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Posts Tagged ‘Otros Tribunales’

Continuamos haciendo un seguimiento asistemático, de temas que nos interesan respecto de las Elecciones 2011 en relación a la aplicación de la nueva normativa electoral. Comenzamos el año posteando algunas declaraciones de Dalla Vía (Juez de la Cámara Nacional Electoral) en un video difundido desde la CIJ y comentamos un fallo respecto de las caducidades de partidos políticos. Ahora fijamos el foco en dos temas: determinación del aporte extraordinario para campaña electoral, y la fijación del módulo electoral con su proyección hacia los límites de gasto y límite de aportes  privados.

Dos eran los problemas, inmediatos digamos, antes de que quede formalmente abierta la campaña electoral (15 de julio pasado) de cara a las primarias –abiertas, simultáneas y obligatorias- (PASO) del 14 de agosto. Por un lado, como adelantamos, la asignación del aporte

extraordinario de campaña que según el art. 34 de la Ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos (LFPP) debe ser determinadopor la Ley de Presupuesto. Dado que durante el 2010 el Congreso no aprobó el Presupuesto para 2011 que fije partidas para gastos de año electoral. Ese inconveniente quedó saldado con la resolución 840/2011 del Ministerio del Interior, en el marco de la PASO (art. 1) y de las elecciones generales (art. 2). Lo que la LFPP manda que sea fijado por el Congreso fue determinado por resolución ministerial.

No obstante quedaba pendiente, hasta ayer 19 de julio, la fijación del modulo electoral cuya influencia se proyecta en la determinación de los límites de gastos de las agrupaciones políticas en el marco de la campaña electoral y sobre la limitación de aportes a dichas agrupaciones. Es decir determinar los montos que las agrupaciones pueden gastar en campaña y los montos que pueden recibir como aportes de particulares.

El art. 45 (LFPP) expresa que el límite de gastos de campaña debe ser establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, léase Congreso Nacional. Y, a su vez, el art. 16 determina los montos máximos que pueden recibir las agrupaciones políticas según se trate de personas jurídicas (inc. a) o personas físicas (inc. b) en base a porcentajes que se deben extraer en relación al límite de gastos. Razonamiento: si no tengo el límite de gastos no puedo determinar los montos máximos de los aportes de los que habla el art. 16. Omisión, en primer lugar del Congreso,  luego del Poder Ejecutivo omitiendo la determinación del modulo electoral.

Ante este panorama la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el primer bimestre de este año debía comunicar (según art. 16 último párrafo de la LFPP) a los partidos políticos cual era los montos máximos de aportes de particulares que pueden recibir las agrupaciones políticas. Y de acuerdo al art. 46 debe informar, asimismo, “al iniciarse la campaña” del límite de gastos que surge del art. 45. De lo cual, a comienzos de año subió una ‘nota’ en su web haciendo saber de la imposibilidad de comunicar a los partidos políticos los mencionados límites hasta que no se regule legalmente.

Ante la omisión tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo la CNE debía encontrar la forma de hacer operativos los límites que mencionamos. Comentábamos a comienzos de este año una frase de Dalla Vía que decía que los vacíos pueden ser llenados con criterios jurisprudenciales unificados con los jueces electorales pero carecen de competencia para reglamentar la norma. De hecho la están reglamentando.

Lo dicho. Por medio de una Acordad Extraordinaria la CNE dota de contenido al art. 45 al establecer el valor del módulo electoral. De este modo suplanta al (o subsana la omisión del) Legislador facultado legalmente para establecer el módulo. Veamos lo dicho por la CNE en la Acordada Extraordinaria 82/11.

La CNE utiliza como Caballo de Trolla, básicamente, tres argumentos para subsanar la omisión legislativa:

  1. No puede suponerse la imprevisión o descuido del legislador –que de hecho la hay-  (cons. 9). Por tal razón realiza una interpretación sistemática e integradora (cons. 10) de la LFPP con el fin de suplir la ausencia del contenido del módulo electoral. Para este fin observa la evolución del monto global de aportes extraordinarios en 2007, 2009 y 2011.
  2. Se apoya, para argumentar sobre la razonabilidad del valor fijado, en proyectos que poseen estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
  3. Afirma que para cumplir con la obligación legal de informar de los límites que mencionamos debe establecer el contenido del módulo. En sus propias palabras: “que la presente es la única forma hallada de dar cumplimiento, in extremis, a los fines buscados por el legislador al imponerle al Tribunal la obligación de informar a las agrupaciones políticas el límite de gastos y de aporte individual y proceder a publicar con la anticipación necesaria esa información (cf. arts. 16 y 46 de la ley).-” (cons. 11)

Luego de oscilar e intentar mostrar su argumentación como apoyada y totalmente respaldada por el accionar previo de los poderes políticas en relación al cometido de la Acordada fija el módulo en $ 3, 044. De ese modo la campaña electoral –tanto primarias como generales- tendrán límites en cuanto a los gastos y aportes de las agrupaciones políticas.

De alguna manera se ve plasmadas las palabras de Dalla Vía que comentamos y la justicia electoral, a la sazón la CNE, debe salir por medio de una Acordad a suplir la “imprevisión” del legislador. Sin base legal para fijar el módulo la CNE toma la obligación de comunicar los límites de gasto y de aportes y, de allí, hace desprender su argumentación para darnos un módulo electoral de $ 3,044.

Nota de la CIJ.

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Algo escribimos en un post anterior sobre expresiones críticas de Dalla Vía (integrante de la Cámara Nacional Electoral -CNE-) en cuanto a la ausencia de reglamentación de la ley de partidos políticos. Y, también, otro post sobre el procedimiento de control parlamentario de la promulgación parcial de la reforma a la Ley de partidos políticos.

