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Posts Tagged ‘Corte Interamericana’

Rompemos el silencio en nuestro espacio y, a mano alzada, glosamos algunas consideraciones respecto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Costa Rica. Además especulamos sobre el posible impacto que puede tener esta sentencia en el marco de, por lo menos, dos discusiones –aún no zanjadas- en el marco de nuestro Poder Legislativo.

El caso se relaciona con una sentencia del Tribunal Constitucional de aquel país por el cual se declara la nulidad (párrafo 71 a 77 de la sentencia de la Corte) de un decreto del Poder Ejecutivo que regulaba las técnicas de reproducción asistida en aquel país.

Luego de un camino judicial las víctimas presentaron el Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió una serie de recomendaciones hacia el Estado demandado, que al no ser cumplidas íntegramente, la Comisión decidió someter el caso a la Corte.

Comenzando por el, final la Corte IDH condenó al Estado por haber violado el derecho de las víctimas a la integridad personal, vida privada, y a formar una familia. Aquí son interesantes las técnicas de interpretación que utiliza el Tribunal para encuadrar el caso y encontrar dentro de las disposiciones amplias de la Convención un derecho a ser sometido a una práctica de reproducción asistida.

Hay, también, una interesante argumentación por parte de la Corte al utilizar la fórmula de la ponderación de derechos en conflicto para dar una respuesta al caso (párr. 272 y sig.). Algo similar hizo la Comisión pero aplicando el test de proporcionalidad íntegramente. De esto nos encargaremos, probablemente, en entradas posteriores.

Ahora, yendo al punto que nos interesa, la Corte afirmó categóricamente dos cuestiones:

1. Que no hay concepción hasta tanto el embrión no sea implantado (párr. 187 de la sentencia). Por lo cual el embrión no posee el estatus de persona a los fines de la convención (párr. 223).

2. Y, en el párrafo 258 de la sentencia, puede leerse: “Los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención. En ese sentido, la clausula “en general” tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos.”

Estas dos determinaciones, le permiten a la Corte IDH ponderar las dos situaciones (embrión-mujer con infertilidad) para darle preeminencia a la mujer con infertilidad -jerarquía móvil de derechos-.

Pero es importante este caso para los argumentos sostenidos en dos debates de relevancia en nuestro sistema jurídico: la regulación penal del aborto y la consagración de las técnicas de reproducción asistida en el proyecto de Código Civil (ver art. 19 del proyecto). En ambos casos las cuestiones de mayor trascendencia son justamente las que categóricamente sostiene la Corte IDH.

En ambos debates se discute, sin una respuesta legislativa-democrática por el momento, en qué momento comienza la vida humana. Por el otro, en el marco del debate sobre el nuevo código civil, existe un conflicto sobre el art. 19 del proyecto que determina que la vida comienza a partir de la implantación del embrión en el seno materno. Esto lleva a discutir el estatus jurídico del embrión no implantado.

En cuanto a la regulación penal del aborto se debate sobre la jerarquías de los derechos de la madre y del hijo. La Corte IDH da una pista en el párrafo 258  citado, en el sentido que el derecho a la vida admite restricciones frente a otros derechos.

En definitiva, la discusión pública tiene nuevos argumentos, ya institucionalizados en un tribunal internacional de cierto prestigio, para ser esgrimidos en un marco democrático como el Congreso. De allí deberá salir la respuesta final a estas cuestiones pendientes.

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Varias son las cosas que nos interesan referenciar, si las separamos cada una en una entrada probablemente nunca las escribamos. Por ende ahí van, tres en una, liquidación de viernes. Dos relacionadas a las facultades legislativas del Poder Ejecutivo y una relacionada a la agenda de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IH).

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Impuesto a las ganancias

Notamos que hay bastante expectativa respecto del rol de Congreso, agitado por el Secretario General de la CGT,  en una eventual modificación del Impuesto a las Ganancias. Se observa, luego del paro con movilización convocado por el líder sindical, movimientos o intentos de movilizar este tema en el Congreso.

El impuesto a las ganancias está establecido por ley y con la última reforma en las sesiones extraordinarias de 2011 se estableció la siguiente facultad en cabeza del Ejecutivo:

“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”. (art. 4 Ley 26.731)

¿Qué sucede? El Congreso facultó al Poder Ejecutivo para que sea este el que tenga la posibilidad de modificar los montos del art. 23, es decir aumentar los montos del mínimo no imponible para cada categoría. Entiendo que esta es una facultad delegada en el marco del art. 76 de la Constitución Nacional (CN). Con lo cual sujeta a control del Congreso el decreto que emita el Ejecutivo incrementando los montos del art. 23. Atención, porque este control puede ser sorteado si las modificaciones, desde el Ejecutivo, se realizan con un decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

No obstante parece ser que algunos sectores de la oposición pretenden que el Congreso retome la facultad de modificar el mencionado art. 23. Pero más aún, se proponen reformas más abarcadoras. Ese debate puede verse en el despacho de comisión donde constan las posiciones de los diferentes bloques en relación al tema. Dicho despacho se dio en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas durante el año 2011.

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DNU’s

Sucedió algo bastante atípico, por lo menos para este observador, en algunas sesiones del Congreso posteriores a la estatización de YPF. En el marco de las estrategias del Ejecutivo para tener el control de la empresa, durante el proceso de discusión en el Congreso, emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) [530/12 y 557/12] interviniendo YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Es de nuestra práctica constitucional en esta temática que si una de las Cámaras aprueba el DNU de que se trate, la otra no le de tratamiento. Esto es debido a que la ley que regula el control de estos decretos (26.122) los dota de vigencia hasta que las dos cámaras no se pronuncien por el rechazo. Remitimos, para ampliar, a la etiqueta sobre el tema en el blog.

