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El control de convencionalidad (CC) puede verse de dos maneras en su primera aproximación. Como algo novedoso, nuevo, creativo, de avanzada. O, desde otra óptica, como un mecanismo jurídico de control que es preexistente pero que de un tiempo a esta parte ha recibido nombre y algunas explicitaciones en relación a sus contornos, dimensiones y proyecciones sobre las jurisdicciones domésticas de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O quizás ambas, de todos modos en este comentario preliminar nos inclinamos por la segunda de las apreciaciones.

Cabe aclarar, además, que la temática del CC hace a la (siempre) inevitable tensión del derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho constitucional y las jurisdicciones supremas de cada uno de estos sistemas.

¿Qué es el control de convencionalidad?

Dentro de las respuestas a esta pregunta, de forma de proponer algunas bases para decir algo sobre el CC (en este post y sucesivos), debemos preguntarnos además: quién controla y quién es controlado. Por otro lado cuál es el material jurídico que sirve de base para ejercer dicho control, es decir el sustento normativo, cuál es el alcance que le damos (o qué metemos dentro del, para decirlo de otro modo) de esto que llamamos material controlante. Esto, entendemos, son las primeras respuestas que hay que dar para construir y desarrollar esta temática, la del CC.

Para realizar esta primera aproximación es necesario reproducir para quien no esté familiarizado con algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Almonacid Arellano (párr. 124)

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”

Trabajadores Cesados del Congreso (párr. 128).

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.”

¿Quién controla?

Según los precedentes que citamos el CC es desplegado en dos dimensiones, opuestas jerárquicamente (a nuestro entender), en el sistema interamericano en cabeza de la Corte IDH, y en las jurisdicciones de los estados parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) los jueces todos, tanto los Tribunales Constitucionales como los jueces inferiores.

¿Quién es controlado?

Ante el sistema interamericano, es la Corte IDH quien controla al Estado (lo cual implica sus tres poderes). Y en los ámbitos domésticos los jueces son los encargados de desplegar dicho control a los restantes dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es la base normativa de dicho control? ¿Y cuál es su alcance?

La alusión a este tipo de control define la base normativa de la que hablamos, esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de la “Convención”, si solo al instrumento firmado por los Estados parte o a alguna otra “cosa”.

Sobre este último punto cabe hacer alguna disquisición.

Todo instrumento al ser aplicado por un órgano lleva ínsita una tarea de interpretación. Entonces, de allí que es dable interrogarse respecto del lugar que ocupa la jurisprudencia (en sentido amplio) de la Corte IDH al momento de definir la base normativa de la que se nutre el CC.

En ese sentido, no caben dudas de que la Corte IDH entiende que su jurisprudencia debe servir de base para la aplicación de la CIDH, en términos por demás claros: en el CC “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana intérprete último de la Convención Americana”

Lo cual da como resultado que los poderes judiciales de los estados parte de la Convención se encuentran vinculados a la Convención, desde ya, pero también a la interpretación que ha hecho la Corte IDH del mencionado instrumento.

Víctor Bazán en una reciente ponencia ha dicho que este entuerto debe resolverse en clave horizontal y no jerárquica. En concreto ha sostenido que la interacción que comentamos tiene o debe darse en términos de cooperación y no en una relación jerárquica entre ambas instancias, la internacional y la de los jueces internos. Puede verse como una aspiración con ánimos conciliatorios pero lo cierto es que tal entuerto tiene como problema de base definir ¿cuál es la jurisdicción que determina en última instancia el instrumento al cual debe adecuarse todo el sistema jurídico de un determinado estado parte de la Convención? Es decir, la extensión de los derechos fundamentales de las personas y el actuar de los tres poderes del Estado. Cosa no menor teniendo en cuenta el poder que significa dicha tarea.

De allí que sea necesario actualizar el acervo jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina en cuanto a la articulación, interacción de esta, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolviendo, entre otras, la cuestión del criterio que guiará dicha interacción, si lo hará en clave horizontal o vertical. Desde los precedentes de la Corte IDH la cuestión es bastante nítida y se presenta como punto al cual debe adecuarse los pronunciamientos de los jueces internos a la Convención y a la interpretación de la Corte Interamericana.

Ver el paper de Bazán: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”

 

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