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Posts Tagged ‘Libertad de Expresión’

Luego de la sentencia en el caso Kimel, la propia Corte IDH ha dado a conocer una nueva sentencia contra el Estado argentino, en la cual el tribunal determina, que el Estado demandado es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión -LDE- (art. 13 CADH) en perjuicio de los periodistas Fontevecchia y D’amico en virtud de un fallo de la Corte Suprema del mismo estado.

Sucedió que en época de la primera presidencia de Carlos S. Menem la Revista Noticias publicó una serie de notas (ver contenido acá, acá y acá) vinculadas a dar a conocer un hijo extramatrimonial del entonces Presidente de la Nación, junto con una serie de cuestiones relativas a supuestos favores políticos, judiciales y pecuniarios a favor de la madre del mencionado hijo. El contexto inmediato de la nota está rodeado por imágenes que dan cuenta del vínculo, que afirmaba en esa serie de notas publicadas por la  revista, entre el menor con el Presidente de la Nación y entre la entonces diputada Meza con el mandatario.

El Presidente judicializa el conflicto por medio de una demanda civil de daños y perjuicios. La misma es rechazada en primera instancia. En segunda instancia es revocada la decisión de la instancia anterior y se condena a los demandados (los periodistas Fontevecchia y D’amico) a pagar al actor la suma de $150.000 (en aquella época equivalentes a dólares), a la publicación de la sentencia, al pago de las costas en todas las instancias. Los demandantes apelan la sentencia ante el máximo tribunal y  la Corte Suprema decide confirmar la sentencia pero modificando el monto a $ 60.000.

§

Dos son las cuestiones que debió resolver la Corte IDH frente al caso que le fue sometido por la Comisión Interamericana (CIDH):

  1. Los criterios para resolver un caso de colisión de derechos entre la LDE (art. 13 CADH) y la vida privada (art. 11 CADH) en punto a delimitar la extensión de la información de interés público frente a la vida privada de un funcionario público de carácter electivo.
  2. La convencionalidad, del art. 1071 bis del Código Civil argentino, relativo a la protección civil de la privacidad frente a intromisiones en la vida privada.

El primero de ellos está orientado exclusivamente a la resolución que el Estado argentino adoptó en el caso concreta –vía Poder Judicial- de las demandas civiles, del entonces presidente argentino, contra los periodistas. Para ello toma “principalmente” la decisión de la Corte Suprema en el caso (párr. 51).

La Corte somete a un examen proporcionalidad de intensidad baja (párr. 53 a 55) donde admite las medidas civiles como medios proporcionados para proteger la privacidad frente a la LDE (párr. 56). Desde el comienzo la Corte IDH descarta la posibilidad de determinar la anticonvencionalidad del 1071 bis del Código Civil argentino. En cambio, todo el análisis discurre en fijar estándares o criterios útiles, para las jurisdicciones domésticas, al momento de dirimir conflictos de derechos entre la privacidad y la LDE. Veamos:

Al momento de establecer sanciones civiles estas deben ser analizadas con especial cautela (i) ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquéllas [expresiones que afecten la privacidad] (ii) las características del daño causado (iii) y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil (párr. 56)

Otro criterio que esboza la Corte IDH relativo a la resolución del conflicto entre los derechos mencionados son: (i) la menor protección de la privacidad de los funcionarios públicos en relación con las figuras públicas y de los particulares (ii) y el interés público de las acciones que aquellas realizan (párr. 59). El punto a desentrañar es a qué información es posible caracterizar de “interés público” y cuáles no lo son. Porque de allí se desprenderá la solución para determinar en qué casos cede el derecho a la privacidad de una persona y cuando este último prevalece sobre el derecho a la LDE. Posiblemente el párrafo 61 de una pista para desentrañar criterios para poder afirmar que una determinada información es de interés público. Pero no estamos seguros de que el fallo brinde nociones claras para tal cometido.

La decisión del caso la encontramos en el párrafo 62, entre otras cosas se dice: que la información difundida por la revista posee carácter de interés público por tanto se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la LDE.

