El Control de Convencionalidad desde la Procuración (I)

Algo sobre el Control de Convencionalidad (CC) ya hemos dicho (acá). En esta oportunidad centramos el análisis en dos aspectos de importancia dentro del CC que desdoblamos en dos post diferentes. Nos referimos al valor jurídico de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al alcance que se le asigna a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH. Para asomarnos al tema utilizaremos el balcón que se nos provee desde la Procuración General de la Nación en dos dictámenes (emitidos siempre de manera previa a sentencias de la CSJN como opiniones no vinculantes) de casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de la CSJN.

Sin dudas el valor jurídico que poseen, en el derecho interno de cada uno de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace a en buena medida al CC. Puesto que estas recomendaciones –contenidas en informes- pueden suscitar controversias en cuanto a su aplicación en orden a la plena vigencia de los Derechos Humanos. Y, en particular, pueden ser citados como vasos contenedores de interpretaciones del alcance de dispositivos convencionales.

Veamos.

Dictamen en el caso: “Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut”

Hechos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenó al Estado Nacional a pagar a la actora una indemnización por la denegación de justicia y no por la cesantía de su cargo de Juez en virtud de la (a su entender) obligatoriedad de los Informes de la CIDH. Sucede que el demandante reclamaba el cumplimiento de una recomendación de la CIDH en el informe de fondo nº 30/97 Gustavo Carranza: “a. Recomienda que el Estado argentino indemnice adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones mencionadas en el párrafo anterior”. De esa recomendación la actora entiende que procede la restitución en su cargo.

Ante tal pronunciamiento, la actora y el Estado Nacional interpusieron recurso extraordinario federal, que ante su desestimación por parte de la Cámara, van en queja ante la CSJN.

El recurso del actor se funda en atacar la sentencia de Cámara por “quedarse corta”. Es decir que para Carranza Latrubesse, además de la indemnización, debe removerse el acto que dispuso su cesantía en virtud de la recomendación emitida por la CIDH en el informe ya mencionado.

El recurso de la demandada sostienen que:

• No debió interponerse la demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores sino contra el Poder Ejecutivo. No hace lugar al pedido de falta de legitimación pasiva.
• Falta de agotamiento de la vía administrativa. Tampoco se hace lugar a este agravio.
• No obligatoriedad de los Informes de la Comisión. Este es el punto que nos interesa y pasamos a desarrollar.

Valor jurídico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el comienzo de su análisis el Procurador deja en claro que los dispositivos convencionales en juego no dan una solución determinante en orden a resolver la cuestión del valor jurídico de las recomendaciones. Pues la convivencia dentro del artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de los términos “recomendación” y “debe” propone un panorama en el cual es necesario optar por una de las soluciones que brinda la redacción del artículo: obligatoriedad o no obligatoriedad.

Para construir su argumentación y opinión el Procurador General (PG) analiza el art. 52, desde una postura sistemática, jurisprudencial –tanto del sistema interamericano como de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina-. Y a eso le agrega doctrina sobre el tema. Y concluye que todos esos enfoques dan como resultado la no obligatoriedad de las recomendaciones de la CIDH. Veamos.

Interpretación de la CADH.

El PG afirma que desde una interpretación sistemática de la CADH y del Sistema Interamericano de protección las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes en tanto que el art. 51 inc. 1 al facultar a la CIDH a someter un caso a la Corte IDH (¿cuyas sentencias son obligatorias? Veremos en otro post) perdería todo sentido en tanto que en tal caso la CIDH podría imponer por ella misma reparaciones a un Estado parte. Vaciando de contenido, según el PG, las previsiones del mencionado artículo. A lo cual, entiende, se le suma que la Corte IDH en ese contexto se convertiría en una etapa recursiva.

Jurisprudencia de la Corte IDH

Cita los casos “Caballero Delgado y Santana vs Colombia”, “Genie Lacayo”. Donde la Corte IDH no equipara sus pronunciamientos con las recomendaciones de la CIDH en cuanto a su obligatoriedad pero morigera esta afirmación con el principio de buena fe en materia de cumplimiento de instrumentos internacional, esto es, realizar “los mejores esfuerzos” para aplicar las recomendaciones de la CIDH.

