30, en punto a las mayorías exigidas, establece que el Congreso para declarar la necesidad de reforma debe hacerlo con una mayoría de dos tercios (la pregunta para discutir –no en este post- es la base sobre la cual se cuentan los dos tercios, presentes o total de miembros). Esos dos tercios bajo la hipótesis de máxima que citamos al comienzo del post, es poco realizable, por lo menos, con legisladores únicamente del partido gobernante. Esos dos tercios en la Cámara de Diputados significan 172 diputados y en el Senado 48 senadores. Con lo cual para pensar en una reforma, antes de las elecciones legislativas de 2013, será necesario un acuerdo entre fuerzas políticas hoy en día totalmente divergentes y antagónicas. Situación esta con pocas probabilidades. No obstante es necesario ajustar el criterio para decidir el voto ciudadano en las próximas dos elecciones, agosto de 2011 y las legislativas de 2013, en tanto que allí posaran intereses reeleccionistas y de reforma de la Constitución.

Aun sin vientos reformistas pero las brisas comienzan a dejar sentirse. La RAE define brisa como el “aire suave que en las costas suele tomar dos direcciones opuestas. Por el día viene de la mar, y por la noche de la parte de la tierra…” La pregunta es si estas brisas provienen desde el mar (tierras desconocidas, parlamentarismo) o desde la tierra conocida (mantener el sistema presidencialista pero con reformas que lo optimicen). No obstante las brisas soplan.

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