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Posts Tagged ‘Ley de Partidos Políticos’

Algo escribimos en un post anterior sobre expresiones críticas de Dalla Vía (integrante de la Cámara Nacional Electoral -CNE-) en cuanto a la ausencia de reglamentación de la ley de partidos políticos. Y, también, otro post sobre el procedimiento de control parlamentario de la promulgación parcial de la reforma a la Ley de partidos políticos.

En esta ocasión leemos un fallo de la CNE que aplica ciertos artículos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23.298) reformada por la Ley de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Ley 26.571) vinculado al candente tema de las caducidades.

Hechos

Los apoderados de “Nueva Izquierda” se presentan ante el Juez de primera instancia con competencia electoral en Santiago del Estero solicitando el reconocimiento de la personería jurídico-política. La solicitud es rechazada por el juez de primera instancia. Los solicitantes apelan la resolución ante la Cámara Nacional Electoral. Que a su vez confirman la sentencia objeto de la apelación.

Qué dijo el juez de primera instancia

Realiza un control de legalidad sobre la solicitud de personería por parte de la agrupación “Nueva Izquierda”. El control es de carácter formal y al resolver afirma que “surge la identidad de algunas autoridades, del apoderado, del domicilio partidario, y de casi la totalidad de la declaración de principios y las bases de acción política acompañados, con los de otro partido reconocido en el distrito.” Añadimos el resaltado pues allí está la cuestión vinculada al obiter dictum. El otro partido del distrito es el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Argumentos del solicitante que apela la decisión

Decimos primero que los argumentos, por lo menos en la transcripción que realiza la Cámara, son bastante escuetos, carentes de peso y no llegan a poner en duda o controvertir los argumentos del juez de primera instancia. En concreto afirma el solicitante, entre otras cosas, que desconoce las similitudes que encuentra el juez para rechazar.

Argumentos de la Cámara

Comienza posicionando institucionalmente a los partidos políticos (PP) con diversas citas doctrinales y fallos de la Corte Suprema. En ese sentido, entre otras cosas dice que los PP:

“constituyen grupos humanos institucionalizados bajo la forma de asociación, cuyos miembros se unen mediante una doctrina común y una organización estable”. Y enfatiza el elemento de permanencia y estabilidad de los PP como esencia de la existencia de los mismos.

Luego de establecer lo dicho la Cámara despliega un control sobre lo actuado por el juez de primera instancia y afirma que las similitudes determinadas quedaron “de manifiesto en virtud de la mera constatación de los asientos del Registro de partidos políticos del distrito, en el marco del control de legalidad que debe efectuar de oficio.” (cons. 6). Además en el mismo considerando (segundo párrafo) los jueces avanzan en el control de las firmas (otra formalidad) y sostienen que: “vale advertir que la presentación del acta de fs. 1, no sólo carece de la certificación exigida legalmente, sino que -además- no está suscripta siquiera por las cuatro personas allí mencionadas como miembros fundadores”. Hasta allí subsunción pura. La ley exige ciertos requisitos formales el solicitante no los cumple por tanto la CNE concluye el razonamiento afirmando que “se verifica un cuadro de elementos graves, plurales, precisos y concordantes que convergen en demostrar la inexistencia de una nueva agrupación política real; viciando desde su génesis el trámite tendiente a obtener su reconocimiento como tal.”

Hasta allí los razonamientos formales en cuanto al rechazo de la presentación de los solicitantes. Pero, la CNE, añade algunas argumentaciones adicionales como obiter dictum a modo de mensaje para los jueces de primera instancia (a caso ¿dándoles letra?) en cuanto a las agrupaciones políticas que caducan e intentan mantener la personería creando un nuevo PP “mellizo”. En las propias palabras de la Cámara y con mayor elegancia: que la Ley Orgánica de Partidos Políticos contiene una directiva tendiente a prevenir que las agrupaciones eludan la condición temporal prevista para que los partidos caducos soliciten nuevamente su personalidad política” (cons. 8).

Para ello toma de base normativa el art. 53 reformado de la ley  orgánica de partidos políticos, el cual establece que

“los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito no podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas para la constitución del nuevo partido.”

