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Posts Tagged ‘Principio de razonabilidad’

La Corte Suprema (CS), en estas últimas semanas decidió publicar dos casos relativos a la interpretación del principio de autonomía personal (AP) consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional (CN). Uno ya lo hemos comentado y en cuanto al otro, “U.V”, va alguna reflexión a continuación (texto de la sentencia y trámite al interior de la Corte)

Antes mencionamos que el fallo ya tiene, de la siempre activa y rápida de reflejos blowgófera argentina, varias entradas. Rondina hace su comentario con crítica punzante, junto con VTC de Todo sobre la Corte con un título que evidencia la rigidez de la decisión de la CS y Paolatonio en su blog también hace lo propio.

La CS debió decidir, en el caso “U.V”, respecto al alcance del principio de autonomía en relación a la vida familiar y las decisiones que deben ser tomadas por los padres que la constituyen. En concreto la CS analizó si la decisión tomada, por los padres del menor U.V., de no vacunarlo se encontraba dentro de los límites impuestos por el art. 19 a la autonomía personal.

Son dos los argumentos que utiliza la CS para ordenar la vacunación del menor: (i) la decisión de los padres del menor va más allá de los límites del art. 19 a la autonomía personal y (ii) el interés superior del niño en tener el cuidado de su
salud e integridad física de acuerdo a los instrumentos de protección de los derechos humanos, junto con diversas normas infraconstitucionales.

Entiendo que la CS, de hecho, resuelve el caso con el argumento (i). Allí es donde encuentra apoyatura su decisorio. Vale decir el argumento (i) es el holding del caso y el argumento (ii) es obiter dicta. En otro nivel de análisis entendemos que, de acuerdo a los argumentos dados por la CS, la opción menos endeble hubiese sido resolver el caso a partir del argumento (ii), donde la limitación a la autonomía personal hubiese encontrado razones de mayor peso para ser limitada.

Ahora bien, el punto es interpretar cuál fue la argumentación para determinar el límite del art. 19 a la AP que está dado por la frase “ni perjudique a terceros”. Veamos los párrafos pertinentes:

“…el derecho la privacidad -por definición propio exclusivo de cada persona- se extiende situaciones en que alcanza a dos o más personas que integran un núcleo familiar erigiéndose en el derecho la privacidad de ese grupo…” (cons. 10)

Y de allí:

“…la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su proyecto familiar afecta los derechos de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del articulo 19…” (cosn. 11)

Dos son los óbices que la Corte, en voto unánime, encuentra –y se auto impone-:

(a)    por un lado realiza una interpretación, del límite del art. 19 a la AP, desde el normas infraconstitucionales. Es decir que dota de contenido a términos de la Constitución Nacional a partir de normas de inferior jerarquía. Cuando llevar adelante “la interpretación de una norma fundamental” es realizar una lectura desde la Constitución hacia y del ordenamiento infracostitucional, nunca en sentido contrario. Allí el primer inconveniente de la Corte. Auto impuesto, insistimos.

(b)   Por otro lado, y aquí citamos a Alexy, Bernal Pulido, Clérico & Cia., en un conflicto de derechos la premisa es buscar el mayor grado de cumplimiento/satisfacción de los principios-derechos en juego. Buscar un equilibrio en el conflicto. Lo cual supone indagar en la búsqueda de medios alternativos menos lesivos de la AP frente a la regulación estatal que impone la obligatoriedad de vacunación. No obstante para este cometido el Tribunal restringe su competencia –cons. 12 último párrafo-  afirmando que no le es dado controlar la oportunidad, mérito o conveniencia del medio empleado (“régimen tuitivo” citado en el considerando 12) para obtener el fin buscado (“protección de la salud pública”).

En definitiva, una decisión, mal fundada, en orden al contenido del límite al art. 19. Una interpretación de una garantía frente a las intromisiones estatales realizada de manera mezquina y, peor aún, a partir de normas infraconstitucionales. En la interpretación que la Corte está desarrollando del art. 19, entiendo, esta sentencia se esgrime como un retroceso.

