Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 junio 2011

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo en el cual ha decidido otorgar la pensión por fallecimiento en un supuesto no previsto en el art. 53 de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Se trata del caso de dos personas del mismo sexo, el señor P es la pareja sobreviviente y el fallecido es el señor C, de ese modo se los menciona en el texto de la sentencia

Veamos la resolución de la Corte en el caso “P., A c/ ANSES s/pensiones”.

El señor P y el señor C vivían en pareja desde el año 1955. Según la demandante (el señor P) mantenía una vida de pareja amorosa “con convivencia pública, permanencia, fidelidad, y asistencia mutua” teniendo en común los ingresos y gastos de la pareja. Ambos se habían instituido como herederos únicos y universales. Todo esto según el relato que hace el señor P de la convivencia que mantenía con el señor C. El señor C fallece en junio de 1996. Notesé los casi 41 años de pareja.

A partir de este cuadro de situación comienza el trajín judicial. El señor P, a la sazón la parte actora, inicia una demanda contra la ANSES con el objetivo de que se le reconociera el “derecho de pensión derivado de la muerte del señor C” que traducido normativamente, según surge del fallo de la CS, debe leerse “pensión por fallecimiento” del art. 53 ya mencionado. Para tal fin solicitaba que se removiera el obstáculo que presentaba tal norma, declarando su inconstitucionalidad.

En primera instancia le rechazan la demanda y al recurrir tal decisión ante la segunda instancia resulta confirmada. Con qué fundamentos, nos preguntamos. Es escueta la reseña que realiza la CS de los fundamentos pero pueden leerse los siguientes: el artículo 53 cuando habla de “convivencia pública en aparente matrimonio” no se refiere al supuesto de personas del mismo sexo. A esta altura podemos observar que la palabra que entra en conflicto es “matrimonio” y su relación con una determinada visión de este instituto. Parece evidente, por lo menos eso es lo que puede advertirse de la reseña de la CS, que la Cámara al leer matrimonio en el artículo 53 remite a la diversidad de sexo. Elemento que la Corte en su argumentación no lo toma con mayor relevancia, de hecho en ningún momento se toca  tal temática, siquiera tangencialmente.

Ante tal situación la actora interpone recurso extraordinario que es concedido con el alcance que se fija en el considerando 3, segundo párrafo:

“…en el sub discussio se configura un caso previsto en el art. 14.3 de la ley 48, en la medida en que, a juicio de esta Corte, su solución depende, de manera directa e inmediata, de la interpretación de normas de índole federal, como seguidamente será visto. Con tales alcances, y por hallarse reunidos los restantes recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario, corresponde habilitar esta instancia.”

Aquí está la llave que utiliza la CS, la cuestión federal simple, esto es, resolver el caso sin expulsar del sistema la norma impugnada para el caso que se discute. Sino que se reserva un margen hermenéutico para determinar el alcance de la norma sin declarar su inconstitucionalidad como lo solicitaba la actora.

Una cuestión que sucedió con el caso ya en la Corte la aplicación de la resolución 671/2008 del ANSES a partir de la cual se le asignaba el beneficio previsional para el señor P. ¿Cuestión abstracta? No señor, la CS sortea este obstáculo afirmando, junto con la actora, que el petitorio solicitaba dicho reconocimiento del beneficio pero desde el fallecimiento de la pareja de la recurrente, y no, como fue concedido el beneficio a partir del año 2007. Con lo cual la cuestión federal subsitía al momento de que la CS emita sentencia.

Con el terreno allanado y con argumentos ya listos la Corte aborda el fondo del caso.

En el considerando 4, el Tribunal, plantea la premisa a partir de la cual delineará el estándar o criterio del cual se servirá para decidir el caso. Luego de citas de fallos propios y copy-pasteo de dispositivos convencionales (formato obiter dictum, sin mayor relevancia, pero que quedan bien) afirma, en cuanto al artículo 14 bis, que los beneficios de la seguridad social poseen carácter “integral”. Y que el objetivo protectorio de las normas infra constitucionales de la seguridad social implica realizar una interpretación amplia (cons. 4 segundo párrafo). A partir de lo cual se permite sostener que:

“Toda preferencia hermenéutica debe volcarse hacia el resultado que favorece los objetivos normativos y no hacia el que los dificulta.”

