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Posts Tagged ‘CIDH’

Rompemos el silencio en nuestro espacio y, a mano alzada, glosamos algunas consideraciones respecto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Costa Rica. Además especulamos sobre el posible impacto que puede tener esta sentencia en el marco de, por lo menos, dos discusiones –aún no zanjadas- en el marco de nuestro Poder Legislativo.

El caso se relaciona con una sentencia del Tribunal Constitucional de aquel país por el cual se declara la nulidad (párrafo 71 a 77 de la sentencia de la Corte) de un decreto del Poder Ejecutivo que regulaba las técnicas de reproducción asistida en aquel país.

Luego de un camino judicial las víctimas presentaron el Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió una serie de recomendaciones hacia el Estado demandado, que al no ser cumplidas íntegramente, la Comisión decidió someter el caso a la Corte.

Comenzando por el, final la Corte IDH condenó al Estado por haber violado el derecho de las víctimas a la integridad personal, vida privada, y a formar una familia. Aquí son interesantes las técnicas de interpretación que utiliza el Tribunal para encuadrar el caso y encontrar dentro de las disposiciones amplias de la Convención un derecho a ser sometido a una práctica de reproducción asistida.

Hay, también, una interesante argumentación por parte de la Corte al utilizar la fórmula de la ponderación de derechos en conflicto para dar una respuesta al caso (párr. 272 y sig.). Algo similar hizo la Comisión pero aplicando el test de proporcionalidad íntegramente. De esto nos encargaremos, probablemente, en entradas posteriores.

Ahora, yendo al punto que nos interesa, la Corte afirmó categóricamente dos cuestiones:

1. Que no hay concepción hasta tanto el embrión no sea implantado (párr. 187 de la sentencia). Por lo cual el embrión no posee el estatus de persona a los fines de la convención (párr. 223).

2. Y, en el párrafo 258 de la sentencia, puede leerse: “Los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención. En ese sentido, la clausula “en general” tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos.”

Estas dos determinaciones, le permiten a la Corte IDH ponderar las dos situaciones (embrión-mujer con infertilidad) para darle preeminencia a la mujer con infertilidad -jerarquía móvil de derechos-.

Pero es importante este caso para los argumentos sostenidos en dos debates de relevancia en nuestro sistema jurídico: la regulación penal del aborto y la consagración de las técnicas de reproducción asistida en el proyecto de Código Civil (ver art. 19 del proyecto). En ambos casos las cuestiones de mayor trascendencia son justamente las que categóricamente sostiene la Corte IDH.

En ambos debates se discute, sin una respuesta legislativa-democrática por el momento, en qué momento comienza la vida humana. Por el otro, en el marco del debate sobre el nuevo código civil, existe un conflicto sobre el art. 19 del proyecto que determina que la vida comienza a partir de la implantación del embrión en el seno materno. Esto lleva a discutir el estatus jurídico del embrión no implantado.

En cuanto a la regulación penal del aborto se debate sobre la jerarquías de los derechos de la madre y del hijo. La Corte IDH da una pista en el párrafo 258  citado, en el sentido que el derecho a la vida admite restricciones frente a otros derechos.

En definitiva, la discusión pública tiene nuevos argumentos, ya institucionalizados en un tribunal internacional de cierto prestigio, para ser esgrimidos en un marco democrático como el Congreso. De allí deberá salir la respuesta final a estas cuestiones pendientes.

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Varias son las cosas que nos interesan referenciar, si las separamos cada una en una entrada probablemente nunca las escribamos. Por ende ahí van, tres en una, liquidación de viernes. Dos relacionadas a las facultades legislativas del Poder Ejecutivo y una relacionada a la agenda de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IH).

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Impuesto a las ganancias

Notamos que hay bastante expectativa respecto del rol de Congreso, agitado por el Secretario General de la CGT,  en una eventual modificación del Impuesto a las Ganancias. Se observa, luego del paro con movilización convocado por el líder sindical, movimientos o intentos de movilizar este tema en el Congreso.

El impuesto a las ganancias está establecido por ley y con la última reforma en las sesiones extraordinarias de 2011 se estableció la siguiente facultad en cabeza del Ejecutivo:

“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”. (art. 4 Ley 26.731)

¿Qué sucede? El Congreso facultó al Poder Ejecutivo para que sea este el que tenga la posibilidad de modificar los montos del art. 23, es decir aumentar los montos del mínimo no imponible para cada categoría. Entiendo que esta es una facultad delegada en el marco del art. 76 de la Constitución Nacional (CN). Con lo cual sujeta a control del Congreso el decreto que emita el Ejecutivo incrementando los montos del art. 23. Atención, porque este control puede ser sorteado si las modificaciones, desde el Ejecutivo, se realizan con un decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

No obstante parece ser que algunos sectores de la oposición pretenden que el Congreso retome la facultad de modificar el mencionado art. 23. Pero más aún, se proponen reformas más abarcadoras. Ese debate puede verse en el despacho de comisión donde constan las posiciones de los diferentes bloques en relación al tema. Dicho despacho se dio en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas durante el año 2011.

