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Archive for 25 junio 2012

¿Qué pasó con Lugo?

Leemos y chequeamos información de acá y de allá. Intentamos analizar, entender, con nuestras limitaciones claro, lo que sucede en Paraguay. Nuestro campo a partir del cual esbozamos ideas en este blog es el derecho. Vamos a asomar y ver qué sucedió con Lugo.

La realidad, siempre compleja, muestra entramados de todo tipo en el conflicto que hizo rebalsar el vaso. Se lee en las crónicas un conflicto que tiene base en un extenso problema respecto de la ocupación de las tierras pero también una oposición que domina el Poder Legislativo, elemento este que se evidencia en las mayorías que votaron la remoción del cargo al Presidente electo del Paraguay.

El marco constitucional es un procedimiento de juicio político con anclaje en un esquema bicameral del Poder Legislativo. En ese encuadre, es la Cámara de Diputados la que realizar la acusación y la Cámara de Senadores la que lleva adelante la función de juez. En ambos casos, tanto como para aprobar la acusación como para declarar la remoción, se requiere las dos terceras partes de los votos. Lo cual evidencia a las claras la necesidad de un amplio consenso en orden a la apreciación del asunto.

El punto que debe determinar el proceso de enjuiciamiento es la causal de “mal desempeño de sus funciones”. Término ambiguo si los hay. Por esa razón en el procedimiento, que duró tan solo dos días, se debió fundamentar los hechos que configuraban mal desempeño por parte del Presidente del Paraguay.

El “Libelo acusatorio” [o texto oficial aquí], documento donde constan los fundamentos de la promoción del juicio político, tiene una extensión de ocho carillas. Para quién busque razones allí le será dificultoso encontrarlas. El documento, por lo menos, incurre en generalidades. En su mayoría son aseveraciones valorativas sin remisión a hechos concretos que doten de contenido la causal a partir de la cual que se promueve, y luego se decidió, la remoción del mandatario.

Son cinco los puntos que sostendrían, en opinión del Poder Legislativo del Estado del Paraguay, la remoción del Presidente:

  1. Acto político en el comando de ingeniería de las fuerzas armadas.
  2. Caso Ñacunday
  3. Creciente inseguridad.
  4. Protocolo de Ushuaia II.
  5. Caso matanza Curuguaty.

Las razones que se pueden leer en el documento acusatorio suenan más a discrepancia generalizada respecto de la decisión del pueblo de elegir Presidente; y los hechos de violencia del pasado 15 de junio fueron la excusa para avanzar en la remoción.

Por otro lado hubo un pronunciamiento de la UNASUR y del Mercosur. El de este último está dirigido a excluir al Paraguay de las próximas reuniones de mandatarios y las preparatorias. En ambos se afirma el “quebrantamiento del orden democrático”.

26/6 Actualizamos información. La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay desestimó una acción interpuesta por el, ahora, ex presidente con el fin de impugnar la constitucionalidad del juicio político. Para este fin alegó la violación de ciertas reglas estipuladas en la Constitución. La sala razonó que el juicio político no es asimilable, en su naturaleza, a un juicio ordinario por tanto la aplicación de las reglas del debido proceso no son de aplicación absoluta.

Algunas cosas que nos quedan para reflexionar:

¿Hasta dónde puede oponerse la comunidad internacional a una decisión tomada por el órgano con mayor legitimidad democrática en un sistema político?

¿Cuál es el rol que juegan los posicionamientos ideológicos al momento de determinar qué es democrático y qué no lo es?

Por otro lado ¿Puede ser aplicado un Protocolo que vele por el mantenimiento del orden democrático cuando un juicio político a un presidente es llevado adelante dentro de las reglas que la Constitución de un país establece?

¿Puede equipararse la ausencia del debido proceso en un juicio político a un quebrantamiento del orden democrático”?

En fin:

…la paradoja de oponerse a decisiones emitidas por órganos democráticos con argumentos democráticos…

seguiremos.