Y el margen hermenéutico del que hablábamos se ve en su mayor esplendor en el considerando 5 que copiamos y comentamos:

…el régimen legal de pensiones no puede, válidamente, dejar de comprender situaciones como la presente, vale decir, la de la persona sobreviviente que mantenía con la beneficiaria fallecida una relación que, por sus características, revelaba lazos concretos y continuos de dependencia económica…

Y que:

…la naturaleza “sustitutiva” de determinadas prestaciones de la seguridad social como la aquí en disputa (aclaramos, pensión por fallecimiento) … debe exhibir la amplitud necesaria para abarcar los nexos de solidaridad y asistencia que, de modo concreto y continuo, establecen las personas humanas entre sí para satisfacer regularmente las necesidades materiales de la vida, y cuya extinción, por causa de la muerte de la beneficiaria, produce a la supérstite una afectación económica desfavorable para seguir afrontando dichas necesidades, derivadas de la pérdida de los ingresos provenientes del causante.

En el primer fragmento que copiamos, en términos de diseño de estándares, la CS impone un criterio que debe ser probado esto es, la existencia de lazos concretos y continuos de dependencia económica. Lo cual es consistente con los fragmentos de los argumentos de la actora que cita la Corte en el considerando 1. Es claro que en el caso existían dichos lazos: 41 años de convivencia como pareja, asistencia mutua, etc.  Y en el segundo de los párrafos que citamos es posible entrever dos elementos. Uno probatorio, la afectación económica desfavorable que sufre la persona que continúa su vida por el fallecimiento de quién fue su pareja, elemento que no se desprende de la redacción que hace de los hechos la Corte; lo cual es una insuficiencia argumentativa que plantea vaguedades para la resolución de futuros casos. El segundo argumento es una suerte de ensayo de interpretación dinámica  adecuando la norma a las circunstancias actuales, cuando afirma que las personas humanas establecen nexos de modo concreto y continuo con fines solidarios o de asistencia. Quizás la Corte se cuida mucho en los términos que utiliza, y obvia argumentos en clave igualitaria que por el microclima social que generó la ley de matrimonio para personas del mismo sexo se hubiera esperado.

Y así, la CS, concluye que debe reconocerse el beneficio previsional no desde el año que la ANSES lo había otorgado sino desde el fallecimiento de la pareja de la actora (cons. 6), en virtud del alcance otorgado al art. 53.

§

Como se puede observar en los fundamentos de la sentencia no aparecen menciones directas y de peso que hagan pensar que la condición de la pareja formada por personas del mismo sexo fue lo determinante para fundar el fallo. Pero sí se observa que la resolución está traccionada a partir de los objetivos y fines de la seguridad social y de las reglas amplias de interpretación que deben guiar la aplicación de tal normativa como se evidencia en el considerando 5 de la sentencia, de donde se desprende el holding del caso.

El caso que resuelve la Corte encuadra en el inc. c y d del artículo 53. Parece ser mostrado por la CIJ como una sentencia que reconoce derechos. Y sí, estamos de acuerdo. Pero los requisitos que parecen surgir del considerando 5, sobre todo el de “afectación económica desfavorable”, que no es requerido para personas del mismo sexo (ver párrafo cuarto del artículo 53), plantea una desigualdad entre convivientes del mismo sexo y convivientes de diferente sexo. Por cuanto el requisito de afectación económica es adscripto, por el Tribunal, al art. 53 solamente para convivientes del mismo sexo.

Por lo demás los litigantes del fuero previsional deberán “afinar bien el lápiz” a la hora de motivar la aplicación del estándar fijado por la Corte en el cons. 5 probando hechos que satisfagan lo que, en el fallo, es denominado “lazos concretos y continuos de dependencia económica” y “afectación económica desfavorable“.

Nota de la CIJ con texto del fallo y breve reseña de la sentencia.

30/6/2011 Ver post de Todo sobre la Corte sobre el fallo, acá.

