Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 26 abril 2012

La Corte Suprema (CS) se pronunció en el caso “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” que le exigía interpretar el alcance del derecho a una vivienda digna. La decisión que toma es revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había, en los hechos, denegado la solicitud de la actora reenviando la causa a segunda instancia para que resuelva con los criterios establecidos en el caso “Alba Quintana”, fallo del TSJ. El voto mayoritario lleva firmas de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni; y concurren a formar esa mayoría con voto propio: Petracchi y Argibay.

Para analizar aspectos relativos a la admisibilidad de la vía procesal puede consultarse el Dictamen del Procurador, dado que en los hechos lo que resuelve la CS es un recurso de queja.

Nimiedades procesales aparte vamos a lo sustancial de fallo. Si bien la decisión adoptada es importante para el caso de la señora Sonia Quisbeth Castro, cuando un tribunal, intérprete final de la Constitución Nacional (CN), determina los alcances de los derechos es por demás importante, no solamente lo que decide, sino también como decide, con qué fundamentos. En tanto que esos fundamentos se esgrimen como directrices para casos futuros similares. Dicho de otra manera, la CS determina el contenido y la forma de revisión judicial del derecho a una vivienda digna -reconocido en nuestra CN y diversos instrumentos de protección de derechos humanos- a partir de caso “Quisbeth”.

Veamos:

En el considerando 8 la CS determina “el sistema de fuentes” –tratados de DD.HH, CN, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y leyes de asistencia de la Ciudad- que aplicará al caso, para luego afirmar que es la propia Corte la que determinará el alcance de ese derecho de acceso a la vivienda digna. A partir de esa enunciación del derecho de acceso a la vivienda (en clave constitucional y convencional) establece tres características:

  1. No son “esos derechos y deberes” meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Aquí puede ampliarse la afirmación a todos los derechos humanos, como se afirma en el mismo considerando 10.
  2. También, a esos derechos y deberes –podemos leer también derechos económicos, sociales y culturales-, poseen una operatividad derivada. Lo cual, en la tesis de la Corte, “no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno” (cons. 11); de lo cual la Corte infiere que no todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. Aquí, digamos, se ponen paños fríos a la afirmación que mencionamos en el punto anterior.
  3. Finalmente esos derechos de operatividad derivada están “sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial” (cons. 12). En este pasaje de la sentencia el Tribunal se guarda el poder para desplegar un control constitucional y convencional de razonabilidad respecto del accionar discrecional de los poderes políticos, en orden a la implementación de políticas para garantizar el goce efectivo de derechos. En concreto el contenido o alcance de ese control de razonabilidad es que “los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (cuarto párr. del cons. 12).

Se establece al Poder Judicial como garante del contenido mínimo de los derechos fundamentales que requieren una prestación por parte del Estado.

Asimismo la Corte se encarga de dejar bien en claro que una política pública, para sortear el mencionado control de razonabilidad, no depende del monto efectivamente aplicado a la problemática, sino de la capacidad-idoneidad de la medida para superar la situación o paliarla en la medida de lo posible (cons. 15).

El caso

Luego de estas afirmaciones la Corte encuentra que esa “garantía” o “contenido mínimo” se ve afectado en tanto que supone una amenaza grave para la existencia misma de la persona, toda vez que hay un niño discapacitado, con una madre en situación de calle. Es decir que la política pública desplegada por la Ciudad de Buenos Aires “no es suficiente o adecuada ya que ni siquiera atiende a las mínimas necesidades” (cons. 13 último párrafo). Por tanto revoca la sentencia impugnada y manda que el Gobierno de la Ciudad intervenga en el caso con equipos de asistencia social y de salud; como así también que garantice a la actora el alojamiento en condiciones edilicias adecuadas a la patología del niño.

Links

Nota de la CIJ con el fallo.

Gustavo Arballo escribe sobre el fallo aquí.

Mientras esperamos el post de Todo sobre la Corte, dejamos la reseña de la audiencia pública que hicieron.

Anuncios

Read Full Post »