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Archive for 12 julio 2012

Luego de varias dilaciones, donde no sabíamos con certezas –más allá de las especulaciones- cómo se instrumentaría el procedimiento de debate del Código Civil y Comercial, finalmente ambas Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, decidieron avanzar con este primer paso: el procedimiento para aprobar el nuevo Código Civil y Comercial (CCyC). ¿Qué decidieron? ¿Qué nivel de adecuación tiene esa decisión con el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece la Constitución Nacional? Frente a esas dos preguntas vamos a socializar algunos elementos de análisis. Socializar decimos porque ha tenido una escaza repercusión el debate sobre esta cuestión procedimental.

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Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron proyectos de resolución con el mismo contenido y con similitudes a la propuesta de tratamiento que “sugería” el Ejecutivo en el mensaje de elevación del CCyC.

Básicamente las objeciones al proyecto que impulsó el oficialismo se centraban en el plazo que “aparentemente” se le imponía a la Comisión Bicameral para emitir un despacho aprobando el CCyC. Pero hay algunas otras objeciones, provenientes de la Coalición Cívica –en diputaos-, relativas a la violación, del procedimiento aprobado, al capítulo de la formación y sanción de las Leyes. En el dictamen disidente se impugnaba el procedimiento elegido por dos razones:

El procedimiento establecido viola la Constitución Nacional (CN) en tanto que no permite que una vez que emita despacho la Comisión Bicameral, este sea discutido por las Comisiones Permanentes de cada una de las Cámaras.

De allí que al circunscribir la discusión únicamente en la Bicameral se estaría negando la posibilidad de expresión a las fuerzas políticas que no la integrarán pero que sí participan de las comisiones permanentes.

Discutible. Afirmaría, aun, que el procedimiento establecido para la aprobación de las leyes determinado por nuestra CN permite o posibilita, en tándem con el reglamento de cada Cámara, el modo en el que terminó probado el procedimiento para debatir el CCyC por cada Cámara.

Debido proceso legal adjetivo

Veamos. En primer lugar el capítulo de la CN que se afirma violado por el procedimiento aprobado no menciona en ningún momento la intervención de las Comisiones, salvo el tratamiento en particular del art. 79. Diría que más bien en ese capítulo de la CN se encuentra regulado el procedimiento de sanción de las leyes pero entre las “Cámaras” del Congreso y no cómo este se instrumenta en las Comisiones permanentes. Ese procedimiento en comisión está determinado por los reglamentos de cada una de las Cámaras. Es allí donde hay que ir a buscar los criterios que estableció cada Cámara para sustraer del tratamiento ordinario de un asunto y debatirlo por un procedimiento especial al interior de cada Cámara.

Cámara de Senadores [texto completo]

“Artículo 86: El Senado puede aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle a ésta, la creación de comisiones bicamerales obicamerales [sic] mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo hagan necesario. En cualquiera de los casos, aceptada la proposición, acordados el número de miembros y la representación de cada cuerpo, se procederá a elegir los senadores que habrán de integrarla observando lo dispuesto en el artículo 91”.

El art. 91 habla del respeto “en lo posible” de la representación política que se refleja en el pleno de la Cámara, también en la bicameral.

Cámara de Diputados [texto completo]

“Artículo 104: La Cámara, en los casos que estime conveniente, o en aquellos que no estén previstos en este Reglamento, podrá nombrar o autorizar al Presidente para que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos”.

El art. 105 utiliza la misma fórmula que el art. 91 del reglamento de Senado en relación al respeto “en lo posible” de las representaciones políticas.

De allí que la violación al procedimiento que se alega por uno de los partidos representados en la Cámara de Diputados no tiene base expresa en la Constitución. Dado que la CN, en el capítulo pertinente, nada dice respecto del trámite en comisión de los proyectos de ley. Y a eso se añade que los reglamentos de ambas cámaras permiten la creación de bicamerales para que traten asuntos y, además, en ambos reglamentos no se exige que el giro de los proyectos en comisiones sea siempre a las comisiones permanentes, sino que dice “Comisión respectiva” (art. 122 Reglamento de Diputados) y “comisión que corresponda” (art. 133 Reglamento del Senado). Entiendo que dentro de los márgenes, siempre amplios, de los reglamentos la competencia de la Bicameral desplaza la competencia de las comisiones permanentes en el tratamiento del Código Civil y Comercial. Con lo cual el procedimiento escogido está dentro de los márgenes de la CN y los reglamentos de ambas Cámaras.

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Tres anotaciones finales. Dos nuevas y otra que ya la hemos mencionado en entradas anteriores.

(I) El proyecto de CCyC será debatido en la Bicameral, luego el despacho se comunicará al Senado que será la Cámara de origen. Luego la comunicará a Diputados, cámara revisora. Sucederá que la Cámara de Diputados, de hecho, quedará sin posibilidades de debatir el proyecto –en sesión- con miras a realizar modificaciones, dado que esto provocaría el reenvío a Senado. Cosa que el partido oficialista no promoverá. Por tanto en los hechos, salvo los 15 diputados que participen de la Bicameral el resto quedará desplazado del debate.

(ii) En relación al plazo de noventa días: los proyectos aprobados por las Cámaras no dice que en ese plazo debe estar despachada el asunto para que lo traten el pleno de cada cámara. Sino que la Bicameral contará con 90 días para emitir dictamen pero que su vigencia se extiende hasta “la aprobación” de CCyC.

(iii) Y lo ya dicho. Acá la entrada sobre Códigos y debate democrático y citamos una entrada del  Blog Ante la Ley de Lucas Arrimada en la misma línea. Donde se aporta una idea: ampliar el debate del Código como se hizo con la Ley e Medios.

La finalidad de la Bicameral es “preservar la unidad, integridad y coherencia que implica el dictado de un único Código Civil y Comercial” (art. 1 de los proyectos aprobados por ambas Cámaras). Es decir un órgano democrático defendiendo el trabajo de técnicos del derecho, académicos que no han sido electos por el pueblo. Otra vez, los vicios democráticos de nuestra legislación codificada.

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