Read Full Post »

La actividad jurisdiccional de la Corte Suprema supone un entramado complejo de actos cuando interpela a los otros poderes del Estado Federal con el fin de que sus sentencias sean cumplidas. Hasta allí el asunto se torno, por lo menos, intrincado. Sin embargo la CS le ha sabido dar una vuelta de turca más a la difícil situación de tener que ponerse el overall para que sus fallos sean acatados. No solamente ha interpelado al Congreso como actor central del cumplimiento de sus sentencias, sino que también, a este para que instrumente medios necesarios para que sus fallos sean acatados por estados provinciales. Y, aquí, es donde la cuerda se sigue tensando aún más.

En tanto que la intervención del Congreso Nacional supone la deliberación política, el debate y la puja de diferentes bloques políticos por imponer sus visiones que redunden en rédito político. Sumado a esto, el trámite propio de los asuntos que son tratados por ambas cámaras del Congreso implica que aquello que ingresó, digamos, con un color amarillo puede salir con alguna tonalidad amarilla pero con manchas negras, grises, rojas, etc. Esto da cuenta de las modificaciones propias que sufren los asuntos tratados por un órgano deliberativo y como esa naturaleza propia del Congreso puede ir en desmedro de la integridad del asunto, por ejemplo un proyecto de ley, que es ingresado al mismo.

La CS ha dictado una serie de fallos con el fin de reponer al ex procurador Sosa en sus funciones en la Provincia de Santa Cruz. Resulta que Sosa había sido removido de su cargo luego de que el mismo sea desdoblado en dos partes por una ley provincial (2404). Según la crónica de aquellos días, en clave política, se dice en P12 que:

“Sosa atribuyó su desplazamiento […] a que “no resultaba funcional” al poder político y “eso podía molestar”. Desde la Procuración había impulsado, entre otras, investigaciones sobre créditos incobrables del Banco de Santa Cruz y sobre irregularidades en el cobro de regalías petroleras.”

Sosa 2009

En el año 1998 la Corte mandó a que el Superior Tribunal de Santa Cruz (ST) reponga a Sosa en su cargo (cons. 2). Y en el 2000 “tras considerar que la demora en que se estaba incurriendo afectaba las garantías constitucionales del peticionario […] dispuso que debía dictarse pronunciamiento en la causa sin dilación alguna.”. A lo que el ST le respondió que limitaría su decisión a la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada (la ley provincial que desdobla el cargo de Procurador) sin reponer en el cargo a Sosa (cons. 3). La Corte en 2001 vuelve a insistir (y la cuerda se sigue tirando) en la reposición (cons. 4) y el ST vuelve a desatender la orden de reposición y fija una suma indemnizatoria a favor de Sosa (cons. 6).

Hasta aquí la Corte hace foco en el ST para hacer efectivos sus pronunciamientos pero en el cons. 19 pone en cabeza del Gobernador de la provincia la reposición de Sosa dándole un plazo de 30 días bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública.

Sosa 2010

En esta ocasión la CS determina que el Gobernador Peralta no cumplió con el fallo Sosa 2009. Recordemos que la respuesta de Peralta ante el fallo de 2009 fue la emisión de un decreto solicitando a la legislatura provincial que preste acuerdo para desdoblar el cargo de Agente Fiscal en razón de la competencias y de este modo reincorporar a Sosa en uno de esos dos cargos. Cosa que no sucedió.

Ante esta situación la CS decide que: “corresponde poner en conocimiento del Congreso de la Nación el presente pronunciamiento a los fines de que adopte las medidas que considere pertinentes respecto de la situación informada.”

Hasta allí la saga Sosa versión ’09 y ’10. Pero la intrincada situación llegó a orillas del Congreso donde el trámite siguió las sugerencias indicadas por la CS (ver las citas de artículos que hace en el cons. 8 de Sosa ‘10), nos referimos a la intervención federal. A partir de esta situación (papa caliente que le pasa la Corte al Congreso) los diferentes diputados opositores al gobierno (recordamos que el Gobernador Peralta pertenece al mismo color político que el gobierno nacional) presentaron iniciativas tendientes a dar cumplimiento al conjuntos de fallos en el caso Sosa.

Para este cometido se presentaron proyectos de intervención federal:

El proyecto del Dip. Milman (GEN), probablemente uno de los más desproporcionados. Propone la “caducidad” del mandato del ejecutivo provincial, el llamado a elecciones.

El proyecto del Dip. Aguad (UCR) es, quizás, el más preciso en tanto que limita la intervención al efecto de remover al actual Agente Fiscal facultando al Procurador General de la Nación para ejecutar la remoción.

