Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Democracia’

Una nota muy interesante de M. Bomer en LN. Por estos días en Argentina estamos asistiendo a la discusión de un nuevo código procesal en materia penal que pretende virar de un sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio.

En el sistema acusatorio hay una traslación de poder desde los jueces hacia los fiscales. Estos últimos decidirán qué delitos investigan y cuáles no, independientemente de que todos ellos estén regulados en la ley penal. Ellos llevarán la agenda de la política criminal a partir de una serie de dispositivos legales del código procesal que denominamos criterios de disposición de la acción penal.

M.B pone el dedo en un tema sensible, sobre el control de los fiscales dada la capacidad que poseen en un sistema acusatorio para tomar decisiones respecto de la persecución de los delitos. El punto que marca el comentario de MB es que son los fiscales los que llevarán “adelante la política criminal del Estado nacional”.

Mi punto, a partir de la nota, es que debe existir una “política criminal” previa para ser llevada adelante. De no ser así, la misma práctica de los fiscales será la que determine una decisión de qué delitos les interesa al Estado Argentino investigar y encontrar a los culpables. La nota propone una control democrático de esta agenda de política criminal.

Un punto que, tomando en cuenta este control de la agenda, va más allá y se pregunta por la posibilidad de una agenda de política criminal democráticamente constituida. Es decir el pueblo -luego el problema es la intensidad de esta intervención- determinando sobre la base de la legislación penal, qué investigar y qué no investigar.

Nuevamente nos encontramos frente a un desafío enorme en nuestra democracia que invita a pensar sobre el alcance e intensidad de nuestra democracia, en este caso frente a la posibilidad de que sea el pueblo decidiendo qué delitos son de tal envergadura que debemos investigarlos y cuáles no.

Read Full Post »

Mucho se está diciendo, criticando y analizando en relación a la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC). Es un “big bang legislativo”, como dice Maurino, la promulgación de esta ley.  No obstante existen muchas voces críticas sobre las condiciones en las cuales se ha dado su sanción, sobre todo en punto a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución.

En la sesión de la Cámara de Diputados el presidente del cuerpo (versión taquigráfica acá), luego de la exposición de motivos de la miembro informante, afirmó que:

“Lamentablemente, en la Argentina las formas siempre terminan siendo más importantes que las transformaciones de fondo. Justamente por esta razón muchos dirigentes políticos no pudieron entender las transformaciones que se han dado en nuestro país”.

La afirmación tan categórica del diputado presenta algunos inconvenientes problemáticos, por lo menos en dos niveles. En un plano teórico podemos decir que las mejores y más sofisticadas teorías de la democracia (pienso, por caso, en la teoría deliberativa de la democracia de Nino) asignan una importancia trascendente a los criterios procedimentales, dado que estos hacen de resguardo para garantizar que las decisiones democráticas sean producto de un debate basado en razones. Es decir que la densidad democrática de las decisiones está directamente ligada al cumplimiento de los requisitos procedimentales, a las “formas” de acuerdo a la cita. Las mejores decisiones (“transformaciones de fondo”) son aquellas que han sido discutidas y debatidas dentro de los marcos procedimentales que garantizar un procedimiento de deliberación democrático (“las formas”).

En un plano vinculado con las normas vigentes que rigen el procedimiento (texto constitucional y reglamentos de cada una de las Cámaras), para sostener la inconstitucionaildad del CCyC se deberá demostrar cómo el dictamen aprobado por la Comisión Bicameral, las modificaciones introducidas por el Senado, el tratamiento directo de la media sanción de Senado -modificando el dictamen de la Bicameral, en la Cámara de Diputados viola el procedimiento de sanción y formación de las leyes establecido en la Constitución.

 Una vez más no hemos sabido aprovechar, como comunidad política, la ocasión de una norma de importancia para comprender que nuestra práctica democrática requiere de procedimientos que garanticen debate, deliberación de razones para producir las mejores normas. La posición del Presidente de la Corte como redactor del Código y Presidente de la Comisión redactora me hace pensar en la escasa posibilidad que existe que se revise la constitucionalidad del Código por el Poder Judicial.

 

Recomendamos esta nota de Lucas A. con apreciaciones críticas también.

