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La Corte Suprema (CS) se pronunció en el caso “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” que le exigía interpretar el alcance del derecho a una vivienda digna. La decisión que toma es revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había, en los hechos, denegado la solicitud de la actora reenviando la causa a segunda instancia para que resuelva con los criterios establecidos en el caso “Alba Quintana”, fallo del TSJ. El voto mayoritario lleva firmas de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni; y concurren a formar esa mayoría con voto propio: Petracchi y Argibay.

Para analizar aspectos relativos a la admisibilidad de la vía procesal puede consultarse el Dictamen del Procurador, dado que en los hechos lo que resuelve la CS es un recurso de queja.

Nimiedades procesales aparte vamos a lo sustancial de fallo. Si bien la decisión adoptada es importante para el caso de la señora Sonia Quisbeth Castro, cuando un tribunal, intérprete final de la Constitución Nacional (CN), determina los alcances de los derechos es por demás importante, no solamente lo que decide, sino también como decide, con qué fundamentos. En tanto que esos fundamentos se esgrimen como directrices para casos futuros similares. Dicho de otra manera, la CS determina el contenido y la forma de revisión judicial del derecho a una vivienda digna -reconocido en nuestra CN y diversos instrumentos de protección de derechos humanos- a partir de caso “Quisbeth”.

Veamos:

En el considerando 8 la CS determina “el sistema de fuentes” –tratados de DD.HH, CN, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y leyes de asistencia de la Ciudad- que aplicará al caso, para luego afirmar que es la propia Corte la que determinará el alcance de ese derecho de acceso a la vivienda digna. A partir de esa enunciación del derecho de acceso a la vivienda (en clave constitucional y convencional) establece tres características:

  1. No son “esos derechos y deberes” meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Aquí puede ampliarse la afirmación a todos los derechos humanos, como se afirma en el mismo considerando 10.
  2. También, a esos derechos y deberes –podemos leer también derechos económicos, sociales y culturales-, poseen una operatividad derivada. Lo cual, en la tesis de la Corte, “no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno” (cons. 11); de lo cual la Corte infiere que no todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. Aquí, digamos, se ponen paños fríos a la afirmación que mencionamos en el punto anterior.
  3. Finalmente esos derechos de operatividad derivada están “sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial” (cons. 12). En este pasaje de la sentencia el Tribunal se guarda el poder para desplegar un control constitucional y convencional de razonabilidad respecto del accionar discrecional de los poderes políticos, en orden a la implementación de políticas para garantizar el goce efectivo de derechos. En concreto el contenido o alcance de ese control de razonabilidad es que “los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (cuarto párr. del cons. 12).

Se establece al Poder Judicial como garante del contenido mínimo de los derechos fundamentales que requieren una prestación por parte del Estado.

Asimismo la Corte se encarga de dejar bien en claro que una política pública, para sortear el mencionado control de razonabilidad, no depende del monto efectivamente aplicado a la problemática, sino de la capacidad-idoneidad de la medida para superar la situación o paliarla en la medida de lo posible (cons. 15).

El caso

Luego de estas afirmaciones la Corte encuentra que esa “garantía” o “contenido mínimo” se ve afectado en tanto que supone una amenaza grave para la existencia misma de la persona, toda vez que hay un niño discapacitado, con una madre en situación de calle. Es decir que la política pública desplegada por la Ciudad de Buenos Aires “no es suficiente o adecuada ya que ni siquiera atiende a las mínimas necesidades” (cons. 13 último párrafo). Por tanto revoca la sentencia impugnada y manda que el Gobierno de la Ciudad intervenga en el caso con equipos de asistencia social y de salud; como así también que garantice a la actora el alojamiento en condiciones edilicias adecuadas a la patología del niño.

Links

Nota de la CIJ con el fallo.

Gustavo Arballo escribe sobre el fallo aquí.

Mientras esperamos el post de Todo sobre la Corte, dejamos la reseña de la audiencia pública que hicieron.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo en el cual ha decidido otorgar la pensión por fallecimiento en un supuesto no previsto en el art. 53 de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Se trata del caso de dos personas del mismo sexo, el señor P es la pareja sobreviviente y el fallecido es el señor C, de ese modo se los menciona en el texto de la sentencia

Veamos la resolución de la Corte en el caso “P., A c/ ANSES s/pensiones”.

El señor P y el señor C vivían en pareja desde el año 1955. Según la demandante (el señor P) mantenía una vida de pareja amorosa “con convivencia pública, permanencia, fidelidad, y asistencia mutua” teniendo en común los ingresos y gastos de la pareja. Ambos se habían instituido como herederos únicos y universales. Todo esto según el relato que hace el señor P de la convivencia que mantenía con el señor C. El señor C fallece en junio de 1996. Notesé los casi 41 años de pareja.