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Fecundación in vitro en la Corte IDH

Por otro lado mencionamos que en la agenda de los casos que la Corte IDH se encuentra uno relativo a la prohibición absoluta decretada por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de la fecundación in vitro regulada en un decreto presidencial. El objeto sobre el cual se centra el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la sentencia que prohíbe el tratamiento. Es interesante como en el Informe Reservado del art. 50 (que forma parte de la nota por la cual la CIDH somete el caso a la Corte IDH) se construye una decisión a partir del derecho a la intimidad (art. 11 de la CADH) y del derecho a la protección de la familia (art. 17). El argumento central está dado por el examen de proporcionalidad (o si se prefiere razonabilidad) que realiza la CIDH respecto de la sentencia prohibitiva. El caso sometido a la competencia contenciosa de la Corte IDH pone en perspectiva a partir de los derechos humanos el tema de los tratamientos para superar la infertilidad en las parejas que desean tener hijos (dentro del marco del derecho a la intimidad y la familia).

No obstante no queda claro el requisito, por parte de los peticionarios, de haber agotado todos los recursos en la jurisdicción interna. Veremos luego cual es el examen que realiza la Corte IDH del tema frete a las excepciones preliminares que, eventualmente, oponga el Estado de Costa Rica.

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La Corte Interamericana (Corte IDH) se ha pronunciado en el “Caso Atala” por medio de su función contenciosa, contra el Estado de Chile. La sentencia de la Corte tiene diversidad de aspectos para ser analizada, tendremos en cuenta dos que observamos, centrales en el pronunciamiento: el relativo a la violación del derecho de igualdad y no discriminación, y el derecho a la intimidad y protección de la familia.

El caso

La señora Atala –jueza en aquel país- se divorció de su marido. Ambos esposos tuvieron tres hijas – menores de edad, durante la tramitación del caso ante la Corte IDH-, a su vez la señora Atala tenía un hijo mayor. En marzo de 2002 se separan de hecho acordando, ambas partes, el régimen de visitas que tendría el padre y determinando que la tuición y cuidado continuaría a cargo de la señora Atala (párr. 30).

Al año siguiente el padre de las niñas inicia un proceso judicial por el cual reclama la tuición y cuidado de las niñas por entender que la relación sentimental (que comenzó en junio de 2002) de Atala con la señora Emma de Ramón –quién vivía en la misma casa junto con Atala y sus hijas-, alegando que dicha relación y condición sexual le impedía desarrollar su rol de madre, lo cual traería consecuencias dañinas para las menores. En dicho proceso judicial la Corte Suprema de Chile revocó el pronunciamiento de las instancias anteriores y determinó la guarda definitiva a favor del padre, con argumentos relativos a la condición sexual de la madre.

Antes de entrar a analizar el proceso de tuición y la investigación disciplinaria la Corte define donde centrará su análisis:

“[…] no corresponde a este Tribunal determinar si la madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas ni valorar prueba con ese fin específico, pues ello se encuentra fuera del objeto del presente caso, cuyo propósito es definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención. Asimismo, y en razón del carácter subsidiario del Sistema Interamericano, la Corte no es competente para resolver respecto a la custodia de las tres niñas M., V. y R., por cuanto esto es materia del derecho interno chileno. De manera que la tuición actual de las menores de edad no es materia del presente caso.” [párr.65, citas omitidas]

Aquí el límite en no actuar como una instancia de revisión, con respecto a las instancias judiciales domésticas, se presenta como un lindero de una generosa elasticidad que le permite a la Corte IDH decir que no va a hacer lo que luego parecería, efectivamente, hacer. Algo de eso sucede con el Caso Fontevecchia (también pueden ver el post de Todo sobre la Corte) donde revisa la decisión de la Corte Suprema Argentina, a tal punto que ordena al Estado Argentino dejar sin efecto la sentencia de la Corte (párr.105 de la sentencia citada).

Derechos violados en el proceso de tuición

La argumentación de la Corte IDH está enderezada a establecer la adecuación de la sentencia definitiva de la Corte Suprema y de las resoluciones provisionales de tuición de las instancias anteriores a favor del padre de las niñas con respecto a los artículos 24 (derecho a la igualdad y no discriminación), artículo 11.2 (derecho a la vida privada), artículo 17.1 (protección de la familia).

En relación al derecho a la igualdad y no discriminación la Corte trabaja en su argumentación básicamente con el artículo 1.1, en tanto que su construcción, elaboración desde el texto hacia los casos concretos le permite construir un estándar vigoroso que alcanza al goce y ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Convención:

“[…] la Corte Interamericana deja establecido  que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual” [citas omitidas, párr.91]

Hasta aquí la Corte deja tendido el telón de fondo sobre el cual trabajará la diferencia de trato y su justificación a la luz de los argumentos en el proceso judicial de tuición. Como se puede observar se plantea una categoría sobre la cual existe un fuerte escrutinio para sortear un control jurisdiccional de convencionalidad. Sobre ese abordaje afirma, en relación a la diferencia de trato, que para que este sea  discriminatorio basta con “constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto grado la orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión” (párr.94).

