Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 24 noviembre 2011

El planteo sobre qué sucederá con el caso Castells, al respecto algo hemos dicho, en el seno de la Cámara de Diputados es por demás interesante.

Democracia ≠ Democracia.

Pueden los representantes del pueblo de la Nación impedir que un legislador electo por voto popular asuma su banca, declarando nulo su diploma de legislador electo. Y si puede hacerlo, cuáles son las condiciones para ejercer tal facultad, y en qué momento puede ser realizada.

Una vez aceptada la lista en la justicia electoral, desarrolladas las elecciones, determinados los cargos para cada lista, emitidos los diplomas del legislador electo la pregunta a plantearnos es: ¿Cuál es la base normativa de control para que el Congreso pueda ejercer su función de “juez” de la elección-derecho-titulo del legislador electo? Y luego la pregunta es ¿Qué alcance posee dicha base y en qué momento puede ejercerse?

Base normativa del control sobre el diploma y procedimiento

El propio art. 64 de la Constitución Nacional no brinda una respuesta en este sentido. Veamos la cita textual:

“Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez.”

Aquí la cuestión es determinar el contenido de la palabra “juez” y los criterios para declarar “válido” el diploma de un legislador electo. En este sentido el artículo guarda un silencio que implica otorgar margen de acción al Congreso para que reglamente este aspecto.

El Reglamento de la Cámara de diputados, determinando el alcance del art. 64 citado, expresa en su art. 3 que “las impugnaciones solo pueden consistir” i. en la inobservancia de uno de los requisitos del art. 48 de la CN. ii. o en irregularidades en el proceso electoral.

En la sesión preparatoria el cuerpo debe proceder a aceptar los diplomas de los diputados electos o suspender la incorporación (art. 3 inc. 1). Luego el asunto debe ser girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos; esta emitirá un dictamen y el mismo será tratado en la próxima reunión especial. Allí la cámara decide, en su caso, la nulidad del diploma del diputado electo por las dos terceras partes de los votos emitidos. Si el asunto no es tratado en el recinto de la cámara dentro de los tres meses de iniciado el período parlamentario, las impugnaciones quedarán “desestimadas”.

Con lo cual, la base a partir de la cual cualquiera de las cámaras del Congreso puede analizar la validez del diploma de un diputado electo, es el art. 48. Nada más. En este sentido la Corte Suprema ha dicho en el caso “Bussi 2007”:

“Cuando la Constitución, en su art. 48, regula los requisitos necesarios para ser diputado de la Nación no requiere la idoneidad ni calidades morales. La Cámara, como juez, no puede agregar nuevos requerimientos que la Constitución no contempla.”

El artículo 64 de la CN habilita a las cámaras del Congreso a examinar solamente los requisitos establecidos en el art. 48. Introducir nuevos requisitos, en la actual redacción del mencionado artículo, supondría ir más allá de las competencias que hoy el Congreso posee. Aquí no se trata de ampliar esos requisitos de valides de los títulos según la bondad de las razones invocadas, sino de respetar la facultad del Congreso de juez y sobre todo el voto popular.

La misma sentencia afirma determinando el alcance de la facultad de “juez”:

“[…]sólo puede referirse a la revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente”.

La inhabilidad moral

Aquí es donde se hace la ensalada (¿?) argumentativa. Claramente el artículo 66 de la CN pone en cabeza de las cámaras la posibilidad de remover a uno de sus miembros por inhabilidad moral sobreviniente:

“Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno […]”

Dos acotaciones:

(i) Si hablamos de miembros de las cámaras, mal puede aplicarse el requisito mencionado en la aprobación del diploma al diputado electo que no ha ingresado a la cámara de que se trate.

(ii) Y, por otro lado, se habla de inhabilidad sobrebiviniente. Es decir, posterior al momento en que la cámara aprueba el diploma o título y el legislador asume su baca.

El requisito de habilidad moral no es un requerimiento que pueda introducirse en el ámbito de aplicación del artículo 48 y 64. Es decir, al momento de aceptar o impugnar el diploma de un legislador electo por parte de las cámaras del Congreso.

En consecuencia tal supuesto del art. 66 solamente es aplicable por las cámaras una vez que el legislador electo ha ingresado efectivamente a la cámara de que se trate. Y la facultad de “juez” del diploma del legislador electo solamente opera al momento de aprobar dicho diploma –en sesión preparatoria- (art. 64) y analizando los requisitos del art. 48.

Por lo cual, como lo dijimos en twitter (¿?), el Congreso no está facultado para impugnar el diploma de Castells en base al rol de juez que le atribuye el art. 64, en relación a los requisitos del art. 44, en razón de una supuesta violación del cupo femenino.

Futuro de la banca

Hace varios días periodistas “parlamentarios” vienen escribiendo respecto del tema. Laura Serra (LN) dijo que la misma Presidenta de la Nación instruyó a sus diputados para que impidan que Castells asuma su la banca, cuya estratega a la cabeza será la diputada Conti acompañada por sectores de diversos bloques políticos.