La Dip. Alonso (PRO) también mantiene el equilibrio conceptual y establece la intervención federal por cinco días con el fin de dar cumplimiento al fallo de la Corte.

Desde el bloque del peronismo federal presentaron un proyecto, de autoría del Dip. Ferrari, que incurre en excesivo desbordes. Declara la intervención federal de la Provincia “en sus poderes constituidos”. Y dispone “la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo y declarase en comisión a los miembros del Poder Judicial” (what? -!-).

Al fragor de aquellos días post Sosa versión ’10 picó en punta la tesis intervencionista, a ello responden las cuatro iniciativas que mencionamos. De hecho la exposición de diversos constitucionalistas en reunión de la Comisión de Asuntos constitucionales, sugería esa vía como la más idónea.

Luego de tres reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales (29/09/2010; 13/10/2010; 27/04/2011) sin lograr acuerdos, sin la asistencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, emitió pre-dictamen sobre el asunto el cual queda, aún, pendiente de tratamiento por esta última.

Sucede, en relación al cumplimiento del fallo de la CS lo siguiente. Las iniciativas, todas, proponían la tesis intervencionistas (con mayor y menor acierto según reseñamos brevemente), pero en el trámite del asunto en la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición se dieron cuenta que tal iniciativa no prosperaría. Y además en la discusión previa se omitió invitar a las reuniones a los funcionarios involucrados en el entuerto lo cual le quitó la posibilidad de acordar y consensuar una salida adecuada en orden a dar cumplimiento al tándem Sosa ’09, ’10.

El contenido de ese pre dictamen, pendiente de tratamiento por la comisión de Presupuesto y Hacienda, no es más  que un proyecto de ley que solicita al Poder Ejecutivo provincial que instrumente las medidas necesarias para dar cumplimiento a los pronunciamientos mencionados. Lo cual hace que el fallo de la CS quede en la práctica sin cumplimiento por lo que es muy difícil que la Comisión de Presupuesto le de tratamiento y el modo que se articularon las iniciativas, derivando en un solución que solicita que se “verifique el cumplimiento” pierde fuerza licuando las posibilidades de realización de los pronunciamientos de la CS. A lo cual se suma que a al terminar el año dicho “pre dictamen” perderá estado parlamentario.

Tanto se tiró de la cuerda, del mismo modo la CS y el ST de provincia, que terminó cortándose, quedando el caso sin resolución hasta el momento. Probablemente no haya sido las mejores de las opciones el temperamento que adoptó la CS en Sosa ’09 y ’10 y el ensayo de una instancia de diálogo entre las partes del caso podría haber redundado en una mejor salida al caso. Lo cual dispara inmediatamente reflexiones sobre un rol político de carácter componedor. Otra opción hubiese sido comunicar el caso al Congreso para que tome intervención a fin de dar cumplimiento a la sentencia pero con criterio que modelen esa intervención, siempre poniendo el marco del dialogo y la comparecencia de las partes afectadas. Cosa que no ocurrió ante la CS ni ante el Congreso.

Un viejo proverbio judío dice: “la blanda respuesta quita la ira pero la palabra áspera hace subir el furor” las respuestas de la Corte han sido demasiado tensas. Se tiró de la cuerda, llegó deshilachada al Congreso, y allí se terminó de romper.

——-

Post comentando los fallos en Saber Derecho acá y acá.

En Todo sobre la Corte puede verse aquí post sobre el fallo de 2010.

Fallos: Sosa 2009 y Sosa 2010.

Y material disponible de la discusión en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación.

Read Full Post »

Algo sobre el Control de Convencionalidad (CC) ya hemos dicho (acá). En esta oportunidad centramos el análisis en dos aspectos de importancia dentro del CC que desdoblamos en dos post diferentes. Nos referimos al valor jurídico de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al alcance que se le asigna a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH. Para asomarnos al tema utilizaremos el balcón que se nos provee desde la Procuración General de la Nación en dos dictámenes (emitidos siempre de manera previa a sentencias de la CSJN como opiniones no vinculantes) de casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de la CSJN.