Read Full Post »

Hoy, luego de casi tres años de idas y vueltas, de debates, discusiones se aprobará el texto definitivo que unifica un código civil y comercial en un solo cuerpo normativo.

Este hecho, por sí solo, es sumamente relevante para nuestra práctica constitucional dado que supone la regulación práctica de los derechos fundamentales de nuestro texto constitucional. No obstante el centro del debate no está ubicado en este tema, en el contenido de la decisión legislativa que comentamos. Todo lo contrario, la discusión está ubicada en cuestiones procedimentales relativa a las formas y términos de la discusión democrática.

Luego de 30 años de democracia nuestro congreso no ha podido arribar a acuerdos significativos de cómo canalizar los debates sobre temas que producen desacuerdos y brecha interpretativas sobre el alcance de nuestros derechos. Al momento que escribo estas líneas la Cámara de Diputados está debatiendo sobre el procedimiento para aprobar el código.

Este hecho desnuda una situación sumamente problemática. El órgano de mayor densidad democrática no encuentra las vías para dotar de legitimidad su voz en nuestra democracia constitucional. Mal o bien la Corte Suprema ha logrado sostener una voz respetada en la arena democrática. El Poder Ejecutivo ha sabido sostener su legitimidad en las elecciones. Sin embargo los legisladores no han sabido dotar de legitimidad a partir de sus debates y decisiones al Congreso. Los desajustes en los procedimientos del proyecto de código, las insoportables judicializaciones del procedimiento para impedir su debate, desnudan las incapacidades institucionales del Congreso para metabolizar sus desacuerdos por los canales propiamente democráticos sin embarrar y deslegitimar normas de tanta importancia.

Una vez más la construcción de una práctica constitucional común a todos queda vacante y los actores políticos evidenciando sus imposibilidades para participar del procedimiento democrático.

Read Full Post »

Se ha hablado muchísimo sobre las reformas al Poder Judicial iniciadas por el Poder Ejecutivo, sin embargo el mayor de los inconvenientes está por delante. Durante las próximas semanas asistiremos al cierre del debate con una/s sentencia/s de la Corte Suprema. Ya tenemos diversas sentencias judiciales que suspenden la elección de consejeros por voto popular y la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares contra el Estado.

Aquí cabe preguntarse qué efecto tiene el escaso debate y su capacidad para modificar proyectos de ley y su ulterior judicialización. ¿Será que a menor debate legislativo mayores posibilidades de judicialización? En este tiempo, de un rol bastante empobrecido del Congreso Nacional, es bueno que todos pensemos la forma en la que repercute la calidad del debate -y sobre todo su potencialidad para mejorar propuestas legislativas- y su vinculación con la judicialización de cuestiones netamente políticas, que deben ser resueltas en el ámbito deliberativo de una democracia, como lo es el Poder Legislativo. Intuyo que una vía saludable para evitar todos estos vaivenes judiciales está en reforzar y rescatar el rol del debate en el seno del Poder Legislativo.

Por otro lado el dato institucional, en cuanto a la relación poder político gobernante y Corte Suprema de Justicia de la Nación, es -para evitar el mote de acuerdo o pacto- la nota elevada por la propia Corte al Poder Legislativo donde un grupo de Jueces de Cámaras se pronunciaba sobre las medidas legislativas en debate, sugiriendo algunas modificaciones. Luego de esa misiva el Legislativo, anuencia mediante -sorpresiva y llamativa- del Ejecutivo, procedió a realizar las reformas “sugeridas”. El núcleo duro de esas reformas a las que accedió el partido de gobierno tiene que ver con la administración del Poder Judicial para que continúe en cabeza de la Corte Suprema, en contra de lo que establece claramente -más claramente que la elección por voto popular de los consejeros- la Constitución.

Esa permisión -estoy intentando evitar la frase acuerdo Corte-Ejecutivo- del poder político gobernante hacia la Corte Suprema para que continúe con el uso de facultades administrativas y presupuestarias tiene virtualidad para incidir en las decisiones que debe tomar la Corte:

  • Restricciones a la compra de dólares.
  • Jubilaciones.
  • Constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura: en especial en la elección por voto popular de jueces, abogados y académicos para consejeros.
  • Constitucionalidad de la ley de medidas cautelares contra el Estado.
  • Constitucionalidad de la Ley de Medios.

