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Posts Tagged ‘Control de Convencionalidad’

Continuamos con el segundo post de “El control de convencionalidad desde la Procuración” (el primero puede verse aquí) con un dictamen firmado por Esteban Righi el 10 de marzo de 2010, en la casus “Acosta, Jorge”. Podemos decir que el análisis del dictamen se enfoca en dos puntos:

a.  Estatus jurídico de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
b.  Y la aplicabilidad de la doctrina “Bayarri” al caso de la ley 24.390, reformada, en cuanto a la prórroga de la prisión preventiva.

Centraremos nuestro análisis sobre la primera de las cuestiones que resulta de interés. El Dictamen aborda dicho entuerto desde dos perspectivas: (i) según el derecho interamericano y (ii) según el derecho y la jurisprudencia argentina.

(i) El dictamen parte de un análisis textual del artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que afirma respecto de las “decisiones” de la Corte IDH: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.” La clave es la palabra decisión a la cual se le aplica un criterio restringido de interpretación para determinar su alcance.

“…la decisión de la Corte Interamericana en un caso contencioso es obligatoria respecto de un Estado parte en la Convención Americana que aceptó la competencia de la Corte Interamericana y fue parte en el proceso internacional concreto en el cual esa decisión fue dictada y, además, lo es exclusivamente en relación con ese proceso concreto.”

Con dicho párrafo extingue morigera la proyección de la doctrina del control de convencionalidad (CC) eliminando el efecto erga omnes de los fundamentos de las sentencias de la Corte IDH. Es decir que lo único obligatorio para un Estado parte de un litigio ante la Corte IDH es la parte dispositiva de la sentencia (para ese caso), no sus fundamentos.

(ii) El dictamen trae a la discusión el precedente “Giroldi” donde la Corte afirmó que la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales. De allí, dice el procurador, “se podría pensar que esta doctrina sostiene el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. Pero el término “servir de guía” posee un alto grado de indeterminación y, por tanto, ofrece alternativas para fijar su alcance.

Para oponerse a asignarle obligatoriedad a la jurisprudencia de la Corte IDH se afirman argumentos de diversa índole. De otorgarle dicho estatus a la jurisprudencia de la Corte IDH se estaría flexibilizando el procedimiento de reforma constitucional y se otorgaría la competencia para interpretar una porción de la Constitución en detrimento de la función que el art. 116 le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con lo cual se propone en el dictamen que el Poder Judicial del Estado Argentino “está obligado a tener en consideración la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. No obstante esta obligación no debe ser ejercida de manera automática e irreflexiva. Y condiciona dicha aplicación a un estándar o criterio de aplicación.

El estándar se integra con los siguientes criterios.

    • Verificar la existencia de jurisprudencia sobre la cuestión debatida en el proceso interno.
    • Identificar la doctrina o ratio decidendi de la sentencia o sentencias que se intente aplicar.
    • Examen de la aplicabilidad prima facie de esas doctrina al caso concreto.
    • Examen de la compatibilidad de la doctrina aplicable prima facie con el orden jurídico constitucional.

Parece desprenderse de la argumentación del Procurador una pretensión integradora entre las exigencias actuales del sistema interamericano -en orden al despliegue del control de convencionalidad en los ordenamientos internos- y los márgenes de actuación de las jurisdicciones locales. No obstante observamos que en los términos que se formula el criterio de aplicabilidad de una doctrina judicial internacional es bastante abierto, lo cual va en detrimento de la real vigencia del CC. Pero, al mismo tiempo, afirma un deber de -en palabras del Procurador- discutir razonadamente la doctrina judicial de un órgano internacional al momento de analizar su aplicabilidad a un caso concreto.