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DNU’s

Sucedió algo bastante atípico, por lo menos para este observador, en algunas sesiones del Congreso posteriores a la estatización de YPF. En el marco de las estrategias del Ejecutivo para tener el control de la empresa, durante el proceso de discusión en el Congreso, emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) [530/12 y 557/12] interviniendo YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Es de nuestra práctica constitucional en esta temática que si una de las Cámaras aprueba el DNU de que se trate, la otra no le de tratamiento. Esto es debido a que la ley que regula el control de estos decretos (26.122) los dota de vigencia hasta que las dos cámaras no se pronuncien por el rechazo. Remitimos, para ampliar, a la etiqueta sobre el tema en el blog.

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Fecundación in vitro en la Corte IDH

Por otro lado mencionamos que en la agenda de los casos que la Corte IDH se encuentra uno relativo a la prohibición absoluta decretada por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de la fecundación in vitro regulada en un decreto presidencial. El objeto sobre el cual se centra el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la sentencia que prohíbe el tratamiento. Es interesante como en el Informe Reservado del art. 50 (que forma parte de la nota por la cual la CIDH somete el caso a la Corte IDH) se construye una decisión a partir del derecho a la intimidad (art. 11 de la CADH) y del derecho a la protección de la familia (art. 17). El argumento central está dado por el examen de proporcionalidad (o si se prefiere razonabilidad) que realiza la CIDH respecto de la sentencia prohibitiva. El caso sometido a la competencia contenciosa de la Corte IDH pone en perspectiva a partir de los derechos humanos el tema de los tratamientos para superar la infertilidad en las parejas que desean tener hijos (dentro del marco del derecho a la intimidad y la familia).

No obstante no queda claro el requisito, por parte de los peticionarios, de haber agotado todos los recursos en la jurisdicción interna. Veremos luego cual es el examen que realiza la Corte IDH del tema frete a las excepciones preliminares que, eventualmente, oponga el Estado de Costa Rica.

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Algo sobre el Control de Convencionalidad (CC) ya hemos dicho (acá). En esta oportunidad centramos el análisis en dos aspectos de importancia dentro del CC que desdoblamos en dos post diferentes. Nos referimos al valor jurídico de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al alcance que se le asigna a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH. Para asomarnos al tema utilizaremos el balcón que se nos provee desde la Procuración General de la Nación en dos dictámenes (emitidos siempre de manera previa a sentencias de la CSJN como opiniones no vinculantes) de casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de la CSJN.

Sin dudas el valor jurídico que poseen, en el derecho interno de cada uno de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace a en buena medida al CC. Puesto que estas recomendaciones –contenidas en informes- pueden suscitar controversias en cuanto a su aplicación en orden a la plena vigencia de los Derechos Humanos. Y, en particular, pueden ser citados como vasos contenedores de interpretaciones del alcance de dispositivos convencionales.

Veamos.

Dictamen en el caso: “Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut”

Hechos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenó al Estado Nacional a pagar a la actora una indemnización por la denegación de justicia y no por la cesantía de su cargo de Juez en virtud de la (a su entender) obligatoriedad de los Informes de la CIDH. Sucede que el demandante reclamaba el cumplimiento de una recomendación de la CIDH en el informe de fondo nº 30/97 Gustavo Carranza: “a. Recomienda que el Estado argentino indemnice adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones mencionadas en el párrafo anterior”. De esa recomendación la actora entiende que procede la restitución en su cargo.

Ante tal pronunciamiento, la actora y el Estado Nacional interpusieron recurso extraordinario federal, que ante su desestimación por parte de la Cámara, van en queja ante la CSJN.

El recurso del actor se funda en atacar la sentencia de Cámara por “quedarse corta”. Es decir que para Carranza Latrubesse, además de la indemnización, debe removerse el acto que dispuso su cesantía en virtud de la recomendación emitida por la CIDH en el informe ya mencionado.

El recurso de la demandada sostienen que:

  • No debió interponerse la demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores sino contra el Poder Ejecutivo. No hace lugar al pedido de falta de legitimación pasiva.
  • Falta de agotamiento de la vía administrativa. Tampoco se hace lugar a este agravio.
  • No obligatoriedad de los Informes de la Comisión. Este es el punto que nos interesa y pasamos a desarrollar.