Por todo lo que hemos escuchado hasta el momento la pretensión de impugnar y a la postre anular el título-diploma de Raúl Castells sigue incólume. El argumento será que RC de asumir la banca estaría violando el cupo femenino o más precisamente la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos. Además su accionar sería en fraude a la regulación legal del cupo femenino, cosa que –como dijimos– no compartimos.

Por otro lado el debate en torno a este tema, es bastante raquítico. Es necesario esbozar razones más desarrolladas, amplias para decir que RC no puede asumir, en lugar de simplemente afirmar que “se viola el cupo femenino”. Hay cuestiones que se suman al tema de la igualdad que es necesario debatir y poner de relieve como la legalidad de que una mayoría de diputados niegue su banca a un legislador electo por voto popular.

Read Full Post »

El texto constitucional

La reforma del 94 introdujo un capítulo –“nuevos derechos y garantías”- donde estableció un mandato vinculante para el legislador en los siguientes términos: “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

La norma constitucional en cuestión, el artículo 37 segundo párrafo, establece que el Congreso Federal debe garantizar el acceso, en igualdad de condiciones entre varones y mujeres, a cargos electivos. El mandato constitucional no está orientado al ingreso efectivo de mujeres, en igualdad, en relación con los hombres. Es decir: depositar mujeres dentro de cargos electivos, sin más. Sino que el mandato al legislador es el de crear (o garantizar) las condiciones que tengan aptitud para que existan las “oportunidades” de acceder a cargos electivos. Es necesario enfatizar esta idea, la de la creación de  oportunidades y no la del  ingreso efectivo. La primera es garantizada por el artículo 37 de la CN, en cuanto al segundo, dejo planteadas mis dudas. No obstante el artículo deja amplio margen de actuación al Congreso Federal para legislar en ese sentido y prever la vigencia de la garantía del cupo femenino en el período pos-electoral.

Y al mismo tiempo este artículo nos permite hablar del cupo femenino como una garantía para establecer la vigencia efectiva del principio de igualdad, en el acceso a cargos electivos, entre varones y mujeres.

Reglamentación infra-constitucional del artículo 37 segundo párrafo

La ley

Tomando el mandato vinculante de la CN hacia el legislador, el Congreso Nacional sancionó en el año 1991 la ley 24.012 que establece: “Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.

La letra del artículo está orientada a, nuevamente, garantizar las posibilidades del acceso a cargos reglamentando –dentro del margen amplio que le ha otorgado el constituyente- el art. 37. Cuya  traducción legislativa es la incorporación de mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos con posibilidades de ser elegidos. A continuación establece que ese requisito es necesario para la oficialización de la lista.

El decreto

En el año 93 se había reglamentado la ley antes citada, no obstante el decreto 1246/00 lo deroga y establece una nueva reglamentación. El decreto del año 2000 es producto de un proceso de solución amistosa entre el Estado Argentino y María Merciadri de Morini. Para profundizar puede consultarse el Informe de Solución Amistosa de la CIDH.

EL ámbito de aplicación, según el decreto, de la ley 24.012 es para la presentación de listas de candidatos a cargos electivos de diputados, senadores y constituyentes nacionales.

Castells y su lista

Podemos decir que la lista a cargos de diputados nacionales, donde Castells era candidato, cumplió con los requisitos necesarios para ser inscripta. Resulta que Ramona Pucheta, la segunda candidata de la lista, una vez electa, renunció a la banca que le correspondía.

El artículo 164 del Código Electoral establece que en el caso de renuncia de uno de los diputados electos los “sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido”. El diputado que figura en la lista luego de la diputada electa renunciante es el señor Raúl Castells ergo el puede-debe sustituirla.

Con lo cual la garantía del cupo femenino solamente se encuentra vigente para los actos pre-electorales en la conformación e inscripción de las listas. No obstante dicha garantía no posee vigencia normativa en el período pos-electoral, esto es, el momento dónde a la candidata electa le es aceptado su elección-derecho-titulo (según la fórmula del art. 64 de la CN) por la Cámara del Congreso de que se trate. Aquí, la única posibilidad de que posea vigencia la garantía del cupo femenino es que la Cámara de Diputados ejerza su función de “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. Profundizaremos, antes de la sesión donde se planteará el conflicto, este tema en un próximo post. Por el momento dejamos presentado el tema con un pantallazo normativo y sus baches vacíos legales.

Los proyectos

Luego de esta situación, y de declaraciones del diputado “electo”, han sido presentados dos proyectos de ley para garantizar el cupo femenino en la etapa pos-electoral, dónde hoy existe un vacío que permite situaciones como la que hemos mencionado. Dejamos los links para consultar los proyectos:

Diputada Gladys Gonzalez – expte.5110-D-2011 (PRO)

Diputado Miguel Ángel Barrios – expte. 5378-D-2011 (Peronismo Federal)

Muy probablemente -al mediano plazo, quizás el año próximo- Raúl Castells haya logrado la ampliación del cupo femenino en cuanto a su vigencia en la totalidad del proceso electoral, incluso hasta la incorporación efectiva de las ciudadanas electas como legisladoras nacionales. Es decir que, RC será al cupo femenino, lo que María Merciadri de Morini fue –en su momento- al cupo femenino. La pregunta es si, al momento en que la Cámara de Diputados vote los proyectos sobre ampliación de la garantía del cupo femenino, RC estará en la sesión para votarlo afirmativamente. Esta es una posibilidad que analizaremos en un próximo post: Cupo femenino: El Congreso como juez.

