Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 11 septiembre 2011

Nada, sólo eso. Post fuera de lo previsto, venimos trabajando algunas ideas para escribir algo sobre el caso de la acción iniciada por el Defensor del Pueblo en favor de una gran cantidad de abuelos para que se les aplique el estándar Badaro; estamos retrasando un post sobre el control de convenionalidad desde la procuración. Un domingo primaveral que nos tendrán confinados, estudiando. Pero no quería dejar de decir algo que me llama, ya hace tiempo, poderosamente la atención. El debata público sin educación. Y hoy, día del maestro, el vaso termina de rebalsar y se vuelca en estas pocas líneas.

Me encuentro con esta nota de P12 donde se afirma:

…el 49 por ciento de los ciudadanos opina que debe combatirse más la inseguridad; el 42 dice que lo que hay que corregir es la inflación, lo mismo que plantea que se debe mejorar la desocupación.

                                                  (añadimos el resaltado)

Nuestra agenda de debate público hace tiempo que no incorpora el tema educación. Vasto mar que requiere análisis profundos y planteos que se elevan por encima de la coyuntura mirando a medio siglo, pero esto, claramente, hoy es imposible. Por dos cosas. Porque nuestros representantes y nuestros dirigentes políticos -sí, son nuestros- no se les cae una idea (“no vaya  a ser -dicen- que se pongan a pensar y el escrutinio sobre la administración de la cosa publica se haga más riguroso”). Y por otro lado, nosotros como ciudadanos, creo, no terminamos de entender la importancia de la educación en la vida de la gente. Las posibilidades laborales, de concreción de proyectos personales, y la enorme posibilidad de movilidad social que nos brinda una educación universitaria sólida.

El debate sobre el acceso a la educación de los sectores más carenciados de nuestra sociedad debe ser necesariamente un tema a ser profundamente debatido y solucionados con proyectos pensados a medio siglo. He ahí una de las claves, la educación tracciona la movilidad social y las posibilidades de quebrar con la pobreza estructural y generacional. La educación genera igualdad. Quiero leyes igualitarias en este tema también (!)

No es casualidad, ni por ingenuidad, que una de las profesiones más bastardeadas y abandonadas sea la de los docentes. La pauperización formativa de los docentes se evidencia en las condiciones educativas en que llegan los chicos a la facultad (lo veo en las aulas como ayudante alumno y me sucedió a mi cuando llegué a la universidad), claro está, los que llegan.

Si no garantizamos el acceso a la educación tendremos grandes problemas ahora y aun más profundos en algunas décadas. Entonces la pregunta es:

¿Cómo hacemos que los chicos de la foto lleguen a formarse en universidades y que ellos mismo puedan tener hijos que nazcan en una familia de clase media con posibilidades reales de asistir a universidades?

¡Cómo! ese es el debate que hay que dar.

Read Full Post »

El último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue emitido el 5 de julio de 2011: “Mejía Idrovo vs Ecuador”. Es un caso que al comienzo de su lectura no parece tan interesante pero luego despierta la atención del lector con algunos párrafos que están orientados a afianzar estándares en relación a las sentencias judiciales en los Estados miembros de la Convención. Veamos de qué se trata el caso.

El señor Mejía Idrovo (MI) es miembro del Ejército del Estado de Ecuador. En su carrera había llegado al grado de Coronel del Ejército. En el año 2000 solicitó al Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre que lo calificara para ascender al grado de General. En diciembre de ese mismo año el Consejo mencionado le remite una nota donde se le notifica a la víctima su cesantía y no aceptación de su pedido de ascenso. MI solicita que dicha decisión sea revisada, pero el Consejo le comunica que dicha decisión fue ratificada (párrafo 45 de la sentencia para sentencia).

Luego el Poder Ejecutivo del Estado demandado emite dos decretos prácticamente con el mismo objeto, remover a MI de su cargo (párrafo 46). Ante esa situación la víctima impugna judicialmente los dos decretos con el siguiente objeto: que sean dejados sin efecto; la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo declaró inadmisible el amparo interpuesto y dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional (párrafo 47). Todo ello transcurrió entre junio y julio de 2001. En octubre del mismo año MI interpuso un recurso de inconstitucionalidad, ante la Sala Plena del Tribunal Constitucional, impugnando los dos decretos que lo removían de su cargo y solicitando que se lo reincorpore en su cargo. Dicho Tribunal dispuso, el 12 de marzo de 2002, la inconstitucionalidad de los decretos y “la reparación de los daños causados” a MI (ver párrafo 49).