Con lo cual, en este punto, la pregunta que surge es ¿Si la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual está proscripta (tenemos que leer prohibida) por qué la necesidad de aplicar el escrutinio que la Corte elabora en el párrafo 95? Si tengo una prohibición absoluta basta con cotejar que la diferenciación de trato en razón de la orientación sexual se toma “hasta cierto grado” como parte de una decisión de un Estado, para determinar que dicha diferenciación es contraria a la convención.

Para realizar este escrutinio la Corte elabora un estándar que lo adopta de un sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Para determinar si existió un vínculo o nexo causal decisivo entre la orientación sexual de la señora Atala y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Chile y del Juzgado de Menores de Villarrica, es necesario analizar [i] los argumentos expuestos por las autoridades judiciales nacionales, [ii] sus conductas, [iii] el lenguaje utilizado y [iv] el contexto en que se han producido las decisiones judiciales, con el fin de establecer si la diferencia de trato se fundamentó en la orientación sexual

La Corte IDH concluye que la aplicación de este criterio arroja como resultado que las decisiones judiciales que le negaron la tuición de sus hijas a la señora Atala tuvieron como fundamento su orientación sexual (ver párr. 96 a 98). Teniendo probada que la diferencia de trato tuvo su anclaje en la orientación sexual, luego la Corte pasa a analizar los argumentos que sostienen la diferencia de trato para establecer si se subsumen bajo el supuesto de discriminación por orientación sexual (párr. 99).

En ese análisis de argumentos para justificar el trato diferenciado la Corte afirma que la sola invocación del “interés superior del niño”, confusión de roles y discriminación social, en abstracto, sin menciones del caso concreto y solamente basado en presunciones y consideraciones generalizadas, no son argumentos adecuados para fundar la diferencia de trato. En tato que “tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio” (párr. 124).

Por tanto La Corte decide que el Estado de Chile violó en perjuicio de la señora Atala el derecho a la igualdad y no discriminación del art. 24 en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana.

Derecho a la privacidad (art. 11 CADH) y protección de la familia (art. 17.1 CADH)

La Corte afirma que “no existe un concepto único de familia” (párr. 172) y que la imposición de un modelo único no solamente viola el derecho a la vida privada sino que también el derecho a la protección de la familia (párr. 175), a partir de lo cual concluye diciendo:

“es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas.”

Con lo cual, según lo nota el voto parcialmente disidente del Juez Pérez Pérez, tangencialmente se extiende el ámbito de aplicación del art. 17 a uniones constituidas por personas del mismo sexo, reconociendo la amplitud de criterio para establecer un concepto de familia.

La Corte Interamericana (Corte IDH) se ha pronunciado en el “Caso Atala” por medio de su función contenciosa, contra el Estado de Chile. La sentencia de la Corte tiene diversidad de aspectos para ser analizada, tendremos en cuenta dos que observamos, centrales en el pronunciamiento: el relativo a la violación del derecho de igualdad y no discriminación, y el derecho a la intimidad y protección de la familia.

El caso

La señora Atala –jueza en aquel país- se divorció de su marido. Ambos esposos tuvieron tres hijas – menores de edad, durante la tramitación del caso ante la Corte IDH-, a su vez la señora Atala tenía un hijo mayor. En marzo de 2002 se separan de hecho acordando, ambas partes, el régimen de visitas que tendría el padre y determinando que la tuición y cuidado continuaría a cargo de la señora Atala (párr. 30).

Al año siguiente el padre de las niñas inicia un proceso judicial por el cual reclama la tuición y cuidado de las niñas por entender que la relación sentimental (que comenzó en junio de 2002) de Atala con la señora Emma de Ramón –quién vivía en la misma casa junto con Atala y sus hijas-, alegando que dicha relación y condición sexual le impedía desarrollar su rol de madre, lo cual traería consecuencias dañinas para las menores. En dicho proceso judicial la Corte Suprema de Chile revocó el pronunciamiento de las instancias anteriores y determinó la guarda definitiva a favor del padre, con argumentos relativos a la condición sexual de la madre.

Antes de entrar a analizar el proceso de tuición y la investigación disciplinaria la Corte define donde centrará su análisis:

[…] no corresponde a este Tribunal determinar si la madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas ni valorar prueba con ese fin específico, pues ello se encuentra fuera del objeto del presente caso, cuyo propósito es definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención. Asimismo, y en razón del carácter subsidiario del Sistema Interamericano, la Corte no es competente para resolver respecto a la custodia de las tres niñas M., V. y R., por cuanto esto es materia del derecho interno chileno. De manera que la tuición actual de las menores de edad no es materia del presente caso. [párr.65, citas omitidas]

Aquí el límite en no actuar como una instancia de revisión, con respecto a las instancias judiciales domésticas, se presenta como un lindero de una generosa elasticidad que le permite a la Corte IDH decir que no va a hacer lo que luego parecería, efectivamente, hacer. Algo de eso sucede con el Caso Fontevecchia (también pueden ver el post de Todo sobre la Corte) donde revisa la decisión de la Corte Suprema Argentina, a tal punto que ordena al Estado Argentino dejar sin efecto la sentencia de la Corte (párr.105 de la sentencia citada).

Derechos violados en el proceso de tuición

La argumentación de la Corte IDH está enderezada a establecer la adecuación de la sentencia definitiva de la Corte Suprema y de las resoluciones provisionales de tuición de las instancias anteriores a favor del padre de las niñas con respecto a los artículos 24 (derecho a la igualdad y no discriminación), artículo 11.2 (derecho a la vida privada), artículo 17.1 (protección de la familia).