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¿Curiosidades?:

El art. 225 de la Constitución Nacional del Paraguay establece el juicio político.    El mismo día de la remoción se aprobó la reglamentación de ese artículo. (ejem…)

En las primeras palabras del discurso del vicepresidente, ahora presidente del Paraguay, se advierte un fallido: “Dios y el destino quise…” en lugar de decir “quisieron”. (ejem…)

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Varias son las cosas que nos interesan referenciar, si las separamos cada una en una entrada probablemente nunca las escribamos. Por ende ahí van, tres en una, liquidación de viernes. Dos relacionadas a las facultades legislativas del Poder Ejecutivo y una relacionada a la agenda de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IH).

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Impuesto a las ganancias

Notamos que hay bastante expectativa respecto del rol de Congreso, agitado por el Secretario General de la CGT,  en una eventual modificación del Impuesto a las Ganancias. Se observa, luego del paro con movilización convocado por el líder sindical, movimientos o intentos de movilizar este tema en el Congreso.

El impuesto a las ganancias está establecido por ley y con la última reforma en las sesiones extraordinarias de 2011 se estableció la siguiente facultad en cabeza del Ejecutivo:

“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”. (art. 4 Ley 26.731)

¿Qué sucede? El Congreso facultó al Poder Ejecutivo para que sea este el que tenga la posibilidad de modificar los montos del art. 23, es decir aumentar los montos del mínimo no imponible para cada categoría. Entiendo que esta es una facultad delegada en el marco del art. 76 de la Constitución Nacional (CN). Con lo cual sujeta a control del Congreso el decreto que emita el Ejecutivo incrementando los montos del art. 23. Atención, porque este control puede ser sorteado si las modificaciones, desde el Ejecutivo, se realizan con un decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

No obstante parece ser que algunos sectores de la oposición pretenden que el Congreso retome la facultad de modificar el mencionado art. 23. Pero más aún, se proponen reformas más abarcadoras. Ese debate puede verse en el despacho de comisión donde constan las posiciones de los diferentes bloques en relación al tema. Dicho despacho se dio en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas durante el año 2011.

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DNU’s

Sucedió algo bastante atípico, por lo menos para este observador, en algunas sesiones del Congreso posteriores a la estatización de YPF. En el marco de las estrategias del Ejecutivo para tener el control de la empresa, durante el proceso de discusión en el Congreso, emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) [530/12 y 557/12] interviniendo YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Es de nuestra práctica constitucional en esta temática que si una de las Cámaras aprueba el DNU de que se trate, la otra no le de tratamiento. Esto es debido a que la ley que regula el control de estos decretos (26.122) los dota de vigencia hasta que las dos cámaras no se pronuncien por el rechazo. Remitimos, para ampliar, a la etiqueta sobre el tema en el blog.

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Fecundación in vitro en la Corte IDH

Por otro lado mencionamos que en la agenda de los casos que la Corte IDH se encuentra uno relativo a la prohibición absoluta decretada por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de la fecundación in vitro regulada en un decreto presidencial. El objeto sobre el cual se centra el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la sentencia que prohíbe el tratamiento. Es interesante como en el Informe Reservado del art. 50 (que forma parte de la nota por la cual la CIDH somete el caso a la Corte IDH) se construye una decisión a partir del derecho a la intimidad (art. 11 de la CADH) y del derecho a la protección de la familia (art. 17). El argumento central está dado por el examen de proporcionalidad (o si se prefiere razonabilidad) que realiza la CIDH respecto de la sentencia prohibitiva. El caso sometido a la competencia contenciosa de la Corte IDH pone en perspectiva a partir de los derechos humanos el tema de los tratamientos para superar la infertilidad en las parejas que desean tener hijos (dentro del marco del derecho a la intimidad y la familia).

No obstante no queda claro el requisito, por parte de los peticionarios, de haber agotado todos los recursos en la jurisdicción interna. Veremos luego cual es el examen que realiza la Corte IDH del tema frete a las excepciones preliminares que, eventualmente, oponga el Estado de Costa Rica.