A partir de este cuadro de situación comienza el trajín judicial. El señor P, a la sazón la parte actora, inicia una demanda contra la ANSES con el objetivo de que se le reconociera el “derecho de pensión derivado de la muerte del señor C” que traducido normativamente, según surge del fallo de la CS, debe leerse “pensión por fallecimiento” del art. 53 ya mencionado. Para tal fin solicitaba que se removiera el obstáculo que presentaba tal norma, declarando su inconstitucionalidad.

En primera instancia le rechazan la demanda y al recurrir tal decisión ante la segunda instancia resulta confirmada. Con qué fundamentos, nos preguntamos. Es escueta la reseña que realiza la CS de los fundamentos pero pueden leerse los siguientes: el artículo 53 cuando habla de “convivencia pública en aparente matrimonio” no se refiere al supuesto de personas del mismo sexo. A esta altura podemos observar que la palabra que entra en conflicto es “matrimonio” y su relación con una determinada visión de este instituto. Parece evidente, por lo menos eso es lo que puede advertirse de la reseña de la CS, que la Cámara al leer matrimonio en el artículo 53 remite a la diversidad de sexo. Elemento que la Corte en su argumentación no lo toma con mayor relevancia, de hecho en ningún momento se toca  tal temática, siquiera tangencialmente.

Ante tal situación la actora interpone recurso extraordinario que es concedido con el alcance que se fija en el considerando 3, segundo párrafo:

“…en el sub discussio se configura un caso previsto en el art. 14.3 de la ley 48, en la medida en que, a juicio de esta Corte, su solución depende, de manera directa e inmediata, de la interpretación de normas de índole federal, como seguidamente será visto. Con tales alcances, y por hallarse reunidos los restantes recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario, corresponde habilitar esta instancia.”

Aquí está la llave que utiliza la CS, la cuestión federal simple, esto es, resolver el caso sin expulsar del sistema la norma impugnada para el caso que se discute. Sino que se reserva un margen hermenéutico para determinar el alcance de la norma sin declarar su inconstitucionalidad como lo solicitaba la actora.

Una cuestión que sucedió con el caso ya en la Corte la aplicación de la resolución 671/2008 del ANSES a partir de la cual se le asignaba el beneficio previsional para el señor P. ¿Cuestión abstracta? No señor, la CS sortea este obstáculo afirmando, junto con la actora, que el petitorio solicitaba dicho reconocimiento del beneficio pero desde el fallecimiento de la pareja de la recurrente, y no, como fue concedido el beneficio a partir del año 2007. Con lo cual la cuestión federal subsitía al momento de que la CS emita sentencia.

Con el terreno allanado y con argumentos ya listos la Corte aborda el fondo del caso.

En el considerando 4, el Tribunal, plantea la premisa a partir de la cual delineará el estándar o criterio del cual se servirá para decidir el caso. Luego de citas de fallos propios y copy-pasteo de dispositivos convencionales (formato obiter dictum, sin mayor relevancia, pero que quedan bien) afirma, en cuanto al artículo 14 bis, que los beneficios de la seguridad social poseen carácter “integral”. Y que el objetivo protectorio de las normas infra constitucionales de la seguridad social implica realizar una interpretación amplia (cons. 4 segundo párrafo). A partir de lo cual se permite sostener que:

“Toda preferencia hermenéutica debe volcarse hacia el resultado que favorece los objetivos normativos y no hacia el que los dificulta.”

Y el margen hermenéutico del que hablábamos se ve en su mayor esplendor en el considerando 5 que copiamos y comentamos:

…el régimen legal de pensiones no puede, válidamente, dejar de comprender situaciones como la presente, vale decir, la de la persona sobreviviente que mantenía con la beneficiaria fallecida una relación que, por sus características, revelaba lazos concretos y continuos de dependencia económica…

Y que:

…la naturaleza “sustitutiva” de determinadas prestaciones de la seguridad social como la aquí en disputa (aclaramos, pensión por fallecimiento) … debe exhibir la amplitud necesaria para abarcar los nexos de solidaridad y asistencia que, de modo concreto y continuo, establecen las personas humanas entre sí para satisfacer regularmente las necesidades materiales de la vida, y cuya extinción, por causa de la muerte de la beneficiaria, produce a la supérstite una afectación económica desfavorable para seguir afrontando dichas necesidades, derivadas de la pérdida de los ingresos provenientes del causante.