En relación al derecho a la igualdad y no discriminación la Corte trabaja en su argumentación básicamente con el artículo 1.1, en tanto que su construcción, elaboración desde el texto hacia los casos concretos le permite construir un estándar vigoroso que alcanza al goce y ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Convención:

“[…] la Corte Interamericana deja establecido  que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual” [citas omitidas, párr.91]

Hasta aquí la Corte deja tendido el telón de fondo sobre el cual trabajará la diferencia de trato y su justificación a la luz de los argumentos en el proceso judicial de tuición. Como se puede observar se plantea una categoría sobre la cual existe un fuerte escrutinio para sortear un control jurisdiccional de convencionalidad. Sobre ese abordaje afirma, en relación a la diferencia de trato, que para que este sea  discriminatorio basta con “constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto grado la orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión” (párr.94).

Con lo cual, en este punto, la pregunta que surge es ¿Si la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual está proscripta (tenemos que leer prohibida) por qué la necesidad de aplicar el escrutinio que la Corte elabora en el párrafo 95? Si tengo una prohibición absoluta basta con cotejar que la diferenciación de trato en razón de la orientación sexual se toma “hasta cierto grado” como parte de una decisión de un Estado, para determinar que dicha diferenciación es contraria a la convención.

Para realizar este escrutinio la Corte elabora un estándar que lo adopta de un sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Para determinar si existió un vínculo o nexo causal decisivo entre la orientación sexual de la señora Atala y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Chile y del Juzgado de Menores de Villarrica, es necesario analizar [i] los argumentos expuestos por las autoridades judiciales nacionales, [ii] sus conductas, [iii] el lenguaje utilizado y [iv] el contexto en que se han producido las decisiones judiciales, con el fin de establecer si la diferencia de trato se fundamentó en la orientación sexual

La Corte IDH concluye que la aplicación de este criterio arroja como resultado que las decisiones judiciales que le negaron la tuición de sus hijas a la señora Atala tuvieron como fundamento su orientación sexual (ver párr. 96 a 98). Teniendo probada que la diferencia de trato tuvo su anclaje en la orientación sexual, luego la Corte pasa a analizar los argumentos que sostienen la diferencia de trato para establecer si se subsumen bajo el supuesto de discriminación por orientación sexual (párr. 99).

En ese análisis de argumentos para justificar el trato diferenciado la Corte afirma que la sola invocación del “interés superior del niño”, confusión de roles y discriminación social, en abstracto, sin menciones del caso concreto y solamente basado en presunciones y consideraciones generalizadas, no son argumentos adecuados para fundar la diferencia de trato. En tato que “tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio” (párr. 124).

Por tanto La Corte decide que el Estado de Chile violó en perjuicio de la señora Atala el derecho a la igualdad y no discriminación del art. 24 en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana.

Derecho a la privacidad (art. 11 CADH) y protección de la familia (art. 17.1 CADH)

La Corte afirma que “no existe un concepto único de familia” (párr. 172) y que la imposición de un modelo único no solamente viola el derecho a la vida privada sino que también el derecho a la protección de la familia (párr. 175), a partir de lo cual concluye diciendo:

“es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas.”

Con lo cual, según lo nota el voto parcialmente disidente del Juez Pérez Pérez, tangencialmente se extiende el ámbito de aplicación del art. 17 a uniones constituidas por personas del mismo sexo, reconociendo la amplitud de criterio para establecer un concepto de familia.

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EL blog CorteIDH reporta sobre el mismo fallo acá. Y también @rlmaccise comenta la sentencia, aquí.

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Luego de la sentencia en el caso Kimel, la propia Corte IDH ha dado a conocer una nueva sentencia contra el Estado argentino, en la cual el tribunal determina, que el Estado demandado es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión -LDE- (art. 13 CADH) en perjuicio de los periodistas Fontevecchia y D’amico en virtud de un fallo de la Corte Suprema del mismo estado.

Sucedió que en época de la primera presidencia de Carlos S. Menem la Revista Noticias publicó una serie de notas (ver contenido acá, acá y acá) vinculadas a dar a conocer un hijo extramatrimonial del entonces Presidente de la Nación, junto con una serie de cuestiones relativas a supuestos favores políticos, judiciales y pecuniarios a favor de la madre del mencionado hijo. El contexto inmediato de la nota está rodeado por imágenes que dan cuenta del vínculo, que afirmaba en esa serie de notas publicadas por la  revista, entre el menor con el Presidente de la Nación y entre la entonces diputada Meza con el mandatario.

El Presidente judicializa el conflicto por medio de una demanda civil de daños y perjuicios. La misma es rechazada en primera instancia. En segunda instancia es revocada la decisión de la instancia anterior y se condena a los demandados (los periodistas Fontevecchia y D’amico) a pagar al actor la suma de $150.000 (en aquella época equivalentes a dólares), a la publicación de la sentencia, al pago de las costas en todas las instancias. Los demandantes apelan la sentencia ante el máximo tribunal y  la Corte Suprema decide confirmar la sentencia pero modificando el monto a $ 60.000.

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Dos son las cuestiones que debió resolver la Corte IDH frente al caso que le fue sometido por la Comisión Interamericana (CIDH):

  1. Los criterios para resolver un caso de colisión de derechos entre la LDE (art. 13 CADH) y la vida privada (art. 11 CADH) en punto a delimitar la extensión de la información de interés público frente a la vida privada de un funcionario público de carácter electivo.
  2. La convencionalidad, del art. 1071 bis del Código Civil argentino, relativo a la protección civil de la privacidad frente a intromisiones en la vida privada.

