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Archive for 20 diciembre 2011

Luego de la sentencia en el caso Kimel, la propia Corte IDH ha dado a conocer una nueva sentencia contra el Estado argentino, en la cual el tribunal determina, que el Estado demandado es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión -LDE- (art. 13 CADH) en perjuicio de los periodistas Fontevecchia y D’amico en virtud de un fallo de la Corte Suprema del mismo estado.

Sucedió que en época de la primera presidencia de Carlos S. Menem la Revista Noticias publicó una serie de notas (ver contenido acá, acá y acá) vinculadas a dar a conocer un hijo extramatrimonial del entonces Presidente de la Nación, junto con una serie de cuestiones relativas a supuestos favores políticos, judiciales y pecuniarios a favor de la madre del mencionado hijo. El contexto inmediato de la nota está rodeado por imágenes que dan cuenta del vínculo, que afirmaba en esa serie de notas publicadas por la  revista, entre el menor con el Presidente de la Nación y entre la entonces diputada Meza con el mandatario.

El Presidente judicializa el conflicto por medio de una demanda civil de daños y perjuicios. La misma es rechazada en primera instancia. En segunda instancia es revocada la decisión de la instancia anterior y se condena a los demandados (los periodistas Fontevecchia y D’amico) a pagar al actor la suma de $150.000 (en aquella época equivalentes a dólares), a la publicación de la sentencia, al pago de las costas en todas las instancias. Los demandantes apelan la sentencia ante el máximo tribunal y  la Corte Suprema decide confirmar la sentencia pero modificando el monto a $ 60.000.

§

Dos son las cuestiones que debió resolver la Corte IDH frente al caso que le fue sometido por la Comisión Interamericana (CIDH):

  1. Los criterios para resolver un caso de colisión de derechos entre la LDE (art. 13 CADH) y la vida privada (art. 11 CADH) en punto a delimitar la extensión de la información de interés público frente a la vida privada de un funcionario público de carácter electivo.
  2. La convencionalidad, del art. 1071 bis del Código Civil argentino, relativo a la protección civil de la privacidad frente a intromisiones en la vida privada.

El primero de ellos está orientado exclusivamente a la resolución que el Estado argentino adoptó en el caso concreta –vía Poder Judicial- de las demandas civiles, del entonces presidente argentino, contra los periodistas. Para ello toma “principalmente” la decisión de la Corte Suprema en el caso (párr. 51).

La Corte somete a un examen proporcionalidad de intensidad baja (párr. 53 a 55) donde admite las medidas civiles como medios proporcionados para proteger la privacidad frente a la LDE (párr. 56). Desde el comienzo la Corte IDH descarta la posibilidad de determinar la anticonvencionalidad del 1071 bis del Código Civil argentino. En cambio, todo el análisis discurre en fijar estándares o criterios útiles, para las jurisdicciones domésticas, al momento de dirimir conflictos de derechos entre la privacidad y la LDE. Veamos:

Al momento de establecer sanciones civiles estas deben ser analizadas con especial cautela (i) ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquéllas [expresiones que afecten la privacidad] (ii) las características del daño causado (iii) y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil (párr. 56)

Otro criterio que esboza la Corte IDH relativo a la resolución del conflicto entre los derechos mencionados son: (i) la menor protección de la privacidad de los funcionarios públicos en relación con las figuras públicas y de los particulares (ii) y el interés público de las acciones que aquellas realizan (párr. 59). El punto a desentrañar es a qué información es posible caracterizar de “interés público” y cuáles no lo son. Porque de allí se desprenderá la solución para determinar en qué casos cede el derecho a la privacidad de una persona y cuando este último prevalece sobre el derecho a la LDE. Posiblemente el párrafo 61 de una pista para desentrañar criterios para poder afirmar que una determinada información es de interés público. Pero no estamos seguros de que el fallo brinde nociones claras para tal cometido.

La decisión del caso la encontramos en el párrafo 62, entre otras cosas se dice: que la información difundida por la revista posee carácter de interés público por tanto se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la LDE.