La intención del post es, simplemente, visualizar el tema en la agenda de casos de la Corte Suprema, mostrar los argumentos y entender que el Tribunal deberá abordar el tema de la integración, en el marco del bloque de constitucionalidad, tanto de los instrumentos de protección de los derechos humanos como de los órganos de control que los interpretan y aplican, junto con las disposiciones de nuestro ordenamiento y  los jueces que las aplican. En esa integración la Corte tiene un papel que deberá delinearlo para establecer criterios de interacción entre las jurisdicciones domésticas e internacionales. Por el momento nuestro Tribunal ha decidido dialogar en los fundamentos de sus sentencias con dispositivos convencionales y sentencias de jurisdicciones internacionales sin un criterio de fondo, en cuanto al estatus jurídico de los pronunciamientos de aquellas jurisdicciones.

§

También nos interesa señalar que al dictamen del Procurador se remiten un total, hasta donde sabemos, de veinticinco causas dónde se plantean análogas cuestiones y el Procurador opina que deben ser resueltas esas causas como la de “Acosta”.

Recomendamos lectura en el blog de Todo sobre la Corte un interesantísimo post sobre el tema, desbrozándolo con mucha agudeza.

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Algo sobre el Control de Convencionalidad (CC) ya hemos dicho (acá). En esta oportunidad centramos el análisis en dos aspectos de importancia dentro del CC que desdoblamos en dos post diferentes. Nos referimos al valor jurídico de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al alcance que se le asigna a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH. Para asomarnos al tema utilizaremos el balcón que se nos provee desde la Procuración General de la Nación en dos dictámenes (emitidos siempre de manera previa a sentencias de la CSJN como opiniones no vinculantes) de casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de la CSJN.

Sin dudas el valor jurídico que poseen, en el derecho interno de cada uno de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace a en buena medida al CC. Puesto que estas recomendaciones –contenidas en informes- pueden suscitar controversias en cuanto a su aplicación en orden a la plena vigencia de los Derechos Humanos. Y, en particular, pueden ser citados como vasos contenedores de interpretaciones del alcance de dispositivos convencionales.

Veamos.

Dictamen en el caso: “Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut”

Hechos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenó al Estado Nacional a pagar a la actora una indemnización por la denegación de justicia y no por la cesantía de su cargo de Juez en virtud de la (a su entender) obligatoriedad de los Informes de la CIDH. Sucede que el demandante reclamaba el cumplimiento de una recomendación de la CIDH en el informe de fondo nº 30/97 Gustavo Carranza: “a. Recomienda que el Estado argentino indemnice adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones mencionadas en el párrafo anterior”. De esa recomendación la actora entiende que procede la restitución en su cargo.

Ante tal pronunciamiento, la actora y el Estado Nacional interpusieron recurso extraordinario federal, que ante su desestimación por parte de la Cámara, van en queja ante la CSJN.

El recurso del actor se funda en atacar la sentencia de Cámara por “quedarse corta”. Es decir que para Carranza Latrubesse, además de la indemnización, debe removerse el acto que dispuso su cesantía en virtud de la recomendación emitida por la CIDH en el informe ya mencionado.

El recurso de la demandada sostienen que:

  • No debió interponerse la demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores sino contra el Poder Ejecutivo. No hace lugar al pedido de falta de legitimación pasiva.
  • Falta de agotamiento de la vía administrativa. Tampoco se hace lugar a este agravio.
  • No obligatoriedad de los Informes de la Comisión. Este es el punto que nos interesa y pasamos a desarrollar.

Valor jurídico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el comienzo de su análisis el Procurador deja en claro que los dispositivos convencionales en juego no dan una solución determinante en orden a resolver la cuestión del valor jurídico de las recomendaciones. Pues la convivencia dentro del artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de los términos “recomendación” y “debe” propone un panorama en el cual es necesario optar por una de las soluciones que brinda la redacción del artículo: obligatoriedad o no obligatoriedad.

Para construir su argumentación y opinión el Procurador General (PG) analiza el art. 52, desde una postura sistemática, jurisprudencial –tanto del sistema interamericano como de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina-. Y a eso le agrega doctrina sobre el tema. Y concluye que todos esos enfoques dan como resultado la no obligatoriedad de las recomendaciones de la CIDH. Veamos.

Interpretación de la CADH.