El primero de ellos está orientado exclusivamente a la resolución que el Estado argentino adoptó en el caso concreta –vía Poder Judicial- de las demandas civiles, del entonces presidente argentino, contra los periodistas. Para ello toma “principalmente” la decisión de la Corte Suprema en el caso (párr. 51).

La Corte somete a un examen proporcionalidad de intensidad baja (párr. 53 a 55) donde admite las medidas civiles como medios proporcionados para proteger la privacidad frente a la LDE (párr. 56). Desde el comienzo la Corte IDH descarta la posibilidad de determinar la anticonvencionalidad del 1071 bis del Código Civil argentino. En cambio, todo el análisis discurre en fijar estándares o criterios útiles, para las jurisdicciones domésticas, al momento de dirimir conflictos de derechos entre la privacidad y la LDE. Veamos:

Al momento de establecer sanciones civiles estas deben ser analizadas con especial cautela (i) ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquéllas [expresiones que afecten la privacidad] (ii) las características del daño causado (iii) y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil (párr. 56)

Otro criterio que esboza la Corte IDH relativo a la resolución del conflicto entre los derechos mencionados son: (i) la menor protección de la privacidad de los funcionarios públicos en relación con las figuras públicas y de los particulares (ii) y el interés público de las acciones que aquellas realizan (párr. 59). El punto a desentrañar es a qué información es posible caracterizar de “interés público” y cuáles no lo son. Porque de allí se desprenderá la solución para determinar en qué casos cede el derecho a la privacidad de una persona y cuando este último prevalece sobre el derecho a la LDE. Posiblemente el párrafo 61 de una pista para desentrañar criterios para poder afirmar que una determinada información es de interés público. Pero no estamos seguros de que el fallo brinde nociones claras para tal cometido.

La decisión del caso la encontramos en el párrafo 62, entre otras cosas se dice: que la información difundida por la revista posee carácter de interés público por tanto se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la LDE.

La Corte no se encarga de matizar qué elementos de las notas, en las tres ediciones de la revista, tienen carácter público, dice que “toda la información” lo tiene. Al momento de analizar la publicación de las imágenes la Corte expresa que esa publicación estaba orientada a “respaldar la existencia de la relación entre el señor  Menem, la señora Meza y Carlos Nair Meza, apoyando la credibilidad de la nota escrita”, y de algún modo entiende que estaban relacionadas con la información vinculada a los favores pecuniarios, políticos y judiciales. Allí señalamos que no es robusta la argumentación de la Corte al determinar la relación entre la información de interés público (párr. 62) y la publicación de las fotos. Nos preguntamos ¿era necesaria la publicación de las fotos para dar “credibilidad” a la información que se caracteriza de interés público? La corte insiste en el punto diciendo:

“[…] las imágenes representan una contribución al debate de interés general y no están simplemente dirigidas a satisfacer la curiosidad del público respecto de la vida privada del presidente Menem” (párr. 68)

En un ejercicio de ponderación en una colisión de derechos, el mandato es la mayor realización de los dos principios que se contraponen en el caso concreto. Allí el criterio de la Corte debió haber trazado más fino en cuanto a la necesidad de la publicación de imágenes para sostener un relato periodístico de interés público con el fin de satisfacer las pretensiones desde ambos derechos.

¿Cuál era La cuestión de interés público? ¿La relación del presidente con la amante o de este con su hijo? ¿O en realidad la información de interés público eran los favores de distinta índole? Si el foco de la información eran los “favores”, entonces, parecería ser que las fotos no tenían relevancia periodística ni sustentaban la existencia de esos favores. Quizás, tendrían mayor cualidad de “sostén de credibilidad”, documentación que pueda acreditar dichos “favores” que la publicación de las referidas imágenes.

En relación con la violación del art. 13 y el deber de adopción de medidas legislativas del art. 2 (ambos de la CADH) hubo una dispersión en la estrategia de la CIDH y de los representantes de las víctimas. La CIDH no argumentó en relación a la presunta violación del art. 2 de la CADH por la vigencia del, a esta altura famoso, artículo 1071 bis del Código Civil. En cambio, los representantes de las presuntas víctimas, sí argumentaron esta cuestión afirmando nociones similares a las sostenidas por el perito Saba en ocasión de presentar su peritaje oral ante la Corte IDH, a las cuales remitimos. En la sentencia pueden verse en los párrafos 77 a 81 las razones sostenidas por los representantes.

La Corte aplica un criterio más flexible y laxo al momento de analizar la legalidad o la precisión en la redacción de un texto legal dependiendo de si la medida es penal o civil. En el precedente Kimel vimos, en otra ocasión, como ese escrutinio es estrictísimo, no obstante en el ámbito del derecho civil el margen de apreciación para que el Estado delinee los dispositivos legales es más amplio. Allí la Corte le otorga mayor deferencia, en relación al art. 1071 bis, diciendo que:

“[…] en general, aquella disposición (el art. 1071 bis), en grado suficiente, permite a las personas regular sus conductas y prever razonablemente las consecuencias de su infracción. De tal modo que su aplicación resulte conforme a la Convención dependerá de su interpretación judicial en el caso concreto”.