Sin dudas el valor jurídico que poseen, en el derecho interno de cada uno de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace a en buena medida al CC. Puesto que estas recomendaciones –contenidas en informes- pueden suscitar controversias en cuanto a su aplicación en orden a la plena vigencia de los Derechos Humanos. Y, en particular, pueden ser citados como vasos contenedores de interpretaciones del alcance de dispositivos convencionales.

Veamos.

Dictamen en el caso: “Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut”

Hechos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenó al Estado Nacional a pagar a la actora una indemnización por la denegación de justicia y no por la cesantía de su cargo de Juez en virtud de la (a su entender) obligatoriedad de los Informes de la CIDH. Sucede que el demandante reclamaba el cumplimiento de una recomendación de la CIDH en el informe de fondo nº 30/97 Gustavo Carranza: “a. Recomienda que el Estado argentino indemnice adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones mencionadas en el párrafo anterior”. De esa recomendación la actora entiende que procede la restitución en su cargo.

Ante tal pronunciamiento, la actora y el Estado Nacional interpusieron recurso extraordinario federal, que ante su desestimación por parte de la Cámara, van en queja ante la CSJN.

El recurso del actor se funda en atacar la sentencia de Cámara por “quedarse corta”. Es decir que para Carranza Latrubesse, además de la indemnización, debe removerse el acto que dispuso su cesantía en virtud de la recomendación emitida por la CIDH en el informe ya mencionado.

El recurso de la demandada sostienen que:

  • No debió interponerse la demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores sino contra el Poder Ejecutivo. No hace lugar al pedido de falta de legitimación pasiva.
  • Falta de agotamiento de la vía administrativa. Tampoco se hace lugar a este agravio.
  • No obligatoriedad de los Informes de la Comisión. Este es el punto que nos interesa y pasamos a desarrollar.

Valor jurídico de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el comienzo de su análisis el Procurador deja en claro que los dispositivos convencionales en juego no dan una solución determinante en orden a resolver la cuestión del valor jurídico de las recomendaciones. Pues la convivencia dentro del artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de los términos “recomendación” y “debe” propone un panorama en el cual es necesario optar por una de las soluciones que brinda la redacción del artículo: obligatoriedad o no obligatoriedad.

Para construir su argumentación y opinión el Procurador General (PG) analiza el art. 52, desde una postura sistemática, jurisprudencial –tanto del sistema interamericano como de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina-. Y a eso le agrega doctrina sobre el tema. Y concluye que todos esos enfoques dan como resultado la no obligatoriedad de las recomendaciones de la CIDH. Veamos.

Interpretación de la CADH.

El PG afirma que desde una interpretación sistemática de la CADH y del Sistema Interamericano de protección las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes en tanto que el art. 51 inc. 1 al facultar a la CIDH a someter un caso a la Corte IDH (¿cuyas sentencias son obligatorias? Veremos en otro post) perdería todo sentido en tanto que en tal caso la CIDH podría imponer por ella misma reparaciones a un Estado parte. Vaciando de contenido, según el PG, las previsiones del mencionado artículo. A lo cual, entiende, se le suma que la Corte IDH en ese contexto se convertiría en una etapa recursiva.

Jurisprudencia de la Corte IDH

Cita los casos “Caballero Delgado y Santana vs Colombia”, “Genie Lacayo”. Donde la Corte IDH no equipara sus pronunciamientos con las recomendaciones de la CIDH en cuanto a su obligatoriedad pero morigera esta afirmación con el principio de buena fe en materia de cumplimiento de instrumentos internacional, esto es, realizar “los mejores esfuerzos” para aplicar las recomendaciones de la CIDH.

El gran inconveniente en términos de vigencia efectiva de los derechos humanos es las consecuencias en el derecho interno que, entiende el PG, se desprenden de tal razonamiento. En sus palabras:

“Esto significa que si un Estado incumple una recomendación de la Comisión Interamericana, la parte que se habría beneficiado con el cumplimiento de  la recomendación no puede ejecutarla judicialmente en los tribunales internos demandando al Estado incumplidor, pues no existe obligación estatal de cumplir dicha recomendación. Las únicas consecuencias de un incumplimiento por parte del Estado permanecen en el plano internacional.”