Read Full Post »

Continuamos con el segundo post de “El control de convencionalidad desde la Procuración” (el primero puede verse aquí) con un dictamen firmado por Esteban Righi el 10 de marzo de 2010, en la casus “Acosta, Jorge”. Podemos decir que el análisis del dictamen se enfoca en dos puntos:

a.  Estatus jurídico de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
b.  Y la aplicabilidad de la doctrina “Bayarri” al caso de la ley 24.390, reformada, en cuanto a la prórroga de la prisión preventiva.

Centraremos nuestro análisis sobre la primera de las cuestiones que resulta de interés. El Dictamen aborda dicho entuerto desde dos perspectivas: (i) según el derecho interamericano y (ii) según el derecho y la jurisprudencia argentina.

(i) El dictamen parte de un análisis textual del artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que afirma respecto de las “decisiones” de la Corte IDH: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.” La clave es la palabra decisión a la cual se le aplica un criterio restringido de interpretación para determinar su alcance.

“…la decisión de la Corte Interamericana en un caso contencioso es obligatoria respecto de un Estado parte en la Convención Americana que aceptó la competencia de la Corte Interamericana y fue parte en el proceso internacional concreto en el cual esa decisión fue dictada y, además, lo es exclusivamente en relación con ese proceso concreto.”

Con dicho párrafo extingue morigera la proyección de la doctrina del control de convencionalidad (CC) eliminando el efecto erga omnes de los fundamentos de las sentencias de la Corte IDH. Es decir que lo único obligatorio para un Estado parte de un litigio ante la Corte IDH es la parte dispositiva de la sentencia (para ese caso), no sus fundamentos.

(ii) El dictamen trae a la discusión el precedente “Giroldi” donde la Corte afirmó que la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales. De allí, dice el procurador, “se podría pensar que esta doctrina sostiene el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. Pero el término “servir de guía” posee un alto grado de indeterminación y, por tanto, ofrece alternativas para fijar su alcance.

Para oponerse a asignarle obligatoriedad a la jurisprudencia de la Corte IDH se afirman argumentos de diversa índole. De otorgarle dicho estatus a la jurisprudencia de la Corte IDH se estaría flexibilizando el procedimiento de reforma constitucional y se otorgaría la competencia para interpretar una porción de la Constitución en detrimento de la función que el art. 116 le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con lo cual se propone en el dictamen que el Poder Judicial del Estado Argentino “está obligado a tener en consideración la jurisprudencia de los órganos interamericanos”. No obstante esta obligación no debe ser ejercida de manera automática e irreflexiva. Y condiciona dicha aplicación a un estándar o criterio de aplicación.

El estándar se integra con los siguientes criterios.

    • Verificar la existencia de jurisprudencia sobre la cuestión debatida en el proceso interno.
    • Identificar la doctrina o ratio decidendi de la sentencia o sentencias que se intente aplicar.
    • Examen de la aplicabilidad prima facie de esas doctrina al caso concreto.
    • Examen de la compatibilidad de la doctrina aplicable prima facie con el orden jurídico constitucional.

Parece desprenderse de la argumentación del Procurador una pretensión integradora entre las exigencias actuales del sistema interamericano -en orden al despliegue del control de convencionalidad en los ordenamientos internos- y los márgenes de actuación de las jurisdicciones locales. No obstante observamos que en los términos que se formula el criterio de aplicabilidad de una doctrina judicial internacional es bastante abierto, lo cual va en detrimento de la real vigencia del CC. Pero, al mismo tiempo, afirma un deber de -en palabras del Procurador- discutir razonadamente la doctrina judicial de un órgano internacional al momento de analizar su aplicabilidad a un caso concreto.

La intención del post es, simplemente, visualizar el tema en la agenda de casos de la Corte Suprema, mostrar los argumentos y entender que el Tribunal deberá abordar el tema de la integración, en el marco del bloque de constitucionalidad, tanto de los instrumentos de protección de los derechos humanos como de los órganos de control que los interpretan y aplican, junto con las disposiciones de nuestro ordenamiento y  los jueces que las aplican. En esa integración la Corte tiene un papel que deberá delinearlo para establecer criterios de interacción entre las jurisdicciones domésticas e internacionales. Por el momento nuestro Tribunal ha decidido dialogar en los fundamentos de sus sentencias con dispositivos convencionales y sentencias de jurisdicciones internacionales sin un criterio de fondo, en cuanto al estatus jurídico de los pronunciamientos de aquellas jurisdicciones.

§

También nos interesa señalar que al dictamen del Procurador se remiten un total, hasta donde sabemos, de veinticinco causas dónde se plantean análogas cuestiones y el Procurador opina que deben ser resueltas esas causas como la de “Acosta”.

Recomendamos lectura en el blog de Todo sobre la Corte un interesantísimo post sobre el tema, desbrozándolo con mucha agudeza.

Read Full Post »