Claramente la Corte, con tino, regula la intensidad del control hacia los dispositivos legales según sean tipos penales o sanciones civiles. Por eso la sentencia enfoca su análisis en la interpretación que realizaron los jueces domésticos al aplicar, al caso concreto, la sanción civil. Y los estándares son criterios dirigidos a las jurisdicciones domésticas de los Estados Parte de la CADH. Allí es donde refuerza esos criterios al volver a citar el estándar del control de convencionalidad (párr. 93) al sostener que los jueces internos deben “tener en cuenta” no solamente la CADH sino también la interpretación que de ellos haga la Corte.

En definitiva: una sentencia razonable en cuanto a la convencionalidad del artículo 1071 bis pero poco clara en resolver el quid del caso: ¿Cuáles son las características de la “información de interés público” que justifica la intromisión en la vida privada de un funcionario público? ¿Cuál es el nivel de vinculación o relación que debe existir entre la información de interés público y la información que se divulgue relativa a la vida privada de los funcionarios públicos? Frente a estos interrogantes el fallo no supone un instrumento jurisprudencial capaz de esgrimirse como respuesta.

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Continuamos con el segundo post de “El control de convencionalidad desde la Procuración” (el primero puede verse aquí) con un dictamen firmado por Esteban Righi el 10 de marzo de 2010, en la casus “Acosta, Jorge”. Podemos decir que el análisis del dictamen se enfoca en dos puntos:

a.  Estatus jurídico de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
b.  Y la aplicabilidad de la doctrina “Bayarri” al caso de la ley 24.390, reformada, en cuanto a la prórroga de la prisión preventiva.

Centraremos nuestro análisis sobre la primera de las cuestiones que resulta de interés. El Dictamen aborda dicho entuerto desde dos perspectivas: (i) según el derecho interamericano y (ii) según el derecho y la jurisprudencia argentina.

(i) El dictamen parte de un análisis textual del artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que afirma respecto de las “decisiones” de la Corte IDH: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.” La clave es la palabra decisión a la cual se le aplica un criterio restringido de interpretación para determinar su alcance.

“…la decisión de la Corte Interamericana en un caso contencioso es obligatoria respecto de un Estado parte en la Convención Americana que aceptó la competencia de la Corte Interamericana y fue parte en el proceso internacional concreto en el cual esa decisión fue dictada y, además, lo es exclusivamente en relación con ese proceso concreto.”

Con dicho párrafo extingue morigera la proyección de la doctrina del control de convencionalidad (CC) eliminando el efecto erga omnes de los fundamentos de las sentencias de la Corte IDH. Es decir que lo único obligatorio para un Estado parte de un litigio ante la Corte IDH es la parte dispositiva de la sentencia (para ese caso), no sus fundamentos.

(ii) El dictamen trae a la discusión el precedente “Giroldi” donde la Corte afirmó que la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales. De allí, dice el procurador, “se podría pensar que esta doctrina sostiene el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. Pero el término “servir de guía” posee un alto grado de indeterminación y, por tanto, ofrece alternativas para fijar su alcance.

Para oponerse a asignarle obligatoriedad a la jurisprudencia de la Corte IDH se afirman argumentos de diversa índole. De otorgarle dicho estatus a la jurisprudencia de la Corte IDH se estaría flexibilizando el procedimiento de reforma constitucional y se otorgaría la competencia para interpretar una porción de la Constitución en detrimento de la función que el art. 116 le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con lo cual se propone en el dictamen que el Poder Judicial del Estado Argentino “está obligado a tener en consideración la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. No obstante esta obligación no debe ser ejercida de manera automática e irreflexiva. Y condiciona dicha aplicación a un estándar o criterio de aplicación.

El estándar se integra con los siguientes criterios.

    • Verificar la existencia de jurisprudencia sobre la cuestión debatida en el proceso interno.
    • Identificar la doctrina o ratio decidendi de la sentencia o sentencias que se intente aplicar.
    • Examen de la aplicabilidad prima facie de esas doctrina al caso concreto.
    • Examen de la compatibilidad de la doctrina aplicable prima facie con el orden jurídico constitucional.

Parece desprenderse de la argumentación del Procurador una pretensión integradora entre las exigencias actuales del sistema interamericano -en orden al despliegue del control de convencionalidad en los ordenamientos internos- y los márgenes de actuación de las jurisdicciones locales. No obstante observamos que en los términos que se formula el criterio de aplicabilidad de una doctrina judicial internacional es bastante abierto, lo cual va en detrimento de la real vigencia del CC. Pero, al mismo tiempo, afirma un deber de -en palabras del Procurador- discutir razonadamente la doctrina judicial de un órgano internacional al momento de analizar su aplicabilidad a un caso concreto.

La intención del post es, simplemente, visualizar el tema en la agenda de casos de la Corte Suprema, mostrar los argumentos y entender que el Tribunal deberá abordar el tema de la integración, en el marco del bloque de constitucionalidad, tanto de los instrumentos de protección de los derechos humanos como de los órganos de control que los interpretan y aplican, junto con las disposiciones de nuestro ordenamiento y  los jueces que las aplican. En esa integración la Corte tiene un papel que deberá delinearlo para establecer criterios de interacción entre las jurisdicciones domésticas e internacionales. Por el momento nuestro Tribunal ha decidido dialogar en los fundamentos de sus sentencias con dispositivos convencionales y sentencias de jurisdicciones internacionales sin un criterio de fondo, en cuanto al estatus jurídico de los pronunciamientos de aquellas jurisdicciones.