En el primer fragmento que copiamos, en términos de diseño de estándares, la CS impone un criterio que debe ser probado esto es, la existencia de lazos concretos y continuos de dependencia económica. Lo cual es consistente con los fragmentos de los argumentos de la actora que cita la Corte en el considerando 1. Es claro que en el caso existían dichos lazos: 41 años de convivencia como pareja, asistencia mutua, etc.  Y en el segundo de los párrafos que citamos es posible entrever dos elementos. Uno probatorio, la afectación económica desfavorable que sufre la persona que continúa su vida por el fallecimiento de quién fue su pareja, elemento que no se desprende de la redacción que hace de los hechos la Corte; lo cual es una insuficiencia argumentativa que plantea vaguedades para la resolución de futuros casos. El segundo argumento es una suerte de ensayo de interpretación dinámica  adecuando la norma a las circunstancias actuales, cuando afirma que las personas humanas establecen nexos de modo concreto y continuo con fines solidarios o de asistencia. Quizás la Corte se cuida mucho en los términos que utiliza, y obvia argumentos en clave igualitaria que por el microclima social que generó la ley de matrimonio para personas del mismo sexo se hubiera esperado.

Y así, la CS, concluye que debe reconocerse el beneficio previsional no desde el año que la ANSES lo había otorgado sino desde el fallecimiento de la pareja de la actora (cons. 6), en virtud del alcance otorgado al art. 53.

§

Como se puede observar en los fundamentos de la sentencia no aparecen menciones directas y de peso que hagan pensar que la condición de la pareja formada por personas del mismo sexo fue lo determinante para fundar el fallo. Pero sí se observa que la resolución está traccionada a partir de los objetivos y fines de la seguridad social y de las reglas amplias de interpretación que deben guiar la aplicación de tal normativa como se evidencia en el considerando 5 de la sentencia, de donde se desprende el holding del caso.

El caso que resuelve la Corte encuadra en el inc. c y d del artículo 53. Parece ser mostrado por la CIJ como una sentencia que reconoce derechos. Y sí, estamos de acuerdo. Pero los requisitos que parecen surgir del considerando 5, sobre todo el de “afectación económica desfavorable”, que no es requerido para personas del mismo sexo (ver párrafo cuarto del artículo 53), plantea una desigualdad entre convivientes del mismo sexo y convivientes de diferente sexo. Por cuanto el requisito de afectación económica es adscripto, por el Tribunal, al art. 53 solamente para convivientes del mismo sexo.

Por lo demás los litigantes del fuero previsional deberán “afinar bien el lápiz” a la hora de motivar la aplicación del estándar fijado por la Corte en el cons. 5 probando hechos que satisfagan lo que, en el fallo, es denominado “lazos concretos y continuos de dependencia económica” y “afectación económica desfavorable“.

Nota de la CIJ con texto del fallo y breve reseña de la sentencia.

30/6/2011 Ver post de Todo sobre la Corte sobre el fallo, acá.

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Hoy avanzamos en el blog con algo que me gusta mucho hacer, leer fallos y comentarlos. Es la primera vez que lo hacemos en el blog por tanto inauguramos una sección y tag correspondiente dedicado a la Corte Suprema. Conscientes de que se viene haciendo y muy bien aquí y aquí, pero con ganas de realizar nuestro aporte desde este espacio.

A continuación comentamos un fallo de la Corte Suprema de esta semana, “Álvarez, Maximiliano y otros c Cencosud S.A. s acción de amparo”, el cual fue resuelto por mayoría más que ajustado, por cuatro votos (Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni) contra tres (Lorenzetti, Higton, Argibay) en el que se decidió que la libertad de contratación y la estabilidad relativa del empleo ceden frente a supuestos de discriminación (en el caso por pertenencia gremial) expresamente contemplados por la ley (interna e internacional sobre derechos humanos) y ante tal supuesto procede el resarcimiento correspondiente y la reposición del puesto de trabajo al empleado.

Hechos

Un grupo de seis trabajadores de la empresa Cencosud S.A. (cuyo nombre comercial es Easy) fueron contratados por la empresa en la categoría de asesores extrayéndolos de la aplicación del convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio. Este grupo de trabajadores, luego que se desestime su pedido de ser afiliados al sindicato de empleados de comercio, crearon el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio y pasaron a integrar la comisión directiva de la institución.

Luego el presidente de dicha comisión intimó a la demandada al pago de diferencias salaria­les. A partir de este pedido uno de los gerentes de la empresa solicitó un listado de los integrantes de dicha comisión. Pocos días después, este grupo de seis trabajadores, fue despedido sin causa. (cons. 1 del  voto mayoría)

Petitorio: el grupo de trabajadores reclama la reinstalación en sus cargos y una reparación económica.

