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Posts Tagged ‘Calumnias e injurias’

Continuando con los primeros post de esta iniciativa ahora apuntamos alguna reflexión sobre esta gran temática que son los Derechos Humanos, en particular nos centramos en un aspecto del “Caso Kimel”, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2008, vinculándola con la actual figura penal de calumnias en injurias.

Introducción:

El caso Kimel es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual el Estado Argentino resultaba demandado por la violación de ciertos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente esa demanda resultó en una condena internacional para el Estado Argentino en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:

El señor Kimel era un periodista (también historiador) que había publicado un libro titulado “La Masacre San Patricio”, en el cual narraba hechos sucedidos a mediados de 1976, durante la última dictadura militar en Argentina. En particular muestra el asesinato de cinco monjes palotinos y el actuar de la justicia argentina con relación a esos hechos. Uno de esos párrafos decía:

“La actuaciones de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplices de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el Juez cumplió con la mayoría de los requerimientos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomadas en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto” (párrafo 42 de la sentencia).

A partir de ello el Juez aludido en el mencionado párrafo del libro interpuso una demanda penal por el delito de calumnias y subsidiariamente por el de injurias. En el derrotero del proceso judicial, el periodista Kimel, fue condenado finalmente por calumnias. El proceso en su totalidad duró nueve años, desde 1991 hasta el 2000. Y luego fue sometido al sistema interamericano, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego por esta ante la Corte IDH.

Razonamiento de la Corte:

Ahora bien, la Corte al analizar el derecho a la libertad de expresión se inmiscuye en los términos en los cuales están redactados los tipos penales de calumnias e injurias y aplica un test de proporcionalidad para analizar la intensidad de la intromisión que suponía el tipo penal de la ley penal argentina en relación con el derecho de libertad de expresión del señor Kimel, entre otros artículos analizados.

Lo que nos interesa analizar es la opinión de la Corte Interamericana respecto de los tipos penales de calumnias e injurias y lo que le manda a hacer al Estado Argentino. Y luego ver si el Estado cumplió con esa condena que recibió ante la Corte IDH.

La Corte IDH, respecto de los tipos penales de calumnias e injurias, dijo en cuanto a su redacción, que eran ambiguos y que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas. En ese sentido expresó (párr. 64 de la sentencia):

“La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales…” (Párrafo 63 de la Sentencia)

Así mismo puntualizó que toda ley penal debe observar estrictamente cuatro características para cumplir con el principio de legalidad: debe ser expresa, precisa, taxativa y previa.

Luego analiza la redacción de los tipos penales de calumnias e injurias antes de que fueran reformados en el Código Penal Argentino a la luz de los criterios citados:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.”

“Art. 110: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.”

A partir de lo cual la Corte IDH concluye que el Estado violó el art. 9 (Principio de Legalidad) y el art. 13.1 (Libertad de Expresión) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la redacción de los mencionados tipos penales. Y determinó que el Estado Argentino debía modificar los artículos que mencionábamos antes (entre otras cosas).

Opinión con respecto a la nueva reforma:

Ahora bien, lo que nos deseamos resaltar es la no adecuación de la reforma realizada por el Estado Argentino de los delitos de calumnia e injurias a la luz de la sentencia en el Caso Kimel y los criterios elaborados por la Corte IDH en ese mismo caso.

Veamos primero la redacción actual de los tipos penales post reforma:

“Art. 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.”

“Art. 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.”

A primera vista se advierte que se suprimieron las penas privativas de libertad y se aumentaron las multas dinerarias, lo cual puede verse como un avance en reducir la intensidad de la intervención del derecho penal. Así mismo vemos como otro avance incluir como discurso protegido el debate de cuestiones de interés público por medio de la exclusión que realiza ambos artículos.

No obstante ello vemos algunas dificultades que subsisten en relación con los criterios que apuntábamos respecto de la redacción de los antecedentes fáctico de la norma, es decir aquello hechos a los cuales el Estado (vía Poder Legislativo) le atribuye una pena determinada.

La reforma a los art. 109 y 110 no satisfacen los criterios que la Corte ha elaborado en el Caso Kimel y los antecedentes que cita, respecto a la redacción de los tipos penales, en general, y en el caso aplicándolos a los arts. 109 y 110 del Código Penal Argentino. Decimos esto por que la redacción de los hechos, que suponen la comisión de un delito, continúa expuestos en los mismos términos en los que estaban formulados antes de la reforma.

En tanto que subsiste la ambigüedad de lo que se entiende por “deshonrar o desacreditar” (quizás ha quedado mejor redactado en el caso de la calumnia al hacer mención del calificativo “concreto y circunstanciado” respecto del delito imputado) se mantienen las imprecisiones que apuntaba la Corte IDH, por tanto puede afirmarse que dichos tipos penales, aún después de la reforma, continúan siendo contrarios a la Convención por su  ambigüedad, amplitud y vaguedad.

Los espero en los comentarios para polemizar y debatir sobre el tema.

Link de la sentencia en el “Caso Kimel”.

§

Como dato aclaratorio para los lectores que no están familiarizados con la temática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano jurisdiccional o judicial creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH está encargada de declarar, en los casos que le son sometidos, si un Estado Parte de la Convención Americana violó algunos de los Derechos Humanos reconocidos en ese instrumento de protección.

Algo más de info sobre la Corte IDH por aquí. Y un poco más de info respecto del Sistema Interamericano por acá.

§

Como apostilla copiamos un fragmento que nos pareció brillante del “Caso Kimel” que muestra el cambio de interpretación en los derechos fundamentales puesto que no es necesario que el Estado retraiga su poder para no violarlos sino que le cabe un rol más activo en la plena vigencia de los mismos:

“…el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.”


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