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También nos interesa señalar que al dictamen del Procurador se remiten un total, hasta donde sabemos, de veinticinco causas dónde se plantean análogas cuestiones y el Procurador opina que deben ser resueltas esas causas como la de “Acosta”.

Recomendamos lectura en el blog de Todo sobre la Corte un interesantísimo post sobre el tema, desbrozándolo con mucha agudeza.

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El último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue emitido el 5 de julio de 2011: “Mejía Idrovo vs Ecuador”. Es un caso que al comienzo de su lectura no parece tan interesante pero luego despierta la atención del lector con algunos párrafos que están orientados a afianzar estándares en relación a las sentencias judiciales en los Estados miembros de la Convención. Veamos de qué se trata el caso.

El señor Mejía Idrovo (MI) es miembro del Ejército del Estado de Ecuador. En su carrera había llegado al grado de Coronel del Ejército. En el año 2000 solicitó al Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre que lo calificara para ascender al grado de General. En diciembre de ese mismo año el Consejo mencionado le remite una nota donde se le notifica a la víctima su cesantía y no aceptación de su pedido de ascenso. MI solicita que dicha decisión sea revisada, pero el Consejo le comunica que dicha decisión fue ratificada (párrafo 45 de la sentencia para sentencia).

Luego el Poder Ejecutivo del Estado demandado emite dos decretos prácticamente con el mismo objeto, remover a MI de su cargo (párrafo 46). Ante esa situación la víctima impugna judicialmente los dos decretos con el siguiente objeto: que sean dejados sin efecto; la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo declaró inadmisible el amparo interpuesto y dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional (párrafo 47). Todo ello transcurrió entre junio y julio de 2001. En octubre del mismo año MI interpuso un recurso de inconstitucionalidad, ante la Sala Plena del Tribunal Constitucional, impugnando los dos decretos que lo removían de su cargo y solicitando que se lo reincorpore en su cargo. Dicho Tribunal dispuso, el 12 de marzo de 2002, la inconstitucionalidad de los decretos y “la reparación de los daños causados” a MI (ver párrafo 49).

De aquí en adelante el accionar de MI consiste en intentar dar cumplimiento a la parte dispositiva de la sentencia (del 12 de marzo de 2002) que tenía bajo el brazo. En el medio el Tribunal Constitucional dice que la sentencia es ejecutable desde que fue publicada en el Registro Oficial (4 de abril de 2002). En esta larga carrera por hacer cumplir la sentencia MI, ante un nuevo horizonte normativo y nuevas herramientas procesales a su disposición (reforma constitucional mediante), en abril de 2009 interpone ante la Corte Constitucional -anteriormente Tribunal Constitucional- acción por incumplimiento de la sentencia del 12 de marzo de 2002 contra el Comandante en Jefe del Ejército. El insistente MI logra que la Corte Constitucional perfile de manera más clara qué es lo que tiene que cumplir las autoridades del Ejército:

  • Reincorporación a la situación profesional que poseía antes de la expedición de los decretos.
  • Pago de los montos que dejó de percibir desde la declaración de inconstitucionalidad hasta la fecha de su reincorporación.

El Poder Ejecutivo, en octubre de 2010, emite un decreto por el cual dispone que MI sea reincorporado como Coronel del Ejército. No obstante el siempre insistente MI solicita a la Corte Constitucional que aclare el alcance de la sentencia en lo relativo al ascenso que pretendía; la Corte no le da la razón y rechaza la posibilidad, según la cual, la reparación incluye el ascenso (párr. 59).

En el caso concurren las peticiones de responsabilidad internacional del Estado demandado desde dos fuentes argumentales: la Comisión y los representantes de las víctimas. En ese punto existe una dispersión en la estrategia en orden al señalamiento de los hechos que constituyen violaciones de la Convención por parte del Estado. La Corte, en ese contexto, únicamente declara que el Estado violó el art. 25.1 y 25.2.c) de la Convención. Sobre la argumentación de la Corte sobre este dispositivo convencional centraremos nuestro análisis.

Podemos decir que la argumentación de la Corte IDH está orientada a delimitar las formas en las que debe ser redactada y aplicada la parte dispositiva de una sentencia. Y toda su argumentación la despliega en el ámbito del art. 25 de la CADH, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante un juez competente. A ese derecho la Corte, históricamente, le ha adscrito dos características que deben poseer los recursos, deben ser adecuados y efectivos.

La Corte luego de afirmar que los recursos intentados por la presunta víctima han sido los adecuados para a analizar la efectividad del recurso. En orden al carácter efectivo de los recurso se afirma que el artículo 25.1 no exige solamente un reconocimiento formal de vías procesales sino que además exige que el resultado de un proceso judicial de respuestas y resultados a las violaciones de derechos fundamentales. Es decir que la sentencia judicial debe poseer virtualidad en la realidad, restableciendo el goce y ejercicio del derecho violado. En palabras de la Corte “…el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento”. Este estándar lo construye a partir de un conjunto de precedentes pero donde avanza sobre esta construcción es en el párrafo 96 encorsetando aún más la discrecionalidad judicial al momento de redactar el “dispone” de las sentencias:

“para mantener el efecto útil de las decisiones, los tribunales internos al dictar sus fallos en favor de los derechos de las personas y ordenar reparaciones, deben establecer de manera clara y precisa  ―de acuerdo con sus ámbitos de competencia― el alcance de las reparaciones y las  formas de ejecución de las mismas.