Tanto en primera como en segunda instancia se hace lugar al petitorio de los demandantes. Segunda instancia al confirmar lo decidido por primera instancia determinó la reincorporación de los trabajadores y la reparación económica fundamentando dicha decisión en el art. 1 de la Lay de Actos Discriminatorios (LAD), Ley 23.592.

La empresa demandada apela por medio de un recurso extraordinario, que al ser denegado, interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cual fue admitido.

Problema a resolver

La CSJN se enfrenta a resolver un problema bien práctico, si corresponde reponer en sus puestos laborales a los trabajadores despedidos sin causa por la empresa Easy.

Para resolver ese problema la CSJN debe decidir, primero si es aplicable la LAD o la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -tal como lo entendió la disidencia parcial- y si de allí es posible la reposición del puesto laboral pues este es el problema práctico.

Decisión de la CSJN

Voto mayoritario

El voto mayoritario no se hace cargo en los primeros considerandos de la tensión existente, entre la libertad de contratación y la prohibición de no discriminación, al resolver el problema práctico sino que avanza sobre argumentar en torno al principio de igualdad y la prohibición de discriminación de manera muy contundente.

Bien hace notar la Corte que tal principio tiene su recepción en la Constitución (art. 16) desde sus orígenes pero que ha evolucionado y profundizado a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22). En primer lugar hace mención de los diferentes instrumentos de protección que consagran el principio de igualdad y la prohibición de discriminación (cons. 3).

En el considerando 4, con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avanza sobre la noción del principio de igualdad y no discriminación expresando que se basa en “la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona” (Opinión Consultiva 18/03) y que  dicha prohibición y principio de igualdad forma parte del ius cogens, es decir que es una norma vinculante para todos los Estados.

Ante este estado de cosas a la Corte se le presentan dos problemas de índole jurídica para resolver el caso:

  • Primero cómo hacer para aplicar toda la argumentación sobre el principio de igualdad y prohibición de discriminación en relaciones entre particulares, puesto que los derechos humanos son un límite ante el Estado y el que es responsable internacionalmente es el Estado.
  • Por otro lado sobre qué argumentación sustrae la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y aplica las previsiones del art. 1 de la LAD.

Primer problema

Para poder aplicar al caso la argumentación tomada de órganos e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y resolverlo hecha mano de una interesante argumentación de la Opinión Consultiva antes citada, en cuanto a la responsabilidad del Estado de velar por la vigencia plena  de los derechos humanos también en las relaciones entre particulares:

Respecto de los primeros, dichas obligaciones, así como les imponen un deber de abste­nerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, también les exigen la adopción de “medidas positivas” para revertir o cambiar si­tuaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, lo cual implica, inter alia, el ejercicio de un “deber especial” de protección con respecto a actuaciones y prácticas de ter­ceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, manten­gan o favorezcan las situaciones discriminatorias.” (Cons. 4)

Esa es la llave que le permite a la Corte poner en juego toda la argumentación de órganos internacionales de protección de los derechos humanos con relación al comportamiento de la empresa frente al grupo de empleados demandantes.

Segundo problema

Para aplicar la LAD la Corte hecha mano de algunos antecedentes en el considerando 11 exponiendo que no es posible interpretar el orden infraconstitucional a la luz de los intereses de los empleadores sino que cabe que “la hermenéutica del ordenamiento infraconstitucional debe ser llevada a cabo con ‘fecundo y auténtico sentido constitucional’”.

Para robustecer la aplicación de la LAD la Corte dice que es la reglamentación del art. 16 de la Constitución Nacional donde se encuentra consagrado el principio de igualdad (cons. 11) y además utiliza la noción de reparación importada del derecho internacional de los derechos humanos, veamos. Cita la Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre otras), por ser dice “interprete autorizado” del Pacto de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):

“Todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo, tienen dere­cho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una restitución

Esto le da pie a la CSNJ para tomar los criterios de reparación de órganos jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos. Que ante una violación de derechos humanos procede una plena reparación, es decir la llamada restitutio in integrum, el regreso al estado de cosas anterior a que se produzca la violación, esto lo dice con cita del “Caso Baena” de la Corte Interamericana. De allí hace desprender la Corte la reinstalación al puesto de trabajo al grupo de trabajadores como la reparación más adecuada para el caso.

A partir de todo ello decide confirmar la sentencia de segunda instancia en tanto que hizo lugar al resarcimiento económico y a la reposición del grupo de trabajadores.