El PG afirma que desde una interpretación sistemática de la CADH y del Sistema Interamericano de protección las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes en tanto que el art. 51 inc. 1 al facultar a la CIDH a someter un caso a la Corte IDH (¿cuyas sentencias son obligatorias? Veremos en otro post) perdería todo sentido en tanto que en tal caso la CIDH podría imponer por ella misma reparaciones a un Estado parte. Vaciando de contenido, según el PG, las previsiones del mencionado artículo. A lo cual, entiende, se le suma que la Corte IDH en ese contexto se convertiría en una etapa recursiva.

Jurisprudencia de la Corte IDH

Cita los casos “Caballero Delgado y Santana vs Colombia”, “Genie Lacayo”. Donde la Corte IDH no equipara sus pronunciamientos con las recomendaciones de la CIDH en cuanto a su obligatoriedad pero morigera esta afirmación con el principio de buena fe en materia de cumplimiento de instrumentos internacional, esto es, realizar “los mejores esfuerzos” para aplicar las recomendaciones de la CIDH.

El gran inconveniente en términos de vigencia efectiva de los derechos humanos es las consecuencias en el derecho interno que, entiende el PG, se desprenden de tal razonamiento. En sus palabras:

“Esto significa que si un Estado incumple una recomendación de la Comisión Interamericana, la parte que se habría beneficiado con el cumplimiento de  la recomendación no puede ejecutarla judicialmente en los tribunales internos demandando al Estado incumplidor, pues no existe obligación estatal de cumplir dicha recomendación. Las únicas consecuencias de un incumplimiento por parte del Estado permanecen en el plano internacional.”

Ante ello dice el Procurador la CIDH puede:

  • Someter el caso a la Corte IDH
  • Publicar el Informe Final del art. 51.
  • Comunicar a la OEA tales incumplimientos.

No obstante ello el PG no hace mención de lo que sucede con el damnificado, que obtiene un pronunciamiento de la CIDH declarando que un Estado parte violó sus derechos y no puede hacerlos efectivo en el derecho doméstico del Estado de que se trate. Y, creo, aquí está el mayor problema, la ausencia de vigencia efectiva de los derechos humanos en estos casos.

Jurisprudencia de la CSJN

Al respecto, en relación con la propia jurisprudencia de la Corte, la que por el momento sigue siendo Suprema, no obstante control de convencionalidad, es necesario tener en cuenta algunos precedentes conocidos por todos. Por un lado el caso “Bramajo” que determino que:

La opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales.”

Aquí la CSJN, cabe decirlo, está determinando –además- el alcance de la cláusula constitucional que acoge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico que dice, entre otras cosas, que un conjunto de instrumentos de protección de los DDHH tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esta última frase es la que está interpretando la CSJN.

Y en el caso Acosta la CSJN en mayoría de 8 (con concurrencia de dos votos) a 1 afirmó interpretando su precedente (Bramajo, ya mencionado) que:

“si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial.”

El control de convencionalidad en cuanto al estatus jurídico de las recomendaciones de la CIDH actualmente, por lo menos en mi opinión, encuentra dificultades en la interpretación judicial que ha hecho la CSJN, interprete último de nuestra Constitución. En tanto que no se le asigna un carácter vinculante para el Estado Argentino a los informes de la CIDH. Podemos decir que prima la doctrina de los “mayores esfuerzos” y no la de una imposición obligatoria en cuanto a su cumplimiento. Queda entonces pendiente un pronunciamiento de la CS en su actual composición y en cuanto salga una sentencia de la CSJN sobre esta causa haremos el seguimiento y post correspondiente.

En cuanto al trámite del caso es posible observar en la página de la Corte que el mismo se encuentra en la vocalía de Argibay desde el 28 de abril de 2011, listo para emitir sentencia.

