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Posts Tagged ‘Ley 26.122’

La tesis: tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo militan en pro del incremento de las facultades legislativas de aquel, estableciendo una situación de neutralización de los controles constitucionales del artículo 99 inc. 3. De este modo se ve erosionado el texto de la Constitución Nacional en la práctica política.

Breve tesis que intentamos demostrar con el número de decretos de necesidad y urgencia que fueron comunicados, en el período 2010/2011, por la Jefatura de Gabinete de Ministro al Congreso Nacional. No obstante pensamos que el argumento que queremos probar es posible trasladarlo a otros períodos parlamentarios. La fuente que utilizamos es la página de la Cámara de Diputados: http://www.hcdn.gov.ar/

En Argentina el Poder Ejecutivo nacional posee competencias de naturaleza legislativas que puede ejercer en supuestos previstos en la propia Constitución Nacional (CN). Dichos supuestos son de carácter excepcional. Tal es el caso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), previstos en el artículo 99 inc. 3. Dicha competencia ha sido reglamentada por el Poder Legislativo y el producto de su reglamentación es la ley 26.122, que también regula la tramitación de la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. Puede verse parte del debate legislativo acá.

Diría que, casi unánimemente, quienes escriben sobre estos temas –a la sazón constitucionalistas / administrativistas- opinan que la regulación legal de las mencionadas facultades legislativas del Poder Ejecutivo son permisivas y laxas. Un ejemplo de esta valoración lo encontramos en los artículos 21 y 24 de la ley. El primero de ellos no fija un límite temporal a las Cámaras del Congreso para que estas le de tratamiento al DNU de que se trate, lo cual supone abrir, a la discrecionalidad del legislativo, la decisión política de incluir en una sesión el debate del decreto. El segundo de los artículos incurre en una sutileza. Afirma que la derogación de un DNU debe estar dada por el rechazo de ambas cámaras del Congreso. Consecuencia lógica: si las dos cámaras no rechazan un DNU, este continúa vigente. Lo cual desvanece el control por parte del poder legislativo sobre el despliegue de esta facultad excepcional. Pensemos en la enorme dificultad de reunir el quórum y votos necesarios en dos cámaras que poseen 259 diputados y 72 senadores. Por otro lado, tal disposición legal y que la ausencia del rechazo conjunto deriva la vigencia del decreto, quita incentivos a los actores político-institucionales a darle tratamiento legislativo.

No obstante existe un mecanismo de control político establecido en el mismo artículo 99 inc. 3 de la CN, por el cual se crea una Comisión Bicameral Permanente en el seno del Congreso Nacional con el fin de controlar dicha actividad del ejecutivo; de todos modos cabe aclarar que el artículo data del año 1994 y la Comisión comenzó a funcionar luego de su regulación legal en 2006 (año en el que se aprobó la ley mencionada).

[Digresión: la discusión actual por estas latitudes es la convivencia de controles, tanto político (poder legislativo) como jurisdiccional. La primera pregunta es si ambos controles conviven juntos o solamente es privativo del poder legislativo el control de los DNU. La siguiente es si: a posteriori del control político puede desplegarse un control jurisdiccional. En su caso, cuál tendría preeminencia. Cuál sería la solución en caso de que el resultado del control político sea el rechazo y por el contrario el resultado del control jurisdiccional sea la inconstitucionalidad del decreto. Luego, cuál sería la situación de las relaciones jurídicas que surjan de la legislación de necesidad y urgencia frente a resultados divergentes de los controles.]