De aquí en adelante el accionar de MI consiste en intentar dar cumplimiento a la parte dispositiva de la sentencia (del 12 de marzo de 2002) que tenía bajo el brazo. En el medio el Tribunal Constitucional dice que la sentencia es ejecutable desde que fue publicada en el Registro Oficial (4 de abril de 2002). En esta larga carrera por hacer cumplir la sentencia MI, ante un nuevo horizonte normativo y nuevas herramientas procesales a su disposición (reforma constitucional mediante), en abril de 2009 interpone ante la Corte Constitucional -anteriormente Tribunal Constitucional- acción por incumplimiento de la sentencia del 12 de marzo de 2002 contra el Comandante en Jefe del Ejército. El insistente MI logra que la Corte Constitucional perfile de manera más clara qué es lo que tiene que cumplir las autoridades del Ejército:

  • Reincorporación a la situación profesional que poseía antes de la expedición de los decretos.
  • Pago de los montos que dejó de percibir desde la declaración de inconstitucionalidad hasta la fecha de su reincorporación.

El Poder Ejecutivo, en octubre de 2010, emite un decreto por el cual dispone que MI sea reincorporado como Coronel del Ejército. No obstante el siempre insistente MI solicita a la Corte Constitucional que aclare el alcance de la sentencia en lo relativo al ascenso que pretendía; la Corte no le da la razón y rechaza la posibilidad, según la cual, la reparación incluye el ascenso (párr. 59).

En el caso concurren las peticiones de responsabilidad internacional del Estado demandado desde dos fuentes argumentales: la Comisión y los representantes de las víctimas. En ese punto existe una dispersión en la estrategia en orden al señalamiento de los hechos que constituyen violaciones de la Convención por parte del Estado. La Corte, en ese contexto, únicamente declara que el Estado violó el art. 25.1 y 25.2.c) de la Convención. Sobre la argumentación de la Corte sobre este dispositivo convencional centraremos nuestro análisis.

Podemos decir que la argumentación de la Corte IDH está orientada a delimitar las formas en las que debe ser redactada y aplicada la parte dispositiva de una sentencia. Y toda su argumentación la despliega en el ámbito del art. 25 de la CADH, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante un juez competente. A ese derecho la Corte, históricamente, le ha adscrito dos características que deben poseer los recursos, deben ser adecuados y efectivos.

La Corte luego de afirmar que los recursos intentados por la presunta víctima han sido los adecuados para a analizar la efectividad del recurso. En orden al carácter efectivo de los recurso se afirma que el artículo 25.1 no exige solamente un reconocimiento formal de vías procesales sino que además exige que el resultado de un proceso judicial de respuestas y resultados a las violaciones de derechos fundamentales. Es decir que la sentencia judicial debe poseer virtualidad en la realidad, restableciendo el goce y ejercicio del derecho violado. En palabras de la Corte “…el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento”. Este estándar lo construye a partir de un conjunto de precedentes pero donde avanza sobre esta construcción es en el párrafo 96 encorsetando aún más la discrecionalidad judicial al momento de redactar el “dispone” de las sentencias:

“para mantener el efecto útil de las decisiones, los tribunales internos al dictar sus fallos en favor de los derechos de las personas y ordenar reparaciones, deben establecer de manera clara y precisa  ―de acuerdo con sus ámbitos de competencia― el alcance de las reparaciones y las  formas de ejecución de las mismas.

Ese es el estándar o regla que la Corte adscribe al art. 25 y con el cual resuelve el caso afirmando (párr. 97 y 98) que la sentencia del 12 de marzo careció de las características mencionadas en las citas realizadas; recordemos que dicha sentencia había dispuesto “la inconstitucionalidad de los decretos y ‘la reparación de los daños causados’ a MI”.

Es una sentencia interesante de la Corte IDH por cuanto establece criterios y directrices para la elaboración de la parte dispositiva de las sentencias de los tribunales internos de los Estados parte de la Convención. El estándar mencionado viene a poner restricciones a la discrecionalidad (¿necesaria?) que posee toda jurisdicción para modelar la forma de sus decisiones. Vía interpretación la envergadura del art. 25.1 continúa creciendo.

Queda para la reflexión posterior de qué manera se compatibiliza el presente estándar con el margen de actuación que todo tribunal constitucional necesita para maniobrar en sus sentencias frente a los poderes políticos, sobre todo en las sentencias llamadas apelativas o exhortativas. O, en el mismo sentido, la compatibilización con los procesos o litigios estructurales. Otra cuestión dentro de la cual hay que continuar reflexionando es en qué medida el estándar elaborado por la Corte IDH puede llevar a que un tribunal ingrese en zonas de competencia de los poderes políticos del Estado por la precisión que se le exige a sus decisiones.

Read Full Post »