La Corte no se encarga de matizar qué elementos de las notas, en las tres ediciones de la revista, tienen carácter público, dice que “toda la información” lo tiene. Al momento de analizar la publicación de las imágenes la Corte expresa que esa publicación estaba orientada a “respaldar la existencia de la relación entre el señor  Menem, la señora Meza y Carlos Nair Meza, apoyando la credibilidad de la nota escrita”, y de algún modo entiende que estaban relacionadas con la información vinculada a los favores pecuniarios, políticos y judiciales. Allí señalamos que no es robusta la argumentación de la Corte al determinar la relación entre la información de interés público (párr. 62) y la publicación de las fotos. Nos preguntamos ¿era necesaria la publicación de las fotos para dar “credibilidad” a la información que se caracteriza de interés público? La corte insiste en el punto diciendo:

“[…] las imágenes representan una contribución al debate de interés general y no están simplemente dirigidas a satisfacer la curiosidad del público respecto de la vida privada del presidente Menem” (párr. 68)

En un ejercicio de ponderación en una colisión de derechos, el mandato es la mayor realización de los dos principios que se contraponen en el caso concreto. Allí el criterio de la Corte debió haber trazado más fino en cuanto a la necesidad de la publicación de imágenes para sostener un relato periodístico de interés público con el fin de satisfacer las pretensiones desde ambos derechos.

¿Cuál era La cuestión de interés público? ¿La relación del presidente con la amante o de este con su hijo? ¿O en realidad la información de interés público eran los favores de distinta índole? Si el foco de la información eran los “favores”, entonces, parecería ser que las fotos no tenían relevancia periodística ni sustentaban la existencia de esos favores. Quizás, tendrían mayor cualidad de “sostén de credibilidad”, documentación que pueda acreditar dichos “favores” que la publicación de las referidas imágenes.

En relación con la violación del art. 13 y el deber de adopción de medidas legislativas del art. 2 (ambos de la CADH) hubo una dispersión en la estrategia de la CIDH y de los representantes de las víctimas. La CIDH no argumentó en relación a la presunta violación del art. 2 de la CADH por la vigencia del, a esta altura famoso, artículo 1071 bis del Código Civil. En cambio, los representantes de las presuntas víctimas, sí argumentaron esta cuestión afirmando nociones similares a las sostenidas por el perito Saba en ocasión de presentar su peritaje oral ante la Corte IDH, a las cuales remitimos. En la sentencia pueden verse en los párrafos 77 a 81 las razones sostenidas por los representantes.

La Corte aplica un criterio más flexible y laxo al momento de analizar la legalidad o la precisión en la redacción de un texto legal dependiendo de si la medida es penal o civil. En el precedente Kimel vimos, en otra ocasión, como ese escrutinio es estrictísimo, no obstante en el ámbito del derecho civil el margen de apreciación para que el Estado delinee los dispositivos legales es más amplio. Allí la Corte le otorga mayor deferencia, en relación al art. 1071 bis, diciendo que:

“[…] en general, aquella disposición (el art. 1071 bis), en grado suficiente, permite a las personas regular sus conductas y prever razonablemente las consecuencias de su infracción. De tal modo que su aplicación resulte conforme a la Convención dependerá de su interpretación judicial en el caso concreto”.

Claramente la Corte, con tino, regula la intensidad del control hacia los dispositivos legales según sean tipos penales o sanciones civiles. Por eso la sentencia enfoca su análisis en la interpretación que realizaron los jueces domésticos al aplicar, al caso concreto, la sanción civil. Y los estándares son criterios dirigidos a las jurisdicciones domésticas de los Estados Parte de la CADH. Allí es donde refuerza esos criterios al volver a citar el estándar del control de convencionalidad (párr. 93) al sostener que los jueces internos deben “tener en cuenta” no solamente la CADH sino también la interpretación que de ellos haga la Corte.

En definitiva: una sentencia razonable en cuanto a la convencionalidad del artículo 1071 bis pero poco clara en resolver el quid del caso: ¿Cuáles son las características de la “información de interés público” que justifica la intromisión en la vida privada de un funcionario público? ¿Cuál es el nivel de vinculación o relación que debe existir entre la información de interés público y la información que se divulgue relativa a la vida privada de los funcionarios públicos? Frente a estos interrogantes el fallo no supone un instrumento jurisprudencial capaz de esgrimirse como respuesta.

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Continuando con los primeros post de esta iniciativa ahora apuntamos alguna reflexión sobre esta gran temática que son los Derechos Humanos, en particular nos centramos en un aspecto del “Caso Kimel”, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2008, vinculándola con la actual figura penal de calumnias en injurias.

Introducción:

El caso Kimel es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual el Estado Argentino resultaba demandado por la violación de ciertos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente esa demanda resultó en una condena internacional para el Estado Argentino en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:

El señor Kimel era un periodista (también historiador) que había publicado un libro titulado “La Masacre San Patricio”, en el cual narraba hechos sucedidos a mediados de 1976, durante la última dictadura militar en Argentina. En particular muestra el asesinato de cinco monjes palotinos y el actuar de la justicia argentina con relación a esos hechos. Uno de esos párrafos decía:

“La actuaciones de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplices de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el Juez cumplió con la mayoría de los requerimientos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomadas en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto” (párrafo 42 de la sentencia).