¿Por qué digo virtualidad de incidir? porque pienso que no es posible que el Ejecutivo haya accedido a las modificaciones mencionadas sin, por lo menos, esperar algo a cambio.  De allí que haya que seguir con mucho cuidado la resolución de todos estos casos (y otros de los cuales no tenemos conocimiento) para evaluar (la pretendida) independencia de la Corte Suprema.

Leemos a Sarlo caracterizando a la Corte Suprema designada por el ex presidente Kirchner en estos términos “…tenemos una Corte con la cual han sucedido dos cosas inéditas: la primera es que es independiente del Poder Ejecutivo…” (acá).

Intuitivamente, por estos días, pienso que esta etapa, en donde se decidirán los casos mencionados, será determinante para evaluar -sobre la coyuntura y luego con la perspectiva que dan únicamente los años- la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

Históricamente no hemos tenido integraciones de la Corte Suprema independientes del poder político gobernante. Y quizás sea dificultoso encontrar razones para pensar lo contrario en esta etapa. Luego cabe preguntarse si es una categoría válida, la de “independencia”, para analizar la performance de un Tribunal de las características de nuestra Corte. También puede especularse sobre la reacción política del poder político gobernante en el caso de que la Corte adopte una postura, en sus decisiones, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo. ¿La Corte, acaso, posee márgenes políticos para sostener decisiones con argumentos plausibles en la Constitución para fallar contra los intereses del Ejecutivo?

Quizás el título prometa más certezas de las que se puedan brindar desde aquí, pero valga como disparador.

Read Full Post »

En medio de un clima de idas y vueltas en el Poder Judicial por la constitucionalidad de la Ley de Medios, se levantó una polvareda desde el fondo del océano, que estaba solapada, inadvertida pero allí presente. Por estos días se presentan en los ámbitos de mayor visibilidad mediática la discusión acerca del poder político que ostenta el poder judicial frente a las políticas gubernamentales promovidas por los órganos representativos del pueblo. Desde otra perspectiva, y utilizando el título de este libro (que no hemos encontrado en ningún lado), observamos de una forma más evidente que siempre, probablemente por la masividad que la discusión adquiere en los medios masivos de comunicación, la justicia frente al gobierno.

El tema, enmarcado en clave presidencial (discurso presidencial sobre el tema aquí), es la “democratización del poder judicial”. Más allá de los objetivos ocultos o aparentes, pensando sobre todo en la coyuntura político-judicial por la ley de medios,  es necesario pensar en el alcance de la frase esbozada por la Presidenta. Cuando hablamos de alcance me refiero al significado práctico que adoptará el concepto en nuestra vida política.

Entiendo que es necesario pensar y discutir de la manera más amplia posible las formas y reformas institucionales que pueden promover esa declamada democratización y su armonización con la (o en su caso resignificación de la) independencia del poder judicial.

Pienso en algunas alternativas a grandísimos rasgos y atendiendo el marco del discurso de la Presidenta, en dónde termina de detonar en lo más alto del poder político el tema de la “democratización del poder judicial”, al sugerir que promoverá medidas legislativas en ese sentido:

  1. Morigeración de la garantía de estabilidad de los jueces. Una pretendida democratización del poder judicial requiere modificar esa estabilidad. Puede pensarse en la elección popular de jueces. Estoy persuadido que esta modificación requiere, necesariamente, reforma constitucional.
  2. En el ámbito del Consejo de la Magistratura las propuestas pueden versar sobre la formación constante de los jueces, como así también que su continuidad esté sujeta a la aprobación de exámenes periódicos.
  3. En el mismo CM la opción es ampliar las causales que habiliten sanciones disciplinarias.
  4. Pero el mayor de los problemas está en el carácter difuso y judicial del control de constitucionalidad que ostenta el poder judicial frente a, especialmente, leyes y políticas de estado en sentido amplio de los poderes políticos (léase poder ejecutivo y poder legislativo). Y este cambio, en aras de esa democratización, se presenta muchísimo más complejo. Requiere virar hacia un sistema concentrado y político del control de constitucionalidad.

