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Posts Tagged ‘Códigos’

Una nota muy interesante de M. Bomer en LN. Por estos días en Argentina estamos asistiendo a la discusión de un nuevo código procesal en materia penal que pretende virar de un sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio.

En el sistema acusatorio hay una traslación de poder desde los jueces hacia los fiscales. Estos últimos decidirán qué delitos investigan y cuáles no, independientemente de que todos ellos estén regulados en la ley penal. Ellos llevarán la agenda de la política criminal a partir de una serie de dispositivos legales del código procesal que denominamos criterios de disposición de la acción penal.

M.B pone el dedo en un tema sensible, sobre el control de los fiscales dada la capacidad que poseen en un sistema acusatorio para tomar decisiones respecto de la persecución de los delitos. El punto que marca el comentario de MB es que son los fiscales los que llevarán “adelante la política criminal del Estado nacional”.

Mi punto, a partir de la nota, es que debe existir una “política criminal” previa para ser llevada adelante. De no ser así, la misma práctica de los fiscales será la que determine una decisión de qué delitos les interesa al Estado Argentino investigar y encontrar a los culpables. La nota propone una control democrático de esta agenda de política criminal.

Un punto que, tomando en cuenta este control de la agenda, va más allá y se pregunta por la posibilidad de una agenda de política criminal democráticamente constituida. Es decir el pueblo -luego el problema es la intensidad de esta intervención- determinando sobre la base de la legislación penal, qué investigar y qué no investigar.

Nuevamente nos encontramos frente a un desafío enorme en nuestra democracia que invita a pensar sobre el alcance e intensidad de nuestra democracia, en este caso frente a la posibilidad de que sea el pueblo decidiendo qué delitos son de tal envergadura que debemos investigarlos y cuáles no.

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Mucho se está diciendo, criticando y analizando en relación a la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC). Es un “big bang legislativo”, como dice Maurino, la promulgación de esta ley.  No obstante existen muchas voces críticas sobre las condiciones en las cuales se ha dado su sanción, sobre todo en punto a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución.

En la sesión de la Cámara de Diputados el presidente del cuerpo (versión taquigráfica acá), luego de la exposición de motivos de la miembro informante, afirmó que:

“Lamentablemente, en la Argentina las formas siempre terminan siendo más importantes que las transformaciones de fondo. Justamente por esta razón muchos dirigentes políticos no pudieron entender las transformaciones que se han dado en nuestro país”.

La afirmación tan categórica del diputado presenta algunos inconvenientes problemáticos, por lo menos en dos niveles. En un plano teórico podemos decir que las mejores y más sofisticadas teorías de la democracia (pienso, por caso, en la teoría deliberativa de la democracia de Nino) asignan una importancia trascendente a los criterios procedimentales, dado que estos hacen de resguardo para garantizar que las decisiones democráticas sean producto de un debate basado en razones. Es decir que la densidad democrática de las decisiones está directamente ligada al cumplimiento de los requisitos procedimentales, a las “formas” de acuerdo a la cita. Las mejores decisiones (“transformaciones de fondo”) son aquellas que han sido discutidas y debatidas dentro de los marcos procedimentales que garantizar un procedimiento de deliberación democrático (“las formas”).

En un plano vinculado con las normas vigentes que rigen el procedimiento (texto constitucional y reglamentos de cada una de las Cámaras), para sostener la inconstitucionaildad del CCyC se deberá demostrar cómo el dictamen aprobado por la Comisión Bicameral, las modificaciones introducidas por el Senado, el tratamiento directo de la media sanción de Senado -modificando el dictamen de la Bicameral, en la Cámara de Diputados viola el procedimiento de sanción y formación de las leyes establecido en la Constitución.

 Una vez más no hemos sabido aprovechar, como comunidad política, la ocasión de una norma de importancia para comprender que nuestra práctica democrática requiere de procedimientos que garanticen debate, deliberación de razones para producir las mejores normas. La posición del Presidente de la Corte como redactor del Código y Presidente de la Comisión redactora me hace pensar en la escasa posibilidad que existe que se revise la constitucionalidad del Código por el Poder Judicial.

 

Recomendamos esta nota de Lucas A. con apreciaciones críticas también.

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Hoy, luego de casi tres años de idas y vueltas, de debates, discusiones se aprobará el texto definitivo que unifica un código civil y comercial en un solo cuerpo normativo.

Este hecho, por sí solo, es sumamente relevante para nuestra práctica constitucional dado que supone la regulación práctica de los derechos fundamentales de nuestro texto constitucional. No obstante el centro del debate no está ubicado en este tema, en el contenido de la decisión legislativa que comentamos. Todo lo contrario, la discusión está ubicada en cuestiones procedimentales relativa a las formas y términos de la discusión democrática.