A partir de ello el Juez aludido en el mencionado párrafo del libro interpuso una demanda penal por el delito de calumnias y subsidiariamente por el de injurias. En el derrotero del proceso judicial, el periodista Kimel, fue condenado finalmente por calumnias. El proceso en su totalidad duró nueve años, desde 1991 hasta el 2000. Y luego fue sometido al sistema interamericano, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego por esta ante la Corte IDH.

Razonamiento de la Corte:

Ahora bien, la Corte al analizar el derecho a la libertad de expresión se inmiscuye en los términos en los cuales están redactados los tipos penales de calumnias e injurias y aplica un test de proporcionalidad para analizar la intensidad de la intromisión que suponía el tipo penal de la ley penal argentina en relación con el derecho de libertad de expresión del señor Kimel, entre otros artículos analizados.

Lo que nos interesa analizar es la opinión de la Corte Interamericana respecto de los tipos penales de calumnias e injurias y lo que le manda a hacer al Estado Argentino. Y luego ver si el Estado cumplió con esa condena que recibió ante la Corte IDH.

La Corte IDH, respecto de los tipos penales de calumnias e injurias, dijo en cuanto a su redacción, que eran ambiguos y que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas. En ese sentido expresó (párr. 64 de la sentencia):

“La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales…” (Párrafo 63 de la Sentencia)

Así mismo puntualizó que toda ley penal debe observar estrictamente cuatro características para cumplir con el principio de legalidad: debe ser expresa, precisa, taxativa y previa.

Luego analiza la redacción de los tipos penales de calumnias e injurias antes de que fueran reformados en el Código Penal Argentino a la luz de los criterios citados:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.”

“Art. 110: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.”

A partir de lo cual la Corte IDH concluye que el Estado violó el art. 9 (Principio de Legalidad) y el art. 13.1 (Libertad de Expresión) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la redacción de los mencionados tipos penales. Y determinó que el Estado Argentino debía modificar los artículos que mencionábamos antes (entre otras cosas).

Opinión con respecto a la nueva reforma:

Ahora bien, lo que nos deseamos resaltar es la no adecuación de la reforma realizada por el Estado Argentino de los delitos de calumnia e injurias a la luz de la sentencia en el Caso Kimel y los criterios elaborados por la Corte IDH en ese mismo caso.

Veamos primero la redacción actual de los tipos penales post reforma:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.”

“Art. 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.”

A primera vista se advierte que se suprimieron las penas privativas de libertad y se aumentaron las multas dinerarias, lo cual puede verse como un avance en reducir la intensidad de la intervención del derecho penal. Así mismo vemos como otro avance incluir como discurso protegido el debate de cuestiones de interés público por medio de la exclusión que realiza ambos artículos.

No obstante ello vemos algunas dificultades que subsisten en relación con los criterios que apuntábamos respecto de la redacción de los antecedentes fáctico de la norma, es decir aquello hechos a los cuales el Estado (vía Poder Legislativo) le atribuye una pena determinada.

La reforma a los art. 109 y 110 no satisfacen los criterios que la Corte ha elaborado en el Caso Kimel y los antecedentes que cita, respecto a la redacción de los tipos penales, en general, y en el caso aplicándolos a los arts. 109 y 110 del Código Penal Argentino. Decimos esto por que la redacción de los hechos, que suponen la comisión de un delito, continúa expuestos en los mismos términos en los que estaban formulados antes de la reforma.

En tanto que subsiste la ambigüedad de lo que se entiende por “deshonrar o desacreditar” (quizás ha quedado mejor redactado en el caso de la calumnia al hacer mención del calificativo “concreto y circunstanciado” respecto del delito imputado) se mantienen las imprecisiones que apuntaba la Corte IDH, por tanto puede afirmarse que dichos tipos penales, aún después de la reforma, continúan siendo contrarios a la Convención por su  ambigüedad, amplitud y vaguedad.

Los espero en los comentarios para polemizar y debatir sobre el tema.

Link de la sentencia en el “Caso Kimel”.

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Como dato aclaratorio para los lectores que no están familiarizados con la temática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano jurisdiccional o judicial creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH está encargada de declarar, en los casos que le son sometidos, si un Estado Parte de la Convención Americana violó algunos de los Derechos Humanos reconocidos en ese instrumento de protección.

Algo más de info sobre la Corte IDH por aquí. Y un poco más de info respecto del Sistema Interamericano por acá.

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Como apostilla copiamos un fragmento que nos pareció brillante del “Caso Kimel” que muestra el cambio de interpretación en los derechos fundamentales puesto que no es necesario que el Estado retraiga su poder para no violarlos sino que le cabe un rol más activo en la plena vigencia de los mismos:

“…el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.”


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