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La Corte Suprema (CS), en estas últimas semanas decidió publicar dos casos relativos a la interpretación del principio de autonomía personal (AP) consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional (CN). Uno ya lo hemos comentado y en cuanto al otro, “U.V”, va alguna reflexión a continuación (texto de la sentencia y trámite al interior de la Corte)

Antes mencionamos que el fallo ya tiene, de la siempre activa y rápida de reflejos blowgófera argentina, varias entradas. Rondina hace su comentario con crítica punzante, junto con VTC de Todo sobre la Corte con un título que evidencia la rigidez de la decisión de la CS y Paolatonio en su blog también hace lo propio.

La CS debió decidir, en el caso “U.V”, respecto al alcance del principio de autonomía en relación a la vida familiar y las decisiones que deben ser tomadas por los padres que la constituyen. En concreto la CS analizó si la decisión tomada, por los padres del menor U.V., de no vacunarlo se encontraba dentro de los límites impuestos por el art. 19 a la autonomía personal.

Son dos los argumentos que utiliza la CS para ordenar la vacunación del menor: (i) la decisión de los padres del menor va más allá de los límites del art. 19 a la autonomía personal y (ii) el interés superior del niño en tener el cuidado de su
salud e integridad física de acuerdo a los instrumentos de protección de los derechos humanos, junto con diversas normas infraconstitucionales.

Entiendo que la CS, de hecho, resuelve el caso con el argumento (i). Allí es donde encuentra apoyatura su decisorio. Vale decir el argumento (i) es el holding del caso y el argumento (ii) es obiter dicta. En otro nivel de análisis entendemos que, de acuerdo a los argumentos dados por la CS, la opción menos endeble hubiese sido resolver el caso a partir del argumento (ii), donde la limitación a la autonomía personal hubiese encontrado razones de mayor peso para ser limitada.

Ahora bien, el punto es interpretar cuál fue la argumentación para determinar el límite del art. 19 a la AP que está dado por la frase “ni perjudique a terceros”. Veamos los párrafos pertinentes:

“…el derecho la privacidad -por definición propio exclusivo de cada persona- se extiende situaciones en que alcanza a dos o más personas que integran un núcleo familiar erigiéndose en el derecho la privacidad de ese grupo…” (cons. 10)

Y de allí:

“…la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su proyecto familiar afecta los derechos de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del articulo 19…” (cosn. 11)

Dos son los óbices que la Corte, en voto unánime, encuentra –y se auto impone-:

(a)    por un lado realiza una interpretación, del límite del art. 19 a la AP, desde el normas infraconstitucionales. Es decir que dota de contenido a términos de la Constitución Nacional a partir de normas de inferior jerarquía. Cuando llevar adelante “la interpretación de una norma fundamental” es realizar una lectura desde la Constitución hacia y del ordenamiento infracostitucional, nunca en sentido contrario. Allí el primer inconveniente de la Corte. Auto impuesto, insistimos.

(b)   Por otro lado, y aquí citamos a Alexy, Bernal Pulido, Clérico & Cia., en un conflicto de derechos la premisa es buscar el mayor grado de cumplimiento/satisfacción de los principios-derechos en juego. Buscar un equilibrio en el conflicto. Lo cual supone indagar en la búsqueda de medios alternativos menos lesivos de la AP frente a la regulación estatal que impone la obligatoriedad de vacunación. No obstante para este cometido el Tribunal restringe su competencia –cons. 12 último párrafo-  afirmando que no le es dado controlar la oportunidad, mérito o conveniencia del medio empleado (“régimen tuitivo” citado en el considerando 12) para obtener el fin buscado (“protección de la salud pública”).

En definitiva, una decisión, mal fundada, en orden al contenido del límite al art. 19. Una interpretación de una garantía frente a las intromisiones estatales realizada de manera mezquina y, peor aún, a partir de normas infraconstitucionales. En la interpretación que la Corte está desarrollando del art. 19, entiendo, esta sentencia se esgrime como un retroceso.