La discusión sobre el control efectivo por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo es el tema que estuvo instalado en la agenda pública desde que se conocieron los resultados de las elecciones (legislativas) de medio término en el año 2009. La coyuntura política estaba dada por un partido de gobierno, el peronismo, frente a una oposición fragmentada que intentaba disputarle lugares de poder en el seno del Congreso Nacional. El discurso de campaña de todas las fracciones opositoras era el de limitar el poder del actual partido de gobierno en el Poder Ejecutivo. Muchos fueron los tópicos en la palestra, entre ellos: modificación a la Ley del Consejo de la Magistratura, regulación de la publicidad oficial, ley de acceso a la información, modificación de la ley 26.122, y agregamos un etc. Ese discurso se encontraba en el plano de las iniciativas legislativas a ser, eventualmente, aprobadas por un Congreso que ejercería su contralor sobre el Poder Ejecutivo. Luego, finalizado el período 2010/2011, ninguna de esas iniciativas fue sancionada por el Congreso.

No obstante ese discurso mediático, de control hacia el Poder Ejecutivo, no se observó un correlato en los controles efectivos y reales del legislativo frente a los DNU emitidos en dicho período por el ejecutivo. Veamos:

Los decretos de necesidad y urgencia, en virtud del art. 99 inc. 3 de la CN, emitidos por el Poder Ejecutivo y comunicados al Congreso fueron 14 en total. De esa cantidad solamente 5 tuvieron algún tipo de trámite, ya sea en comisión como en el recinto de algunas de las cámaras.

De esos 5 expedientes solamente uno de ellos logró ser debatido en el pleno de una de las cámaras. Nos referimos al expediente 0003-JGM-2010 (que comunica el decreto 298/2010). Mediante este decreto de necesidad y urgencia se crea el fondo de desendeudamiento argentino. La votación de dicho DNU resultó en el rechazo del mismo. No obstante el mencionado resultado no fue comunicado a la Cámara de Senadores, con lo cual el decreto quedó vigente al no contar con el rechazo de ambas cámaras (art. 24 de la ley 26.122).

Los otros 4 expedientes (5-JGM-2011; 8-JGM-2011; 9-JGM-2011; 10-JGM-2011) solamente alcanzaron el pronunciamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo con su Orden del Día correspondiente. Dichas ordenes del día contienen dos dictámenes: uno que aconseja la aprobación y otro el rechazo, con la misma cantidad de firmas. Al no recibir tratamiento los DNU que se sometieron a control, continúan vigentes.

Por otro lado existe un grupo de 9 expedientes que no tuvieron ningún tipo de tratamiento legislativo, ni en comisión ni en recinto (1-JGM-2010; 33-JGM-2010; 50-JGM-2010; 51-JGM-2010; 1-JGM-2011; 2-JGM-2011; 3-JGM-2011; 6-JGM-2011; 7-JGM-2011). Por ende continúan vigentes.

De todos estos datos, dentro del período 2010/2011, podemos observar una ausencia verdaderamente significativa del rol del Congreso nacional en orden a los controles políticos sobre los DNU emitidos por el Poder Ejecutivo. Por un lado existen reclamos en el discurso mediáticos por parte de grandes cantidades de legisladores opositores por el incremento del uso de los DNU. Pero, sin embargo, esos reclamos no tienen su correlato en las vías institucionales que prevén la Constitución y la ley 26.122. De esto último que señalamos dan cuenta los números que poníamos de relieve.

El incremento de las facultades legislativas del ejecutivo es, en gran medida, por vicios propios de los partidos de gobierno. Pero gran parte de este deterioro, en términos de vigencia de la Constitución en nuestra práctica política, tiene que ver también con el órgano que ejerce el control, en este caso el Congreso. No solamente el texto (ambiguo) de nuestra CN y la ley 26.122 militan en pro de los amplios márgenes legislativos del Poder Ejecutivo sino que también, el escaso ejercicio de los controles del legislador, nos ofrece una neutralización de los controles políticos sobre los DNU.

El uso de esta vía legislativa disminuye la toma de decisiones democráticamente debatidas por el órgano determinado por el constituyente. Convirtiendo, de este modo, lo excepcional y extraordinario en ordinario. Institucionalizando como práctica “normal” lo que no es norma constitucional. Estableciendo en práctica constitucional aquello que es contrario a la constitución.

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