Ante ello dice el Procurador la CIDH puede:

  • Someter el caso a la Corte IDH
  • Publicar el Informe Final del art. 51.
  • Comunicar a la OEA tales incumplimientos.

No obstante ello el PG no hace mención de lo que sucede con el damnificado, que obtiene un pronunciamiento de la CIDH declarando que un Estado parte violó sus derechos y no puede hacerlos efectivo en el derecho doméstico del Estado de que se trate. Y, creo, aquí está el mayor problema, la ausencia de vigencia efectiva de los derechos humanos en estos casos.

Jurisprudencia de la CSJN

Al respecto, en relación con la propia jurisprudencia de la Corte, la que por el momento sigue siendo Suprema, no obstante control de convencionalidad, es necesario tener en cuenta algunos precedentes conocidos por todos. Por un lado el caso “Bramajo” que determino que:

La opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales.”

Aquí la CSJN, cabe decirlo, está determinando –además- el alcance de la cláusula constitucional que acoge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico que dice, entre otras cosas, que un conjunto de instrumentos de protección de los DDHH tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esta última frase es la que está interpretando la CSJN.

Y en el caso Acosta la CSJN en mayoría de 8 (con concurrencia de dos votos) a 1 afirmó interpretando su precedente (Bramajo, ya mencionado) que:

“si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial.”

El control de convencionalidad en cuanto al estatus jurídico de las recomendaciones de la CIDH actualmente, por lo menos en mi opinión, encuentra dificultades en la interpretación judicial que ha hecho la CSJN, interprete último de nuestra Constitución. En tanto que no se le asigna un carácter vinculante para el Estado Argentino a los informes de la CIDH. Podemos decir que prima la doctrina de los “mayores esfuerzos” y no la de una imposición obligatoria en cuanto a su cumplimiento. Queda entonces pendiente un pronunciamiento de la CS en su actual composición y en cuanto salga una sentencia de la CSJN sobre esta causa haremos el seguimiento y post correspondiente.

En cuanto al trámite del caso es posible observar en la página de la Corte que el mismo se encuentra en la vocalía de Argibay desde el 28 de abril de 2011, listo para emitir sentencia.

Read Full Post »

Continuando con la actividad cautelar del Poder Judicial o precisando, de algunos jueces. Comentamos un reciente, y recién salido del horno, pronunciamiento de la Corte Suprema (CS) en relación con la vigencia y constitucionalidad de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, Ley 26.639 y una medida cautelar que suspende ciertos artículos de la ley que recién mencionábamos.

La Corte resuelve en el mismo día (7 de Junio de 2011) su competencia en tres casos en el mismo sentido: “Mineras Argentina Gold S.A c/ Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, “Asociación Obrera Minera (AOMA) y otras c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” remitiendo a los fundamentos de “Barrick Exploraciones Argentinas S.A y otros c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. Este último pasamos a comentar.

Dos empresas que accionan contra el Estado Nacional solicitan la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, un Estado Provincial que se suma al litigio como parte actora por ostentar un interés legitimo, una ONG que no es aceptada como tercero en el pleito, y un Estado Nacional que veremos  qué es lo que dice luego de transcurridos los 60 días del traslado.

Veamos de qué va todo esto.

Dos empresas, Barrick Exploraciones S.A y Exploraciones Argentinas S.A poseen la concesión del proyecto binacional “Pascua Lama” de extracción de oro y plata. Desde esa posición interponen una acción meramente declarativa (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la ley 26.639. Apoyan su petitorio en las siguientes razones:

    • La ley viola el art. 81 de la CN en tanto que este no le permitía a la Cámara de Senadores, en su carácter de cámara de origen, introducir modificaciones al proyecto modificado por la Cámara de Diputados (cámara revisora en el trámite parlamentario). Recordemos que el art. 17 del proyecto del Ley había sido extraído del texto que aprobó Senado. Es decir que Senado solamente podía aceptar o rechazar los cambios introducidos por Diputados pero nunca introducir modificaciones y aprobarlo.
    • Por otro lado, y subsidiariamente, plantean que la Ley de Glaciares viola sus derechos a exploración y explotación. A realizar nuevas actividades en la zona. Se encuentran sometidas a nuevas auditorías violando derechos adquiridos. Y cuestionan la imprecisión con la cual la ley designa el área de protección: “ambiente periglacial”. Fundan su pretensión en el derecho de ejercer industria lícita y de propiedad (art. 14 y 17 de la CN). Y en la violación de las competencias atribuidas en el art. 41 y 124 de la CN. Junto con otra normativa citada en el texto del fallo, allí remitimos.