Voto disidencia parcial

Si la mayoría parte su razonamiento desde la concepción más avanzada en cuanto a la igualdad, la disidencia parcial lo hace desde una concepción de la igualdad tradicionalmente sostenida por el Tribunal, claro está menos robusta y exigente respecto del accionar del Estado, veamos:

“La igualdad establecida en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circuns­tancias se concede a otros.”

Luego avanza con identificar la prohibición de no discriminación en diversos instrumentos internacionales. No obstante desarrolla este punto de manera tibia y con algo de pudor al momento de tomar estándares internacionales sobre el principio de igualdad y no discriminación algo (muy) distinto de lo que hizo la mayoría.

A continuación, luego de desarrollar tales nociones, avanza sobre la libertad de contratar concluyendo que tal libertad debe ser reglamentada pero que a dicha libertad no le puede ser impuesta la obligación de seguir manteniendo a un empleado en su puesto, esta libertad la aplica al caso a partir del art. 19 de la CN.

En consecuencia decide que “cuando el legislador ha sancionado despidos discriminato­rios con la reinstalación del trabajador lo ha dispuesto de manera expresa y siempre que el despido sin causa tenga lugar dentro de un plazo cuyo inicio y culminación se encuentra determinado por la ley respectiva. Este es el modo en que se ha llegado a conciliar los derechos de una y otra parte del contrato de trabajo.” y que la LAD (Ley 23.592) “requiere de una aplicación apropiada que no distorsione el equilibrio de derechos al que responde cada sector del ordenamiento jurídico, sea público o privado”

Y en tal sentido resuelve en problema en estos términos: “sin perjuicio del resar­cimiento previsto en el artículo 1° de la ley 23.592 (daños y perjuicios), el trabajador tendrá derecho a percibir una suma adicional igual a la prevista en la LCT para otros supuestos de discriminación, es decir, la contemplada en el art. 245 con más un año de remuneraciones según dispone en su artículo 182.

§

El fallo nos ha parecido positivo pues avanza sobre la incorporación a la noción de igualdad liberal de nuestra Constitución la noción de igualdad y no discriminación importada desde el derecho internacional de los derechos humanos poniendo en cabeza del Estado no solamente la obligación de retraer su poder sino de desplegarlo para impulsar acciones positivas en pos de igualar y suprimir situaciones de discriminación.

Así mismo es por demás saludable que la Corte SJN que haya tomado la teoría según la cual el Estado tiene la obligación de velar por la vigencia de los derechos humanos aún en las relaciones entre particulares, es decir, reconocer el efecto horizontal de los derechos fundamentales.

Otra cosa por demás atractiva en términos de interpretación constitucional es la que despliega la mayoría, por que luego de esbozar toda la argumentación en torno a la igualdad, discriminación y reparación a la violación de los derechos humanos se despacha con un considerando en estos términos:

“De ahí que, además, el art. 14 bis, tanto en su extensión como en su comprensión, ha de ser entendido al modo de lo que ocu­rre con los preceptos que enuncian derechos humanos (vgr. PIDESC, art. 5.2), vale decir, como una norma de contenidos mínimos”

No nos termina de quedar claro cuál es la relación entre Corte Interamericana y CSJN. Si bien en este fallo vemos como se toma de modo muy abierto jurisprudencia de la Corte Interamericana no quedan claro todavía cuáles son los criterio, pautas que guiarán en el futuro ese dialogo. Es por el momento una relación bastante inconstante, cambiante. En fin por el momento una relación histérica de adolescentes enamorados que indudablemente deberá madurar hacia el futuro. Seguramente esta será una temática que abordaremos en siguientes entradas en el blog.

Lo que nos traía más conflictos es pensar en la armonización de ambos derechos en pugna, del empleador a contratar libremente y el del empleado a no ser discriminado por motivos sindicales. Es una señal clara de la Corte para empleadores en sus relaciones con personal perteneciente a sindicatos del ramo. Pues ante supuestos expresamente prohibidos de discriminación cabe dejar sin efectos el acto y la reposición es una buena señal para prevenirla en el futuro. Pero creo que ante supuestos que no están prohibidos expresamente cabe aplicar un criterio de proporcionalidad para dirimir si la distinción es razonable o no.

§

Fallo de la Corte SJN (Acá)

Opinión Consultiva Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18 (acá)

Ley Actos Discriminatorios (acá).

Nota de Ventura en La Nación (acá) y algunas repercusiones aquí.

Adenda:

En Todo sobre la Corte también se ha comentado el fallo (aquí).

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