Son algunas primeras apreciaciones sobre gruesos pilares y aristas sobre el tema y que seguramente nos llevará a profundizar respecto de las formas y reformas institucionales posibles y/o deseables en el contexto de nuestra práctica constitucional.

Algunos de estos temas fueron arduamente discutidos en el marco de la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil, en relación a la facultad del Poder Judicial y los precedentes como fuente de interpretación (art. 1). Cuestión que intentaremos ampliar en alguna otra entrada.

Algunos links de esta semana:

Interesante debate por aquí, en el blog de Gargarella.

Algunas ideas de Lucas A. en su blog recordando una nota suya en P12

También una nota de M. Böhmer Corte Suprema: ¿deferencia mayoritaria o activismo constitucional?

Read Full Post »

Nosotros estuvimos allí

Estuvimos el día en que la Comisión legisladora redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación expuso en la Comisión Bicameral que debatirá la modificación al Código Civil. Mucha solvencia de los tres integrantes, donde se destaca Kemelmajer en su lenguaje llano, claridad para exponer y contestar preguntas de los legisladores. Por su lado Ricardo Lorenzetti (RL) tiene un manejo de la oratoria muy bueno y en un tono monocorde pero lo más destacable es la facilidad para esquivar las preguntas punzantes que podría llegar a generar tensiones con el Poder Ejecutivo. La frase para salirse del brete fue “es una opción legislativa razonable”, gran giro del lenguaje que le permitió esquivar artillería pesada –sobre todo del diputado Gil Lavedra- en clave netamente política.

Más allá del momento histórico en el que pudimos estar presentes me interesa resaltar dos afirmaciones de RL a lo largo de su exposición que, según entiendo, son índice de una cultura codificada-civilista-infraconstitucional.

Importancia de un Código

RL dice que el Código es algo bien distinto a una Ley (!)

“por cuanto este es un proyecto que no se asemeja a una ley. Un código es un ordenamiento de vida […] hay que pensarlo en una expectativa de cien años, no de un día o de dos días. Todas las tareas de codificación tienen esa perspectiva. Es muy distinto el régimen del Código que el de una ley. Normalmente, los Códigos pretenden tener una vocación prolongada en el tiempo y regir durante muchos años…” [versión taquigráfica]

Parece ser que RL coloca, no sé con qué argumento, al código por encima de las leyes afirmando que son cosas diferentes. He allí un grosero error de perspectiva. Desde una lectura constitucional el llamado código es una ley del Congreso, sujeta a control de constitucionalidad en cuanto a su aspecto formal (art. 77 a 84 CN) y sustantivo (art. 28 de la CN) y con igual jerarquía a cualquier otra ley emanada del Congreso inferior a la Constitución.

Por otro lado RL afirma que:

“cuando hablamos de un código de derecho privado y es casi la constitución que rige los aspectos más concretos de los ciudadanos de este país” [sic].

Nuevamente, entiendo, la perspectiva es errada. Un código es una ley que por más amplitud e injerencia en la vida cotidiana que tenga no puede afirmarse que es como la Constitución Nacional. Porque de allí se infiere una debilidad del control de constitucionalidad sobre el código y también una interpretación del ordenamiento desde el código cuando una perspectiva constitucional exige una interpretación constitucional del ordenamiento jurídico (cita que tomo de este libro de Cayuso), incluso del código, que es una ley.

La democracia de los civilistas

Notemos lo siguiente. RL describe con generalidades la abierta participación de los hombres y mujeres del derecho en el armado del anteproyecto por un tiempo que se extendió en aproximadamente un año, en ámbitos académicos, técnicos si se quiere. No obstante el oficialismo en el Congreso pretende aprobar un código en 90 días [según resolución de ambas cámaras, art. 5. a]. De allí podemos ver el mayor debate que tendrá el proyecto en los ámbitos académicos a diferencia del tiempo que tendrá de debate en el Congreso (!).

[Dejamos el link de esta entrada del blog de @domingorondina sobre una puja histórica: Alberdi vs Velez Sarfield]

Read Full Post »

¿Qué pasó con Lugo?