El gran inconveniente en términos de vigencia efectiva de los derechos humanos es las consecuencias en el derecho interno que, entiende el PG, se desprenden de tal razonamiento. En sus palabras:

“Esto significa que si un Estado incumple una recomendación de la Comisión Interamericana, la parte que se habría beneficiado con el cumplimiento de  la recomendación no puede ejecutarla judicialmente en los tribunales internos demandando al Estado incumplidor, pues no existe obligación estatal de cumplir dicha recomendación. Las únicas consecuencias de un incumplimiento por parte del Estado permanecen en el plano internacional.”

Ante ello dice el Procurador la CIDH puede:

• Someter el caso a la Corte IDH
• Publicar el Informe Final del art. 51.
• Comunicar a la OEA tales incumplimientos.

No obstante ello el PG no hace mención de lo que sucede con el damnificado, que obtiene un pronunciamiento de la CIDH declarando que un Estado parte violó sus derechos y no puede hacerlos efectivo en el derecho doméstico del Estado de que se trate. Y, creo, aquí está el mayor problema, la ausencia de vigencia efectiva de los derechos humanos en estos casos.

Jurisprudencia de la CSJN

Al respecto, en relación con la propia jurisprudencia de la Corte, la que por el momento sigue siendo Suprema, no obstante control de convencionalidad, es necesario tener en cuenta algunos precedentes conocidos por todos. Por un lado el caso “Bramajo” que determino que:

La opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales.”

Aquí la CSJN, cabe decirlo, está determinando –además- el alcance de la cláusula constitucional que acoge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico que dice, entre otras cosas, que un conjunto de instrumentos de protección de los DDHH tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esta última frase es la que está interpretando la CSJN.

Y en el caso Acosta la CSJN en mayoría de 8 (con concurrencia de dos votos) a 1 afirmó interpretando su precedente (Bramajo, ya mencionado) que:

“si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial.”

El control de convencionalidad en cuanto al estatus jurídico de las recomendaciones de la CIDH actualmente, por lo menos en mi opinión, encuentra dificultades en la interpretación judicial que ha hecho la CSJN, interprete último de nuestra Constitución. En tanto que no se le asigna un carácter vinculante para el Estado Argentino a los informes de la CIDH. Podemos decir que prima la doctrina de los “mayores esfuerzos” y no la de una imposición obligatoria en cuanto a su cumplimiento. Queda entonces pendiente un pronunciamiento de la CS en su actual composición y en cuanto salga una sentencia de la CSJN sobre esta causa haremos el seguimiento y post correspondiente.

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En cuanto al trámite del caso es posible observar en la página de la Corte que el mismo se encuentra en la vocalía de Argibay desde el 28 de abril de 2011, listo para emitir sentencia.

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Caso Kimel: tipos penales, libertad de expresión. ¿Se cumplió el fallo?

Continuando con los primeros post de esta iniciativa ahora apuntamos alguna reflexión sobre esta gran temática que son los Derechos Humanos, en particular nos centramos en un aspecto del “Caso Kimel”, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2008, vinculándola con la actual figura penal de calumnias en injurias.

Introducción:

El caso Kimel es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual el Estado Argentino resultaba demandado por la violación de ciertos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente esa demanda resultó en una condena internacional para el Estado Argentino en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:

El señor Kimel era un periodista (también historiador) que había publicado un libro titulado “La Masacre San Patricio”, en el cual narraba hechos sucedidos a mediados de 1976, durante la última dictadura militar en Argentina. En particular muestra el asesinato de cinco monjes palotinos y el actuar de la justicia argentina con relación a esos hechos. Uno de esos párrafos decía:

“La actuaciones de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplices de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el Juez cumplió con la mayoría de los requerimientos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomadas en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto” (párrafo 42 de la sentencia).

A partir de ello el Juez aludido en el mencionado párrafo del libro interpuso una demanda penal por el delito de calumnias y subsidiariamente por el de injurias. En el derrotero del proceso judicial, el periodista Kimel, fue condenado finalmente por calumnias. El proceso en su totalidad duró nueve años, desde 1991 hasta el 2000. Y luego fue sometido al sistema interamericano, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego por esta ante la Corte IDH.