Luego de 30 años de democracia nuestro congreso no ha podido arribar a acuerdos significativos de cómo canalizar los debates sobre temas que producen desacuerdos y brecha interpretativas sobre el alcance de nuestros derechos. Al momento que escribo estas líneas la Cámara de Diputados está debatiendo sobre el procedimiento para aprobar el código.

Este hecho desnuda una situación sumamente problemática. El órgano de mayor densidad democrática no encuentra las vías para dotar de legitimidad su voz en nuestra democracia constitucional. Mal o bien la Corte Suprema ha logrado sostener una voz respetada en la arena democrática. El Poder Ejecutivo ha sabido sostener su legitimidad en las elecciones. Sin embargo los legisladores no han sabido dotar de legitimidad a partir de sus debates y decisiones al Congreso. Los desajustes en los procedimientos del proyecto de código, las insoportables judicializaciones del procedimiento para impedir su debate, desnudan las incapacidades institucionales del Congreso para metabolizar sus desacuerdos por los canales propiamente democráticos sin embarrar y deslegitimar normas de tanta importancia.

Una vez más la construcción de una práctica constitucional común a todos queda vacante y los actores políticos evidenciando sus imposibilidades para participar del procedimiento democrático.

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Coyuntura importante para el gremio, y para muchos ciudadanos, por la modificación –posible y eventual- del Código Civil y Comercial (CCyC). Variedad de temas e infinidad de artículos (2.671 artículo!) para analizar y criticar. En esta ocasión nos referimos, rápidamente, a un tema álgido: la jerarquía normativa diferenciada de la Iglesia Católica con respecto a otras expresiones religiosas.

Como ya es conocido tanto el anteproyecto elaborado por la Comisión redactora, como el proyecto presentado por el Ejecutivo al Senado de la Nación conserva el estatus jurídico diferenciado de la Iglesia Católica en detrimento de otras expresiones religiosas.

Desde este espacio, pequeño, humilde, hacemos fuerza para que esta cuestión sea modificada –halo de valentía mediante- por nuestros legisladores. Desde aquí proponemos algo sencillo: la equiparación de las expresiones religiosas como personas jurídicas de derecho privado que deben regirse por sus estatutos en cuanto a su funcionamiento interior. Junto con la eliminación de la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público.

Algunas son las cuestiones que apoyan y facilitan esta modificación:

  1. La necesidad adecuar la regulación de los cultos al principio de igualdad y separación de la iglesia con respecto a la religión.
  2. Dotar de una interpretación al art. 2 de la Constitución, por parte del Congreso, lo más restringida que sea posible en orden a limitar el otorgamiento de privilegios al culto católico.
  3. Continuar en línea con el proceso de separación del Estado con respecto al culto católico, de la reforma del ’94. La ley declarativa de reforma habilitó al constituyente reformador de manera expresa a que modificara el anterior art. 76 donde se establecía como requisito para ser elegido Presidente pertenecer a la religión católica, como así también la fórmula del juramento del anterior art. 80, bajo el acápite “coincidentemente con el principio de libertad de cultos se eliminara el requisito confesional para ser presidente de la Nación” (con mayúsculas en el original). En ese mismo sentido el constituyente del ’94 se expidió sobre la conversión de los indios al catolicismo conforme al anterior art. 67 inc. 15, eliminándola de la Constitución (por habilitación de la ley 24.309 art. 3 a. LL.). Cabe aclarar que la convención reformadora del ’94 estaba impedida de modificar la primera parte de la Constitución, lugar donde se encuentra el art. 2 que comentamos. Puede observarse, entonces, como nuestra historia jurídico-constitucional avanza en el sentido de consagrar un Estado laico y separado de la religión.

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Nosotros estuvimos allí

Estuvimos el día en que la Comisión legisladora redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación expuso en la Comisión Bicameral que debatirá la modificación al Código Civil. Mucha solvencia de los tres integrantes, donde se destaca Kemelmajer en su lenguaje llano, claridad para exponer y contestar preguntas de los legisladores. Por su lado Ricardo Lorenzetti (RL) tiene un manejo de la oratoria muy bueno y en un tono monocorde pero lo más destacable es la facilidad para esquivar las preguntas punzantes que podría llegar a generar tensiones con el Poder Ejecutivo. La frase para salirse del brete fue “es una opción legislativa razonable”, gran giro del lenguaje que le permitió esquivar artillería pesada –sobre todo del diputado Gil Lavedra- en clave netamente política.