Valor jurídico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el comienzo de su análisis el Procurador deja en claro que los dispositivos convencionales en juego no dan una solución determinante en orden a resolver la cuestión del valor jurídico de las recomendaciones. Pues la convivencia dentro del artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de los términos “recomendación” y “debe” propone un panorama en el cual es necesario optar por una de las soluciones que brinda la redacción del artículo: obligatoriedad o no obligatoriedad.

Para construir su argumentación y opinión el Procurador General (PG) analiza el art. 52, desde una postura sistemática, jurisprudencial –tanto del sistema interamericano como de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina-. Y a eso le agrega doctrina sobre el tema. Y concluye que todos esos enfoques dan como resultado la no obligatoriedad de las recomendaciones de la CIDH. Veamos.

Interpretación de la CADH.

El PG afirma que desde una interpretación sistemática de la CADH y del Sistema Interamericano de protección las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes en tanto que el art. 51 inc. 1 al facultar a la CIDH a someter un caso a la Corte IDH (¿cuyas sentencias son obligatorias? Veremos en otro post) perdería todo sentido en tanto que en tal caso la CIDH podría imponer por ella misma reparaciones a un Estado parte. Vaciando de contenido, según el PG, las previsiones del mencionado artículo. A lo cual, entiende, se le suma que la Corte IDH en ese contexto se convertiría en una etapa recursiva.

Jurisprudencia de la Corte IDH

Cita los casos “Caballero Delgado y Santana vs Colombia”, “Genie Lacayo”. Donde la Corte IDH no equipara sus pronunciamientos con las recomendaciones de la CIDH en cuanto a su obligatoriedad pero morigera esta afirmación con el principio de buena fe en materia de cumplimiento de instrumentos internacional, esto es, realizar “los mejores esfuerzos” para aplicar las recomendaciones de la CIDH.

El gran inconveniente en términos de vigencia efectiva de los derechos humanos es las consecuencias en el derecho interno que, entiende el PG, se desprenden de tal razonamiento. En sus palabras:

“Esto significa que si un Estado incumple una recomendación de la Comisión Interamericana, la parte que se habría beneficiado con el cumplimiento de  la recomendación no puede ejecutarla judicialmente en los tribunales internos demandando al Estado incumplidor, pues no existe obligación estatal de cumplir dicha recomendación. Las únicas consecuencias de un incumplimiento por parte del Estado permanecen en el plano internacional.”

Ante ello dice el Procurador la CIDH puede:

  • Someter el caso a la Corte IDH
  • Publicar el Informe Final del art. 51.
  • Comunicar a la OEA tales incumplimientos.

No obstante ello el PG no hace mención de lo que sucede con el damnificado, que obtiene un pronunciamiento de la CIDH declarando que un Estado parte violó sus derechos y no puede hacerlos efectivo en el derecho doméstico del Estado de que se trate. Y, creo, aquí está el mayor problema, la ausencia de vigencia efectiva de los derechos humanos en estos casos.

Jurisprudencia de la CSJN

Al respecto, en relación con la propia jurisprudencia de la Corte, la que por el momento sigue siendo Suprema, no obstante control de convencionalidad, es necesario tener en cuenta algunos precedentes conocidos por todos. Por un lado el caso “Bramajo” que determino que:

La opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales.”

Aquí la CSJN, cabe decirlo, está determinando –además- el alcance de la cláusula constitucional que acoge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico que dice, entre otras cosas, que un conjunto de instrumentos de protección de los DDHH tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esta última frase es la que está interpretando la CSJN.

Y en el caso Acosta la CSJN en mayoría de 8 (con concurrencia de dos votos) a 1 afirmó interpretando su precedente (Bramajo, ya mencionado) que:

“si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial.”

El control de convencionalidad en cuanto al estatus jurídico de las recomendaciones de la CIDH actualmente, por lo menos en mi opinión, encuentra dificultades en la interpretación judicial que ha hecho la CSJN, interprete último de nuestra Constitución. En tanto que no se le asigna un carácter vinculante para el Estado Argentino a los informes de la CIDH. Podemos decir que prima la doctrina de los “mayores esfuerzos” y no la de una imposición obligatoria en cuanto a su cumplimiento. Queda entonces pendiente un pronunciamiento de la CS en su actual composición y en cuanto salga una sentencia de la CSJN sobre esta causa haremos el seguimiento y post correspondiente.

En cuanto al trámite del caso es posible observar en la página de la Corte que el mismo se encuentra en la vocalía de Argibay desde el 28 de abril de 2011, listo para emitir sentencia.

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