Razonamiento de la Corte:

Ahora bien, la Corte al analizar el derecho a la libertad de expresión se inmiscuye en los términos en los cuales están redactados los tipos penales de calumnias e injurias y aplica un test de proporcionalidad para analizar la intensidad de la intromisión que suponía el tipo penal de la ley penal argentina en relación con el derecho de libertad de expresión del señor Kimel, entre otros artículos analizados.

Lo que nos interesa analizar es la opinión de la Corte Interamericana respecto de los tipos penales de calumnias e injurias y lo que le manda a hacer al Estado Argentino. Y luego ver si el Estado cumplió con esa condena que recibió ante la Corte IDH.

La Corte IDH, respecto de los tipos penales de calumnias e injurias, dijo en cuanto a su redacción, que eran ambiguos y que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas. En ese sentido expresó (párr. 64 de la sentencia):

“La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales…” (Párrafo 63 de la Sentencia)

Así mismo puntualizó que toda ley penal debe observar estrictamente cuatro características para cumplir con el principio de legalidad: debe ser expresa, precisa, taxativa y previa.

Luego analiza la redacción de los tipos penales de calumnias e injurias antes de que fueran reformados en el Código Penal Argentino a la luz de los criterios citados:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.”

“Art. 110: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.”

A partir de lo cual la Corte IDH concluye que el Estado violó el art. 9 (Principio de Legalidad) y el art. 13.1 (Libertad de Expresión) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la redacción de los mencionados tipos penales. Y determinó que el Estado Argentino debía modificar los artículos que mencionábamos antes (entre otras cosas).

Opinión con respecto a la nueva reforma:

Ahora bien, lo que nos deseamos resaltar es la no adecuación de la reforma realizada por el Estado Argentino de los delitos de calumnia e injurias a la luz de la sentencia en el Caso Kimel y los criterios elaborados por la Corte IDH en ese mismo caso.

Veamos primero la redacción actual de los tipos penales post reforma:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.”

“Art. 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.”

A primera vista se advierte que se suprimieron las penas privativas de libertad y se aumentaron las multas dinerarias, lo cual puede verse como un avance en reducir la intensidad de la intervención del derecho penal. Así mismo vemos como otro avance incluir como discurso protegido el debate de cuestiones de interés público por medio de la exclusión que realiza ambos artículos.

No obstante ello vemos algunas dificultades que subsisten en relación con los criterios que apuntábamos respecto de la redacción de los antecedentes fáctico de la norma, es decir aquello hechos a los cuales el Estado (vía Poder Legislativo) le atribuye una pena determinada.

La reforma a los art. 109 y 110 no satisfacen los criterios que la Corte ha elaborado en el Caso Kimel y los antecedentes que cita, respecto a la redacción de los tipos penales, en general, y en el caso aplicándolos a los arts. 109 y 110 del Código Penal Argentino. Decimos esto por que la redacción de los hechos, que suponen la comisión de un delito, continúa expuestos en los mismos términos en los que estaban formulados antes de la reforma.

En tanto que subsiste la ambigüedad de lo que se entiende por “deshonrar o desacreditar” (quizás ha quedado mejor redactado en el caso de la calumnia al hacer mención del calificativo “concreto y circunstanciado” respecto del delito imputado) se mantienen las imprecisiones que apuntaba la Corte IDH, por tanto puede afirmarse que dichos tipos penales, aún después de la reforma, continúan siendo contrarios a la Convención por su  ambigüedad, amplitud y vaguedad.

Los espero en los comentarios para polemizar y debatir sobre el tema.

Link de la sentencia en el “Caso Kimel”.

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Como dato aclaratorio para los lectores que no están familiarizados con la temática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano jurisdiccional o judicial creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH está encargada de declarar, en los casos que le son sometidos, si un Estado Parte de la Convención Americana violó algunos de los Derechos Humanos reconocidos en ese instrumento de protección.

Algo más de info sobre la Corte IDH por aquí. Y un poco más de info respecto del Sistema Interamericano por acá.

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Como apostilla copiamos un fragmento que nos pareció brillante del “Caso Kimel” que muestra el cambio de interpretación en los derechos fundamentales puesto que no es necesario que el Estado retraiga su poder para no violarlos sino que le cabe un rol más activo en la plena vigencia de los mismos:

“…el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.”

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