*

En relación al principio de proporcionalidad dejamos a disposición este interesante paper sobre el tema: “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional  al poder del Estado: un Estudio comparado

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La Corte Suprema (CS) se pronunció en el caso “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” que le exigía interpretar el alcance del derecho a una vivienda digna. La decisión que toma es revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había, en los hechos, denegado la solicitud de la actora reenviando la causa a segunda instancia para que resuelva con los criterios establecidos en el caso “Alba Quintana”, fallo del TSJ. El voto mayoritario lleva firmas de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni; y concurren a formar esa mayoría con voto propio: Petracchi y Argibay.

Para analizar aspectos relativos a la admisibilidad de la vía procesal puede consultarse el Dictamen del Procurador, dado que en los hechos lo que resuelve la CS es un recurso de queja.

Nimiedades procesales aparte vamos a lo sustancial de fallo. Si bien la decisión adoptada es importante para el caso de la señora Sonia Quisbeth Castro, cuando un tribunal, intérprete final de la Constitución Nacional (CN), determina los alcances de los derechos es por demás importante, no solamente lo que decide, sino también como decide, con qué fundamentos. En tanto que esos fundamentos se esgrimen como directrices para casos futuros similares. Dicho de otra manera, la CS determina el contenido y la forma de revisión judicial del derecho a una vivienda digna -reconocido en nuestra CN y diversos instrumentos de protección de derechos humanos- a partir de caso “Quisbeth”.

Veamos:

En el considerando 8 la CS determina “el sistema de fuentes” –tratados de DD.HH, CN, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y leyes de asistencia de la Ciudad- que aplicará al caso, para luego afirmar que es la propia Corte la que determinará el alcance de ese derecho de acceso a la vivienda digna. A partir de esa enunciación del derecho de acceso a la vivienda (en clave constitucional y convencional) establece tres características:

  1. No son “esos derechos y deberes” meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Aquí puede ampliarse la afirmación a todos los derechos humanos, como se afirma en el mismo considerando 10.
  2. También, a esos derechos y deberes –podemos leer también derechos económicos, sociales y culturales-, poseen una operatividad derivada. Lo cual, en la tesis de la Corte, “no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno” (cons. 11); de lo cual la Corte infiere que no todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. Aquí, digamos, se ponen paños fríos a la afirmación que mencionamos en el punto anterior.
  3. Finalmente esos derechos de operatividad derivada están “sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial” (cons. 12). En este pasaje de la sentencia el Tribunal se guarda el poder para desplegar un control constitucional y convencional de razonabilidad respecto del accionar discrecional de los poderes políticos, en orden a la implementación de políticas para garantizar el goce efectivo de derechos. En concreto el contenido o alcance de ese control de razonabilidad es que “los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (cuarto párr. del cons. 12).

Se establece al Poder Judicial como garante del contenido mínimo de los derechos fundamentales que requieren una prestación por parte del Estado.

Asimismo la Corte se encarga de dejar bien en claro que una política pública, para sortear el mencionado control de razonabilidad, no depende del monto efectivamente aplicado a la problemática, sino de la capacidad-idoneidad de la medida para superar la situación o paliarla en la medida de lo posible (cons. 15).

El caso

Luego de estas afirmaciones la Corte encuentra que esa “garantía” o “contenido mínimo” se ve afectado en tanto que supone una amenaza grave para la existencia misma de la persona, toda vez que hay un niño discapacitado, con una madre en situación de calle. Es decir que la política pública desplegada por la Ciudad de Buenos Aires “no es suficiente o adecuada ya que ni siquiera atiende a las mínimas necesidades” (cons. 13 último párrafo). Por tanto revoca la sentencia impugnada y manda que el Gobierno de la Ciudad intervenga en el caso con equipos de asistencia social y de salud; como así también que garantice a la actora el alojamiento en condiciones edilicias adecuadas a la patología del niño.

Links

Nota de la CIJ con el fallo.

Gustavo Arballo escribe sobre el fallo aquí.

Mientras esperamos el post de Todo sobre la Corte, dejamos la reseña de la audiencia pública que hicieron.

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