Luego las empresas solicitan que se haga lugar a una medida cautelar de no innovar con el fin de que se suspenda la ley de Glaciares y que se ordene a las autoridades nacionales que se abstengan de emitir todo acto tendiente a la ejecución de la mencionada ley. El Juez interviniente hace lugar, solamente, dictando la suspensión de los artículos que son objeto de impugnación constitucional por parte de las actoras.

Por su parte se presenta la Provincia de San Juan  como parte actora (litisconsorte activo) por coincidir en que la ley viola, entre otra normativa, los art. 41 y 124 de la CN. Solicita se dicte medida cautelar solicitando la suspensión de toda la ley y, subsidiariamente, de los mismos artículos que las empresas solicitaron.

En consecuencia el juez interviniente declaró su incompetencia y remitió el caso a la Corte Suprema. Posteriormente se presenta el Estado Nacional solicitando que se revoque la medida cautelar, suponemos que con el caso ya en la Corte por el número de fojas donde es formulado el planteo. Y aquí entra en escena la primera decisión de la CS, declarar abierta su competencia originaria en razón de la persona interviniente, la Provincia de San Juan (considerando 2).

No coincidimos con el encuadre que hace la Corte sobre el tema de la desestimación de la presentación de una ONG como tercero diciendo que la controversia planteada (aquí es donde nos comienza a hacer ruido) no se vincula con la prevención de un eventual perjuicio que pudiera causarse al ambiente o con la reparación de un daño producido a aquel bien colectivo. Dice que, por el contrario, el tema se relaciona con los derechos que pretenden violados las dos empresas demandantes y el deslinde de competencias provinciales y federales  en relación con los recursos naturales de la Provincia de San Juan. Está bien, pero la Corte no se hace cargo de la proyección que su decisión puede tener sobre el bien colectivo, medio ambiente. Esto me parece que puede acarrear algún inconveniente si el tema se aborda solamente desde las competencias provinciales y federales que establece los arts. 41 y 124.

Finalmente la CS decide:

    • Declara abierta su competencia originaria.
    • Corre traslado al Estado Nacional por el plazo de 60 días para que se expida sobre la demanda interpuesta y el pedido de la Provincia de San Juan de ser tenida como parte actora.
    • Deniega la Intervención en el juicio de la ONG que la solicito.
    • Corre traslado por el plazo de tres días (art. 240 CPCCN) con el fin de que las empresas se pronuncien en relación con la impugnación (recurso de reposición art. 238 CPCCN) que presentó el Estado Nacional a la medida cautelar por ellas solicitada.

Que es lo que sigue.

La próxima jugada está en manos de las actoras (empresas y la asociación de trabajadores mineros) que deben contestar al pedido de revocatoria de la cautelar por ellas interpuestas. Y es probable, por lo menos eso pensamos con los pronunciamientos de la CS aún recién salidos del horno, que el próximo paso de la Corte es resolver la cautelar interpuesta para suspender la Ley de Glaciares. Y luego, sí, siempre especulando con todo muy reciente, la Corte decidiría sobre el fondo de la cuestión.

El fondo lo podemos dividir en dos aspectos:

    • Los agravios presentados por las empresas, derecho de propiedad y ejercer industria lícita (art. 14 y 17)
    • Y las cuestiones de competencias provinciales y nacionales relacionadas con los artículos 41 y 124 de la CN.

Y habría que sumarle el brete de la violación del procedimiento de sanción y formación de las leyes (art. 81 CN) en el que incurrió la Cámara de Senadores.

Todas cuestiones que en el trámite parlamentario del proyecto de ley eran previsibles, tanto en las discusiones en las comisiones como en el recinto de ambas Cámaras del Congreso.

Aquí dejamos el link de la nota de CIJ donde se pueden ver los pronunciamientos sobre los que comentamos.

23/6/2011

Nos enteramos en el blog de Gargarella que Svampa saca un artículo en Clarín sobre las causas que tiene la Corte: daño ambiental e inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares.

Read Full Post »