Más allá del momento histórico en el que pudimos estar presentes me interesa resaltar dos afirmaciones de RL a lo largo de su exposición que, según entiendo, son índice de una cultura codificada-civilista-infraconstitucional.

Importancia de un Código

RL dice que el Código es algo bien distinto a una Ley (!)

“por cuanto este es un proyecto que no se asemeja a una ley. Un código es un ordenamiento de vida […] hay que pensarlo en una expectativa de cien años, no de un día o de dos días. Todas las tareas de codificación tienen esa perspectiva. Es muy distinto el régimen del Código que el de una ley. Normalmente, los Códigos pretenden tener una vocación prolongada en el tiempo y regir durante muchos años…” [versión taquigráfica]

Parece ser que RL coloca, no sé con qué argumento, al código por encima de las leyes afirmando que son cosas diferentes. He allí un grosero error de perspectiva. Desde una lectura constitucional el llamado código es una ley del Congreso, sujeta a control de constitucionalidad en cuanto a su aspecto formal (art. 77 a 84 CN) y sustantivo (art. 28 de la CN) y con igual jerarquía a cualquier otra ley emanada del Congreso inferior a la Constitución.

Por otro lado RL afirma que:

“cuando hablamos de un código de derecho privado y es casi la constitución que rige los aspectos más concretos de los ciudadanos de este país” [sic].

Nuevamente, entiendo, la perspectiva es errada. Un código es una ley que por más amplitud e injerencia en la vida cotidiana que tenga no puede afirmarse que es como la Constitución Nacional. Porque de allí se infiere una debilidad del control de constitucionalidad sobre el código y también una interpretación del ordenamiento desde el código cuando una perspectiva constitucional exige una interpretación constitucional del ordenamiento jurídico (cita que tomo de este libro de Cayuso), incluso del código, que es una ley.

La democracia de los civilistas

Notemos lo siguiente. RL describe con generalidades la abierta participación de los hombres y mujeres del derecho en el armado del anteproyecto por un tiempo que se extendió en aproximadamente un año, en ámbitos académicos, técnicos si se quiere. No obstante el oficialismo en el Congreso pretende aprobar un código en 90 días [según resolución de ambas cámaras, art. 5. a]. De allí podemos ver el mayor debate que tendrá el proyecto en los ámbitos académicos a diferencia del tiempo que tendrá de debate en el Congreso (!).

[Dejamos el link de esta entrada del blog de @domingorondina sobre una puja histórica: Alberdi vs Velez Sarfield]

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Luego de varias dilaciones, donde no sabíamos con certezas –más allá de las especulaciones- cómo se instrumentaría el procedimiento de debate del Código Civil y Comercial, finalmente ambas Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, decidieron avanzar con este primer paso: el procedimiento para aprobar el nuevo Código Civil y Comercial (CCyC). ¿Qué decidieron? ¿Qué nivel de adecuación tiene esa decisión con el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece la Constitución Nacional? Frente a esas dos preguntas vamos a socializar algunos elementos de análisis. Socializar decimos porque ha tenido una escaza repercusión el debate sobre esta cuestión procedimental.

*

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron proyectos de resolución con el mismo contenido y con similitudes a la propuesta de tratamiento que “sugería” el Ejecutivo en el mensaje de elevación del CCyC.

Básicamente las objeciones al proyecto que impulsó el oficialismo se centraban en el plazo que “aparentemente” se le imponía a la Comisión Bicameral para emitir un despacho aprobando el CCyC. Pero hay algunas otras objeciones, provenientes de la Coalición Cívica –en diputaos-, relativas a la violación, del procedimiento aprobado, al capítulo de la formación y sanción de las Leyes. En el dictamen disidente se impugnaba el procedimiento elegido por dos razones:

El procedimiento establecido viola la Constitución Nacional (CN) en tanto que no permite que una vez que emita despacho la Comisión Bicameral, este sea discutido por las Comisiones Permanentes de cada una de las Cámaras.

De allí que al circunscribir la discusión únicamente en la Bicameral se estaría negando la posibilidad de expresión a las fuerzas políticas que no la integrarán pero que sí participan de las comisiones permanentes.

Discutible. Afirmaría, aun, que el procedimiento establecido para la aprobación de las leyes determinado por nuestra CN permite o posibilita, en tándem con el reglamento de cada Cámara, el modo en el que terminó probado el procedimiento para debatir el CCyC por cada Cámara.