Lo cual le permite afirmar “la agrupación política reconocida arriba (MST) mencionada está actualmente sometida a un proceso de caducidad, la conducta de sus autoridades no es ajena… al proceder censurado por la norma”.

A primera lectura el fallo es una aplicación formal de los requisitos que sirven de base para realizar el control de legalidad de las presentaciones donde se solicita la personería de una agrupación política. Pero los jueces de la Cámara parecen aprovechar la ocasión para despacharse con un dictum enviando un mensaje a los operadores jurídicos para que no incurran en el actuar que está previsto (o prohibido) en el citado art. 53. Y es un giño de ojos para el juez de primera instancia que entendió en la causa y en el al resto de los magistrados de las primeras instancias.

Decimos mensaje vía ditum por que nunca pudo rechazar la solicitud, el juez de primera instancia ni la Cámara, utilizando como razonamiento central la aplicación del art. 53 dado que no parece existir una sentencia firme respecto de la caducidad del MST al afirmar la misma Cámara que “está actualmente sometida a un proceso de caducidad”.

Los Melli ¡NO!

Los 149 PP que caducaron desde la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos son el contexto inmediato de este fallo cuya virtud está en el mensaje vía dictum a este cumulo de PP que caducaron para que ahora no pretendan cada uno “tener un mellizo”  por que:

“las autoridades de un partido político podrían fundar infinitos partidos políticos con los mismos adherentes, autoridades, apoderados, sede partidaria, declaración de principios, bases de acción política y carta orgánica; circunstancia que, por el absurdo que denota, no puede ser cohonestada por este Tribunal” (cons. 7).

Links:

Fallo de la CNE: “Nueva Izquierda s/reconocimiento de personalidad política

Nota de la CIJ sobre las caducidades.

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Mientras estábamos puliendo un post para inaugurar el 2011 miramos en Twitter un twitt del Centro de Información Judicial con un video de Dalla Vía, vocal de la Cámara Nacional Electoral, donde habla de varias cuestiones respecto de las Elecciones 2011. Y nos interesan, en particular, sus opiniones sobre la reforma implementada por la ley 26.571.

 

 

El video puede resumirse en una frase de la autoridad jurisdiccional máxima en materia electoral a los poderes políticos, sobre todo al Ejecutivo:

“muchachos, tenemos ley y la vamos a cumplir aunque no nos guste. Pero ustedes, media pila y reglamentenla. Ah… y me parece que se pasaron de mambo con todas las facultades con las que se quedaron.”

¿Por qué Dalla Via? (ver Adenda 4/01/11)

Mediando el video me pregunto por qué Dalla Vía y no el Presidente de la Cámara habla trasmitiendo las críticas que en seguida repasamos. Quizás por ser mejor comunicador (muy buen orador, voz pausada, amable) fue el encargado de trasmitir tal mensaje y además por, justamente, ser un “simple” vocal y no dejar expuestas a las autoridades del órgano con semejantes críticas a los poderes políticos desde la puridad jurisdiccional.

Punteo. Algunas de las cosas que dijo Dalla Vía.

Falta de reglamentación.

El Juez llama la atención al comienzo del video sobre la ausencia de reglamentación en algunos aspectos de la ley 26.571. Sobre todo remarca la sensibilidad de la publicidad oficial en el marco de un año electoral y su falta de reglamentación, también lo relacionado con la dinámica de las internas. Aquí parece llamar la atención sobre posibles dificultades para aplicar la ley en esta temática, publicidad oficial. Advierten los jueces electorales (suponemos que lo dicho en el video fue consensuado -¿?-), con buen olfato político, que ese aspecto de la publicidad puede ser judicializado por partidos opositores y tener un flor de problema en sus estrados. Dice Dalla Vía que los vacíos pueden ser llenados con criterios jurisprudenciales unificados con los jueces electorales pero carecen de competencia para reglamentar la norma. Deslinde de competencias, aquello que decíamos al principio “muchachos…media pila y reglaméntenla”. Aquí se puede leer como un: “si no la reglamentan yo voy a llenar los vacíos… y decile a Catalina que se agarra”.