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En relación al principio de proporcionalidad dejamos a disposición este interesante paper sobre el tema: “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional  al poder del Estado: un Estudio comparado

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Los casos que generan doctrina fijando el alcance de derechos fundamentales son tan importantes como la interpretación que un Tribunal Constitucional haga de la norma de base. La Corte Suprema argentina (CS) en el caso “Albarracini”, a diferencia del caso “Bahamondez” (un precedente de similares –no iguales- características), tenía “un buen caso” para trabajar la aplicación del artículo 19 frente a la decisión de un paciente de no recibir tratamiento, frente a situaciones que ponen en peligro su vida.

Los hechos: (i) el paciente a raíz de una herida de bala se encuentra internado y los médicos determinaron la necesidad de realizar una transfusión de sangre, dado su estado crítico, (ii) Pablo Albarracini había dejado un documento (de marzo de 2008) certificado por escribano público en el cual expresa la no aceptación de “transfusiones de sangre…bajo ningún concepto aunque el personal médico las crea necesarias para salvarle la vida” fundado en su pertenencia a los Testigos de Jehová, (iii) el paciente se encuentra en estado de inconsciencia para decidir sobre su salud y, finalmente, (iv) no existía un acto de voluntad posterior que revocara dicha decisión. Es decir, un caso, desde lo fáctico, muy sólido.

El padre del paciente interpone una medida cautelar con el fin de que la transfusión de sangre sea realizada. En primera instancia le hacen lugar al pedido del padre del paciente, Jorge Albarracini. No obstante segunda instancia revoca la decisión y finalmente el padre interpone recurso extraordinario que es concedido. El trámite del caso en la Corte fue de, solamente, un día. El recurso extraordinario ingresó el viernes primero de junio, ese mismo día salió la sentencia [ver trámite aquí].

La Corte se pregunta, en el considerando 12, respecto de la cuestión constitucional que debe resolver para decidir el caso: si la decisión que consta en el documento de 2008 “se encuentra dentro de la esfera de la libertad personal que establece la Constitución Nacional [en su art. 19]”

Aquí, las modificaciones que sancionó el Congreso nacional en mayo de este año, entiendo, hubiesen bastado para decidir el caso. En tanto, como también lo cita la Corte pero no como argumentos centrales –holding-, el art. 2 inc. e de la ley 26.529: “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”. Esta norma es un desprendimiento legal del principio de autonomía que declara la Constitución en el art. 19 primera parte. La Corte, en lugar de subsumir los hechos del caso bajo esta norma elije ir por el camino del 19 para decidir el caso y, a la postre, cita la norma para contextualizar su interpretación.

Veamos:

Cita el clásico párrafo del caso “Ponzetti” donde se determina los alcances del art. 19 que “protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen”

Para luego decir que de allí se desprende la siguiente regla con la que la CS resuelve el caso:

“que es posible afirmar que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento específico, o de seleccionar una forma alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal…”

y acá la similitud con la norma aprobada por el Congreso que citamos:

“los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo con sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser aceptada”.

Una anotación breve. El origen de la decisión no es el punto que le interesa a la Corte al momento de analizar una determinación del paciente como la que se estudió en este caso. La cuestión es que la protección del art. 19 va más allá de la protección de creencias religiosas y se extiende a “valores y puntos de vista”.

Por otro lado, los problemas están en los “límites” al ejercicio de esta autonomía personal que está dado por el “interés público en juego”, cómo se señala acá.

Finalmente, la virtud de comenzar la argumentación desde la Constitución Nacional, está en el alcance, para otros casos y supuestos, del principio de autonomía personales del 19. Más aun cuando dicho principio es la base para interpretar el alcance de todo el sistema de derechos fundamentales que establece la Constitución. Cómo bien señala GA, el 19 sale del clóset y las acciones privadas de los hombres son aquellas, incluso, que se trasladan a la esfera pública sin ofender a terceros.

[editamos la entrada para linkear un post de VTC en Todo sobre la Corte]

Nos queda pendiente, una entrada de como el artículo 19 penetró y penetra en el ordenamiento infraconstitucional por medio de diversas leyes aprobadas por el Congreso recientemente. Queda entonces ampliar el tema en próximas entradas.

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