Debido proceso legal adjetivo

Veamos. En primer lugar el capítulo de la CN que se afirma violado por el procedimiento aprobado no menciona en ningún momento la intervención de las Comisiones, salvo el tratamiento en particular del art. 79. Diría que más bien en ese capítulo de la CN se encuentra regulado el procedimiento de sanción de las leyes pero entre las “Cámaras” del Congreso y no cómo este se instrumenta en las Comisiones permanentes. Ese procedimiento en comisión está determinado por los reglamentos de cada una de las Cámaras. Es allí donde hay que ir a buscar los criterios que estableció cada Cámara para sustraer del tratamiento ordinario de un asunto y debatirlo por un procedimiento especial al interior de cada Cámara.

Cámara de Senadores [texto completo]

“Artículo 86: El Senado puede aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle a ésta, la creación de comisiones bicamerales obicamerales [sic] mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo hagan necesario. En cualquiera de los casos, aceptada la proposición, acordados el número de miembros y la representación de cada cuerpo, se procederá a elegir los senadores que habrán de integrarla observando lo dispuesto en el artículo 91”.

El art. 91 habla del respeto “en lo posible” de la representación política que se refleja en el pleno de la Cámara, también en la bicameral.

Cámara de Diputados [texto completo]

“Artículo 104: La Cámara, en los casos que estime conveniente, o en aquellos que no estén previstos en este Reglamento, podrá nombrar o autorizar al Presidente para que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos”.

El art. 105 utiliza la misma fórmula que el art. 91 del reglamento de Senado en relación al respeto “en lo posible” de las representaciones políticas.

De allí que la violación al procedimiento que se alega por uno de los partidos representados en la Cámara de Diputados no tiene base expresa en la Constitución. Dado que la CN, en el capítulo pertinente, nada dice respecto del trámite en comisión de los proyectos de ley. Y a eso se añade que los reglamentos de ambas cámaras permiten la creación de bicamerales para que traten asuntos y, además, en ambos reglamentos no se exige que el giro de los proyectos en comisiones sea siempre a las comisiones permanentes, sino que dice “Comisión respectiva” (art. 122 Reglamento de Diputados) y “comisión que corresponda” (art. 133 Reglamento del Senado). Entiendo que dentro de los márgenes, siempre amplios, de los reglamentos la competencia de la Bicameral desplaza la competencia de las comisiones permanentes en el tratamiento del Código Civil y Comercial. Con lo cual el procedimiento escogido está dentro de los márgenes de la CN y los reglamentos de ambas Cámaras.

*

Tres anotaciones finales. Dos nuevas y otra que ya la hemos mencionado en entradas anteriores.

(I) El proyecto de CCyC será debatido en la Bicameral, luego el despacho se comunicará al Senado que será la Cámara de origen. Luego la comunicará a Diputados, cámara revisora. Sucederá que la Cámara de Diputados, de hecho, quedará sin posibilidades de debatir el proyecto –en sesión- con miras a realizar modificaciones, dado que esto provocaría el reenvío a Senado. Cosa que el partido oficialista no promoverá. Por tanto en los hechos, salvo los 15 diputados que participen de la Bicameral el resto quedará desplazado del debate.

(ii) En relación al plazo de noventa días: los proyectos aprobados por las Cámaras no dice que en ese plazo debe estar despachada el asunto para que lo traten el pleno de cada cámara. Sino que la Bicameral contará con 90 días para emitir dictamen pero que su vigencia se extiende hasta “la aprobación” de CCyC.

(iii) Y lo ya dicho. Acá la entrada sobre Códigos y debate democrático y citamos una entrada del  Blog Ante la Ley de Lucas Arrimada en la misma línea. Donde se aporta una idea: ampliar el debate del Código como se hizo con la Ley e Medios.

La finalidad de la Bicameral es “preservar la unidad, integridad y coherencia que implica el dictado de un único Código Civil y Comercial” (art. 1 de los proyectos aprobados por ambas Cámaras). Es decir un órgano democrático defendiendo el trabajo de técnicos del derecho, académicos que no han sido electos por el pueblo. Otra vez, los vicios democráticos de nuestra legislación codificada.

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Decíamos hace un tiempo [en este post] que el proceso de discusión del eventual proyecto de Código Civil y Comercial unificado tendría vicios en términos democráticos. En el Blog, Ante la Ley, de @LucasArrimada leemos a Patricio Méndez Montenegro con críticas parecidas, y con mayor nivel de precisión, de algo que comentabamos en aquel post.

Dice PMM:

La comisión de expertos debatió este código en el ámbito académico de abogados especialistas en derecho privado. Sin embargo, teniendo una noción fuerte de democracia, se está lejos de entender este proceso como deliberativo, es decir, donde todos los potenciales afectados puedan participar con razones en la toma de decisiones. [post acá]

Post más que pertinente en tiempos dónde la toma de decisión es más importante que el marco democrático y deliberativo en el que se la toma.

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