Luego se despacha con una fuerte crítica respecto de la reforma en términos generales. Afirma que las políticas en materia electoral están orientadas por la política agonal y no por un sentido más arquitectónico, agregamos, de largo plazo. Y allí introduce lo que es posible leer como una crítica respecto de la actual regulación “en lugar de haber reglas de juego claras, anticipadas, precisas para todos” y agrega “parece ser que las reglas del juego electoral van siguiendo los acontecimientos políticos y van siguiendo las decisiones de los  grandes partidos políticos”.

Crítica directa al Poder Ejecutivo (torpedo de calibre!)

La idea la trae, en este punto, desde el sentido común de un estudiante púber de secundaria, buena estrategia argumentativa, “muchachos esto que les voy a decir lo sabe cualquiera con un dedo y medio de frente, again, media pila”. La critica está enderezada a la aglutinación de competencias en el Ministerio del Interior, Poder Ejecutivo, quién en su tesitura se erige como competidor y como árbitro. Algo así como si en un River – Boca te dirige el partido el Enzo con jueces de línea como el negro Astrada y Hernán Díaz. Sostiene Dalla Vía que esas competencias deberían estar en manos de los jueces especializados u organismos electorales “neutrales” (entrecomillamos por que no pensamos que existe una cosa tal, en puridad republicana, como la plantea el vocal de la Cámara Electoral). Dice que la crítica no está dirigida al actual gobierno sino que es esbozada como “criterio general”. Pienso: si hablo de todos los gobiernos y el actual es parte de aquel todo, es claro que mi crítica también -y por un criterio de contemporaneidad, especialmente- va dirigida a la actual administración. Dalla Vía al formular esta crítica utiliza la palabra “conveniente” y es juez. Típica puja entre jueces y poder político. Y dice que es un déficit no haber fortalecido las competencias del poder judicial en materia electoral, a su modo, esto también es una puja de poder, en términos de discurso, veremos como se traduce esta lógica en futuras sentencias durante el 2011.

Partidos Políticos

También hubo torpedo teledirigido con bastante precisión para los partidos políticos. El juez dice que algunos dirigentes aún no se han dado cuenta de que la regulación de partidos políticos ha sido reformada y que ya se ha determinado la caducidad de 196 partidos políticos. Más claro echale agua.

§

Algo que dice al pasar, analizando las bondades de la ley afirma que existe un tránsito desde la democracia representativa a la democracia participativa. Se amplia las oportunidades de participación de los ciudadanos en la elección y se disminuye el número de partidos políticos con personería política.

§

Va a ser muy interesante como se desarrolle la dinámica jurisprudencial de la Cámara al momento de aplicar la nueva legislación en materia electoral. Intentaremos hacer un seguimiento en el blog de este aspecto de las Elecciones 2011 y cómo la lucha agonal de la política se refleja en procesos judiciales.

Es por demás interesante (y nos gusta) ir desde el “los jueces solo hablan por medio de sus sentencias” al “los jueces hablan y también lo hacen por medio de sus sentencias” (quizás más extremista: “hablan y en ocasiones emiten sentencias”)

Adenda:

4/01/11 Acá leemos una nota en  La Nación sobre el tema. La página del Poder Judicial dice que el Presidente es Munné y Dalla Vía vocal. O se equivocó el periodista o está desactualizada la página del Poder Judicial. Lamentablemente ambas entran en el universo de lo probable. Si alguien puede arrimar un dato certero, se agradece.

Algo escribimos en el blog sobre la “Reforma Política y promulgación parcial”.

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Durante el año próximo se van a celebrar en todo el territorio nacional las Elecciones 2011. Uno de los datos relevantes para los diferentes candidatos y partidos es la nueva regulación de los comicios que aprobó el Congreso durante el año 2009, Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley 26.571)

Luego de grandes debates y negociaciones por parte del FpV se logró abordar a un consenso y tuvo aprobación en ambas Cámaras del Congreso.