En esta ocasión leemos un fallo de la CNE que aplica ciertos artículos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23.298) reformada por la Ley de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Ley 26.571) vinculado al candente tema de las caducidades.

Hechos

Los apoderados de “Nueva Izquierda” se presentan ante el Juez de primera instancia con competencia electoral en Santiago del Estero solicitando el reconocimiento de la personería jurídico-política. La solicitud es rechazada por el juez de primera instancia. Los solicitantes apelan la resolución ante la Cámara Nacional Electoral. Que a su vez confirman la sentencia objeto de la apelación.

Qué dijo el juez de primera instancia

Realiza un control de legalidad sobre la solicitud de personería por parte de la agrupación “Nueva Izquierda”. El control es de carácter formal y al resolver afirma que “surge la identidad de algunas autoridades, del apoderado, del domicilio partidario, y de casi la totalidad de la declaración de principios y las bases de acción política acompañados, con los de otro partido reconocido en el distrito.” Añadimos el resaltado pues allí está la cuestión vinculada al obiter dictum. El otro partido del distrito es el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Argumentos del solicitante que apela la decisión

Decimos primero que los argumentos, por lo menos en la transcripción que realiza la Cámara, son bastante escuetos, carentes de peso y no llegan a poner en duda o controvertir los argumentos del juez de primera instancia. En concreto afirma el solicitante, entre otras cosas, que desconoce las similitudes que encuentra el juez para rechazar.

Argumentos de la Cámara

Comienza posicionando institucionalmente a los partidos políticos (PP) con diversas citas doctrinales y fallos de la Corte Suprema. En ese sentido, entre otras cosas dice que los PP:

“constituyen grupos humanos institucionalizados bajo la forma de asociación, cuyos miembros se unen mediante una doctrina común y una organización estable”. Y enfatiza el elemento de permanencia y estabilidad de los PP como esencia de la existencia de los mismos.

Luego de establecer lo dicho la Cámara despliega un control sobre lo actuado por el juez de primera instancia y afirma que las similitudes determinadas quedaron “de manifiesto en virtud de la mera constatación de los asientos del Registro de partidos políticos del distrito, en el marco del control de legalidad que debe efectuar de oficio.” (cons. 6). Además en el mismo considerando (segundo párrafo) los jueces avanzan en el control de las firmas (otra formalidad) y sostienen que: “vale advertir que la presentación del acta de fs. 1, no sólo carece de la certificación exigida legalmente, sino que -además- no está suscripta siquiera por las cuatro personas allí mencionadas como miembros fundadores”. Hasta allí subsunción pura. La ley exige ciertos requisitos formales el solicitante no los cumple por tanto la CNE concluye el razonamiento afirmando que “se verifica un cuadro de elementos graves, plurales, precisos y concordantes que convergen en demostrar la inexistencia de una nueva agrupación política real; viciando desde su génesis el trámite tendiente a obtener su reconocimiento como tal.”

Hasta allí los razonamientos formales en cuanto al rechazo de la presentación de los solicitantes. Pero, la CNE, añade algunas argumentaciones adicionales como obiter dictum a modo de mensaje para los jueces de primera instancia (a caso ¿dándoles letra?) en cuanto a las agrupaciones políticas que caducan e intentan mantener la personería creando un nuevo PP “mellizo”. En las propias palabras de la Cámara y con mayor elegancia: que la Ley Orgánica de Partidos Políticos contiene una directiva tendiente a prevenir que las agrupaciones eludan la condición temporal prevista para que los partidos caducos soliciten nuevamente su personalidad política” (cons. 8).

Para ello toma de base normativa el art. 53 reformado de la ley  orgánica de partidos políticos, el cual establece que

“los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito no podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas para la constitución del nuevo partido.”

Lo cual le permite afirmar “la agrupación política reconocida arriba (MST) mencionada está actualmente sometida a un proceso de caducidad, la conducta de sus autoridades no es ajena… al proceder censurado por la norma”.

A primera lectura el fallo es una aplicación formal de los requisitos que sirven de base para realizar el control de legalidad de las presentaciones donde se solicita la personería de una agrupación política. Pero los jueces de la Cámara parecen aprovechar la ocasión para despacharse con un dictum enviando un mensaje a los operadores jurídicos para que no incurran en el actuar que está previsto (o prohibido) en el citado art. 53. Y es un giño de ojos para el juez de primera instancia que entendió en la causa y en el al resto de los magistrados de las primeras instancias.

Decimos mensaje vía ditum por que nunca pudo rechazar la solicitud, el juez de primera instancia ni la Cámara, utilizando como razonamiento central la aplicación del art. 53 dado que no parece existir una sentencia firme respecto de la caducidad del MST al afirmar la misma Cámara que “está actualmente sometida a un proceso de caducidad”.

Los Melli ¡NO!

Los 149 PP que caducaron desde la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos son el contexto inmediato de este fallo cuya virtud está en el mensaje vía dictum a este cumulo de PP que caducaron para que ahora no pretendan cada uno “tener un mellizo”  por que:

“las autoridades de un partido político podrían fundar infinitos partidos políticos con los mismos adherentes, autoridades, apoderados, sede partidaria, declaración de principios, bases de acción política y carta orgánica; circunstancia que, por el absurdo que denota, no puede ser cohonestada por este Tribunal” (cons. 7).

Links:

Fallo de la CNE: “Nueva Izquierda s/reconocimiento de personalidad política

Nota de la CIJ sobre las caducidades.

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