Leemos y chequeamos información de acá y de allá. Intentamos analizar, entender, con nuestras limitaciones claro, lo que sucede en Paraguay. Nuestro campo a partir del cual esbozamos ideas en este blog es el derecho. Vamos a asomar y ver qué sucedió con Lugo.

La realidad, siempre compleja, muestra entramados de todo tipo en el conflicto que hizo rebalsar el vaso. Se lee en las crónicas un conflicto que tiene base en un extenso problema respecto de la ocupación de las tierras pero también una oposición que domina el Poder Legislativo, elemento este que se evidencia en las mayorías que votaron la remoción del cargo al Presidente electo del Paraguay.

El marco constitucional es un procedimiento de juicio político con anclaje en un esquema bicameral del Poder Legislativo. En ese encuadre, es la Cámara de Diputados la que realizar la acusación y la Cámara de Senadores la que lleva adelante la función de juez. En ambos casos, tanto como para aprobar la acusación como para declarar la remoción, se requiere las dos terceras partes de los votos. Lo cual evidencia a las claras la necesidad de un amplio consenso en orden a la apreciación del asunto.

El punto que debe determinar el proceso de enjuiciamiento es la causal de “mal desempeño de sus funciones”. Término ambiguo si los hay. Por esa razón en el procedimiento, que duró tan solo dos días, se debió fundamentar los hechos que configuraban mal desempeño por parte del Presidente del Paraguay.

El “Libelo acusatorio” [o texto oficial aquí], documento donde constan los fundamentos de la promoción del juicio político, tiene una extensión de ocho carillas. Para quién busque razones allí le será dificultoso encontrarlas. El documento, por lo menos, incurre en generalidades. En su mayoría son aseveraciones valorativas sin remisión a hechos concretos que doten de contenido la causal a partir de la cual que se promueve, y luego se decidió, la remoción del mandatario.

Son cinco los puntos que sostendrían, en opinión del Poder Legislativo del Estado del Paraguay, la remoción del Presidente:

  1. Acto político en el comando de ingeniería de las fuerzas armadas.
  2. Caso Ñacunday
  3. Creciente inseguridad.
  4. Protocolo de Ushuaia II.
  5. Caso matanza Curuguaty.

Las razones que se pueden leer en el documento acusatorio suenan más a discrepancia generalizada respecto de la decisión del pueblo de elegir Presidente; y los hechos de violencia del pasado 15 de junio fueron la excusa para avanzar en la remoción.

Por otro lado hubo un pronunciamiento de la UNASUR y del Mercosur. El de este último está dirigido a excluir al Paraguay de las próximas reuniones de mandatarios y las preparatorias. En ambos se afirma el “quebrantamiento del orden democrático”.

26/6 Actualizamos información. La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay desestimó una acción interpuesta por el, ahora, ex presidente con el fin de impugnar la constitucionalidad del juicio político. Para este fin alegó la violación de ciertas reglas estipuladas en la Constitución. La sala razonó que el juicio político no es asimilable, en su naturaleza, a un juicio ordinario por tanto la aplicación de las reglas del debido proceso no son de aplicación absoluta.

Algunas cosas que nos quedan para reflexionar:

¿Hasta dónde puede oponerse la comunidad internacional a una decisión tomada por el órgano con mayor legitimidad democrática en un sistema político?

¿Cuál es el rol que juegan los posicionamientos ideológicos al momento de determinar qué es democrático y qué no lo es?

Por otro lado ¿Puede ser aplicado un Protocolo que vele por el mantenimiento del orden democrático cuando un juicio político a un presidente es llevado adelante dentro de las reglas que la Constitución de un país establece?

¿Puede equipararse la ausencia del debido proceso en un juicio político a un quebrantamiento del orden democrático”?

En fin:

…la paradoja de oponerse a decisiones emitidas por órganos democráticos con argumentos democráticos…

seguiremos.

*

¿Curiosidades?:

El art. 225 de la Constitución Nacional del Paraguay establece el juicio político.    El mismo día de la remoción se aprobó la reglamentación de ese artículo. (ejem…)

En las primeras palabras del discurso del vicepresidente, ahora presidente del Paraguay, se advierte un fallido: “Dios y el destino quise…” en lugar de decir “quisieron”. (ejem…)

Read Full Post »

Older Posts »