Ahora bien, la cuestión tomó otra envergadura, como si ya no la tuviese, cuando el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente el proyecto aprobado por ambas Cámaras el 11/12/2009. En esa promulgación parcial el Ejecutivo observó los arts. 107 y 108 de la Ley  26.571. Por medio de los cuales dicha ley difería su entrada en vigencia al 31 de diciembre de 2011. Es decir, luego de las primeras elecciones posteriores a la nueva regulación de los Partidos Políticos. Lo cual daba un gran respiro a los partidos políticos, digamos, chicos en cuanto a sus afiliaciones y estructuras. En tanto que eran los más perjudicados por los requisitos para obtener su personería jurídico-política. Téngase presente que uno de los requisitos es la afiliación de un número de electores no inferior al 4% del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente. Con lo cual supone un gran escollo a los partidos con menos capacidad de reunir votantes.

El Decreto de Promulgación Parcial (2004/2009) fue comunicado al Congreso, más precisamente a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en los términos del art. 80 de la CN. En dicha Comisión el asunto tuvo dos dictámenes: uno que declaraba válido el decreto 2004/09 y el otro que declaraba inválido.

La cuestión ríspida se observa cuando es tratado en el seno de la Cámara de Diputados, donde se debatió largamente cual era la mayoría necesaria para expedirse sobre el asunto. En ese sentido se discutió la aplicación del 80 y 83 de la Constitución Nacional.

El art. 80 de la CN que regula la promulgación parcial dice:

“Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.

A su turno el art. 83 que regula la insistencia del Congreso respecto de todo un proyecto de Ley que ha sido vetado total o parcialmente, dice:

“Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.”

Es de una relevancia determinante el artículo que resulte aplicable, dado que en el caso del art. 80 es necesaria una mayoría simple (la mitad más uno de los votos emitidos) en cambio en el caso del art. 83 es necesaria una mayoría de dos tercios.

Nuestra interpretación:

  • A nuestro entender es claro que procede la aplicación del art. 80. Primero por que se trata de una promulgación parcial y del control por parte del Congreso respecto de la autonomía normativa y la unidad del proyecto promulgado parcialmente. Ese es el control ejercido por el Congreso.
  • Por otro lado la misma comunicación del Ejecutivo habla del trámite del art. 80 en los términos de la ley 26.122 sin nombrar al art. 83.
  • El trámite del asunto en el seno de la Cámara de Diputados no fue el del instituto de la insistencia del art. 83 sino el de contralor sobre la promulgación parcial. Puesto que en ningún momento se hace explicita una voluntad por parte del Congreso en insistir (supuesto del art. 83) en la aprobación y promulgación de todo el texto, incluidos los art. 107 y 108. En tanto que en Diputados no se tomó los dos artículos vetados junto con todo el texto del proyecto y se emitió una voluntad en el sentido de insistir en la aprobación de todo ese proyecto en su totalidad. De lo que se estaba discutiendo era en la validez de la promulgación parcial en orden a determinar si la ley promulgada (26.571) guardaba autonomía normativa respecto de la parte vetada (art. 107 y 108)

Este asunto en la Cámara de Diputados ha recibido un tratamiento defectuoso en orden a lo que apuntábamos respecto del artículo aplicable. En tanto que se decidió, por interpretación del la Presidencia de la Cámara de Diputados, que es de aplicación el art. 83 y en consecuencia era necesaria una mayoría de dos tercios. La cuestión queda abierta para el análisis, pero observamos que el Presidente de la Cámara de Diputados se arrogó la capacidad de interpretar la Constitución resolviendo un tema de alto impacto en el sistema de partidos políticos sin someter a votación del cuerpo tal decisión.

Y además se fijó un antecedente erróneo respecto del trámite que deben recibir las promulgaciones parciales en el seno de las Cámaras del Congreso en tanto que se aplicaron las mayorías del art. 83 cuando no se trataba de la insistencia por parte del Congreso sino del contralor de la promulgación parcial del art. 80.

Info:

Promulgación Parcialtrámite del proyecto en el Congreso.

Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, trámiteDebate en Diputados.

 

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