Ese es el estándar o regla que la Corte adscribe al art. 25 y con el cual resuelve el caso afirmando (párr. 97 y 98) que la sentencia del 12 de marzo careció de las características mencionadas en las citas realizadas; recordemos que dicha sentencia había dispuesto “la inconstitucionalidad de los decretos y ‘la reparación de los daños causados’ a MI”.

Es una sentencia interesante de la Corte IDH por cuanto establece criterios y directrices para la elaboración de la parte dispositiva de las sentencias de los tribunales internos de los Estados parte de la Convención. El estándar mencionado viene a poner restricciones a la discrecionalidad (¿necesaria?) que posee toda jurisdicción para modelar la forma de sus decisiones. Vía interpretación la envergadura del art. 25.1 continúa creciendo.

Queda para la reflexión posterior de qué manera se compatibiliza el presente estándar con el margen de actuación que todo tribunal constitucional necesita para maniobrar en sus sentencias frente a los poderes políticos, sobre todo en las sentencias llamadas apelativas o exhortativas. O, en el mismo sentido, la compatibilización con los procesos o litigios estructurales. Otra cuestión dentro de la cual hay que continuar reflexionando es en qué medida el estándar elaborado por la Corte IDH puede llevar a que un tribunal ingrese en zonas de competencia de los poderes políticos del Estado por la precisión que se le exige a sus decisiones.

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El control de convencionalidad (CC) puede verse de dos maneras en su primera aproximación. Como algo novedoso, nuevo, creativo, de avanzada. O, desde otra óptica, como un mecanismo jurídico de control que es preexistente pero que de un tiempo a esta parte ha recibido nombre y algunas explicitaciones en relación a sus contornos, dimensiones y proyecciones sobre las jurisdicciones domésticas de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O quizás ambas, de todos modos en este comentario preliminar nos inclinamos por la segunda de las apreciaciones.

Cabe aclarar, además, que la temática del CC hace a la (siempre) inevitable tensión del derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho constitucional y las jurisdicciones supremas de cada uno de estos sistemas.

¿Qué es el control de convencionalidad?

Dentro de las respuestas a esta pregunta, de forma de proponer algunas bases para decir algo sobre el CC (en este post y sucesivos), debemos preguntarnos además: quién controla y quién es controlado. Por otro lado cuál es el material jurídico que sirve de base para ejercer dicho control, es decir el sustento normativo, cuál es el alcance que le damos (o qué metemos dentro del, para decirlo de otro modo) de esto que llamamos material controlante. Esto, entendemos, son las primeras respuestas que hay que dar para construir y desarrollar esta temática, la del CC.

Para realizar esta primera aproximación es necesario reproducir para quien no esté familiarizado con algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Almonacid Arellano (párr. 124)

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”

Trabajadores Cesados del Congreso (párr. 128).

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.”

¿Quién controla?

Según los precedentes que citamos el CC es desplegado en dos dimensiones, opuestas jerárquicamente (a nuestro entender), en el sistema interamericano en cabeza de la Corte IDH, y en las jurisdicciones de los estados parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) los jueces todos, tanto los Tribunales Constitucionales como los jueces inferiores.

¿Quién es controlado?

Ante el sistema interamericano, es la Corte IDH quien controla al Estado (lo cual implica sus tres poderes). Y en los ámbitos domésticos los jueces son los encargados de desplegar dicho control a los restantes dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es la base normativa de dicho control? ¿Y cuál es su alcance?

La alusión a este tipo de control define la base normativa de la que hablamos, esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de la “Convención”, si solo al instrumento firmado por los Estados parte o a alguna otra “cosa”.

Sobre este último punto cabe hacer alguna disquisición.

Todo instrumento al ser aplicado por un órgano lleva ínsita una tarea de interpretación. Entonces, de allí que es dable interrogarse respecto del lugar que ocupa la jurisprudencia (en sentido amplio) de la Corte IDH al momento de definir la base normativa de la que se nutre el CC.

En ese sentido, no caben dudas de que la Corte IDH entiende que su jurisprudencia debe servir de base para la aplicación de la CIDH, en términos por demás claros: en el CC “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana intérprete último de la Convención Americana”

Lo cual da como resultado que los poderes judiciales de los estados parte de la Convención se encuentran vinculados a la Convención, desde ya, pero también a la interpretación que ha hecho la Corte IDH del mencionado instrumento.

Víctor Bazán en una reciente ponencia ha dicho que este entuerto debe resolverse en clave horizontal y no jerárquica. En concreto ha sostenido que la interacción que comentamos tiene o debe darse en términos de cooperación y no en una relación jerárquica entre ambas instancias, la internacional y la de los jueces internos. Puede verse como una aspiración con ánimos conciliatorios pero lo cierto es que tal entuerto tiene como problema de base definir ¿cuál es la jurisdicción que determina en última instancia el instrumento al cual debe adecuarse todo el sistema jurídico de un determinado estado parte de la Convención? Es decir, la extensión de los derechos fundamentales de las personas y el actuar de los tres poderes del Estado. Cosa no menor teniendo en cuenta el poder que significa dicha tarea.

De allí que sea necesario actualizar el acervo jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina en cuanto a la articulación, interacción de esta, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolviendo, entre otras, la cuestión del criterio que guiará dicha interacción, si lo hará en clave horizontal o vertical. Desde los precedentes de la Corte IDH la cuestión es bastante nítida y se presenta como punto al cual debe adecuarse los pronunciamientos de los jueces internos a la Convención y a la interpretación de la Corte Interamericana.

Ver el paper de Bazán: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”

 

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