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El control de convencionalidad (CC) puede verse de dos maneras en su primera aproximación. Como algo novedoso, nuevo, creativo, de avanzada. O, desde otra óptica, como un mecanismo jurídico de control que es preexistente pero que de un tiempo a esta parte ha recibido nombre y algunas explicitaciones en relación a sus contornos, dimensiones y proyecciones sobre las jurisdicciones domésticas de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O quizás ambas, de todos modos en este comentario preliminar nos inclinamos por la segunda de las apreciaciones.

Cabe aclarar, además, que la temática del CC hace a la (siempre) inevitable tensión del derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho constitucional y las jurisdicciones supremas de cada uno de estos sistemas.

¿Qué es el control de convencionalidad?

Dentro de las respuestas a esta pregunta, de forma de proponer algunas bases para decir algo sobre el CC (en este post y sucesivos), debemos preguntarnos además: quién controla y quién es controlado. Por otro lado cuál es el material jurídico que sirve de base para ejercer dicho control, es decir el sustento normativo, cuál es el alcance que le damos (o qué metemos dentro del, para decirlo de otro modo) de esto que llamamos material controlante. Esto, entendemos, son las primeras respuestas que hay que dar para construir y desarrollar esta temática, la del CC.

Para realizar esta primera aproximación es necesario reproducir para quien no esté familiarizado con algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Almonacid Arellano (párr. 124)

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”

Trabajadores Cesados del Congreso (párr. 128).

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.”

¿Quién controla?

Según los precedentes que citamos el CC es desplegado en dos dimensiones, opuestas jerárquicamente (a nuestro entender), en el sistema interamericano en cabeza de la Corte IDH, y en las jurisdicciones de los estados parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) los jueces todos, tanto los Tribunales Constitucionales como los jueces inferiores.

¿Quién es controlado?

Ante el sistema interamericano, es la Corte IDH quien controla al Estado (lo cual implica sus tres poderes). Y en los ámbitos domésticos los jueces son los encargados de desplegar dicho control a los restantes dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es la base normativa de dicho control? ¿Y cuál es su alcance?

La alusión a este tipo de control define la base normativa de la que hablamos, esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de la “Convención”, si solo al instrumento firmado por los Estados parte o a alguna otra “cosa”.

Sobre este último punto cabe hacer alguna disquisición.

Todo instrumento al ser aplicado por un órgano lleva ínsita una tarea de interpretación. Entonces, de allí que es dable interrogarse respecto del lugar que ocupa la jurisprudencia (en sentido amplio) de la Corte IDH al momento de definir la base normativa de la que se nutre el CC.

En ese sentido, no caben dudas de que la Corte IDH entiende que su jurisprudencia debe servir de base para la aplicación de la CIDH, en términos por demás claros: en el CC “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana intérprete último de la Convención Americana”

Lo cual da como resultado que los poderes judiciales de los estados parte de la Convención se encuentran vinculados a la Convención, desde ya, pero también a la interpretación que ha hecho la Corte IDH del mencionado instrumento.

Víctor Bazán en una reciente ponencia ha dicho que este entuerto debe resolverse en clave horizontal y no jerárquica. En concreto ha sostenido que la interacción que comentamos tiene o debe darse en términos de cooperación y no en una relación jerárquica entre ambas instancias, la internacional y la de los jueces internos. Puede verse como una aspiración con ánimos conciliatorios pero lo cierto es que tal entuerto tiene como problema de base definir ¿cuál es la jurisdicción que determina en última instancia el instrumento al cual debe adecuarse todo el sistema jurídico de un determinado estado parte de la Convención? Es decir, la extensión de los derechos fundamentales de las personas y el actuar de los tres poderes del Estado. Cosa no menor teniendo en cuenta el poder que significa dicha tarea.

De allí que sea necesario actualizar el acervo jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina en cuanto a la articulación, interacción de esta, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolviendo, entre otras, la cuestión del criterio que guiará dicha interacción, si lo hará en clave horizontal o vertical. Desde los precedentes de la Corte IDH la cuestión es bastante nítida y se presenta como punto al cual debe adecuarse los pronunciamientos de los jueces internos a la Convención y a la interpretación de la Corte Interamericana.

Ver el paper de Bazán: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”

 

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