La Corte no se encarga de matizar qué elementos de las notas, en las tres ediciones de la revista, tienen carácter público, dice que “toda la información” lo tiene. Al momento de analizar la publicación de las imágenes la Corte expresa que esa publicación estaba orientada a “respaldar la existencia de la relación entre el señor  Menem, la señora Meza y Carlos Nair Meza, apoyando la credibilidad de la nota escrita”, y de algún modo entiende que estaban relacionadas con la información vinculada a los favores pecuniarios, políticos y judiciales. Allí señalamos que no es robusta la argumentación de la Corte al determinar la relación entre la información de interés público (párr. 62) y la publicación de las fotos. Nos preguntamos ¿era necesaria la publicación de las fotos para dar “credibilidad” a la información que se caracteriza de interés público? La corte insiste en el punto diciendo:

“[…] las imágenes representan una contribución al debate de interés general y no están simplemente dirigidas a satisfacer la curiosidad del público respecto de la vida privada del presidente Menem” (párr. 68)

En un ejercicio de ponderación en una colisión de derechos, el mandato es la mayor realización de los dos principios que se contraponen en el caso concreto. Allí el criterio de la Corte debió haber trazado más fino en cuanto a la necesidad de la publicación de imágenes para sostener un relato periodístico de interés público con el fin de satisfacer las pretensiones desde ambos derechos.

¿Cuál era La cuestión de interés público? ¿La relación del presidente con la amante o de este con su hijo? ¿O en realidad la información de interés público eran los favores de distinta índole? Si el foco de la información eran los “favores”, entonces, parecería ser que las fotos no tenían relevancia periodística ni sustentaban la existencia de esos favores. Quizás, tendrían mayor cualidad de “sostén de credibilidad”, documentación que pueda acreditar dichos “favores” que la publicación de las referidas imágenes.

En relación con la violación del art. 13 y el deber de adopción de medidas legislativas del art. 2 (ambos de la CADH) hubo una dispersión en la estrategia de la CIDH y de los representantes de las víctimas. La CIDH no argumentó en relación a la presunta violación del art. 2 de la CADH por la vigencia del, a esta altura famoso, artículo 1071 bis del Código Civil. En cambio, los representantes de las presuntas víctimas, sí argumentaron esta cuestión afirmando nociones similares a las sostenidas por el perito Saba en ocasión de presentar su peritaje oral ante la Corte IDH, a las cuales remitimos. En la sentencia pueden verse en los párrafos 77 a 81 las razones sostenidas por los representantes.

La Corte aplica un criterio más flexible y laxo al momento de analizar la legalidad o la precisión en la redacción de un texto legal dependiendo de si la medida es penal o civil. En el precedente Kimel vimos, en otra ocasión, como ese escrutinio es estrictísimo, no obstante en el ámbito del derecho civil el margen de apreciación para que el Estado delinee los dispositivos legales es más amplio. Allí la Corte le otorga mayor deferencia, en relación al art. 1071 bis, diciendo que:

“[…] en general, aquella disposición (el art. 1071 bis), en grado suficiente, permite a las personas regular sus conductas y prever razonablemente las consecuencias de su infracción. De tal modo que su aplicación resulte conforme a la Convención dependerá de su interpretación judicial en el caso concreto”.

Claramente la Corte, con tino, regula la intensidad del control hacia los dispositivos legales según sean tipos penales o sanciones civiles. Por eso la sentencia enfoca su análisis en la interpretación que realizaron los jueces domésticos al aplicar, al caso concreto, la sanción civil. Y los estándares son criterios dirigidos a las jurisdicciones domésticas de los Estados Parte de la CADH. Allí es donde refuerza esos criterios al volver a citar el estándar del control de convencionalidad (párr. 93) al sostener que los jueces internos deben “tener en cuenta” no solamente la CADH sino también la interpretación que de ellos haga la Corte.

En definitiva: una sentencia razonable en cuanto a la convencionalidad del artículo 1071 bis pero poco clara en resolver el quid del caso: ¿Cuáles son las características de la “información de interés público” que justifica la intromisión en la vida privada de un funcionario público? ¿Cuál es el nivel de vinculación o relación que debe existir entre la información de interés público y la información que se divulgue relativa a la vida privada de los funcionarios públicos? Frente a estos interrogantes el fallo no supone un instrumento jurisprudencial capaz de esgrimirse como respuesta.

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